Nueves meses de prisión en Sudán del Sur por cometer adulterio

Tras su independencia el 9 de julio de 2011, la población femenina de Sudán del Sur aspiraba a que se relajaran las criminales leyes a las que habían sido sometidas desde su vecino norteño.

Éste es el caso de la reconocida activista pro derechos humanos sudanesa (del norte), Lubna Ahmed al Husein . Desde hacía años, su columna semanal -«Men Talk»- del periódico «Alsahafa» se había convertido en una de las pocas armas arrojadizas que permiten a la oposición sudanesa denunciar los abusos de una de las dictaduras más feroces del mundo.

Unas vejaciones que, el 3 de julio de 2009, le tocó sufrir en carne propia. Ese día, y bajo el delito de vestir pantalones en un lugar público -una vestimenta que la ley islámica considera indecente-, fue condenada junto a otras 12 compañeras a una pena de 40 latigazos .

Tras dos meses de batallas legales, Lubna abandonaba la cárcel después de que la Unión de Periodistas pagara una multa de 500 libras sudanesas (140 euros). Una iniciativa, orquestada contra su voluntad, ya que la periodista prefería cumplir la condena de 30 días de prisión, que finalmente le fue impuesta, a pagar por su libertad a un régimen dictatorial. «Cumplir la pena era una victoria más eficaz que lograr la libertad» , señalaba entonces en una entrevista a este diario.

Pese a ello, dos años después de lograr su independencia, el adulterio, por ejemplo, continúa siendo ilegal bajo la Constitución de Sudán del Sur. La «sharía» ya no es excusa.

Violaciones del Ejército

Y no se trata de la única forma de violencia cometida contra las mujeres. En un reciente informe , el Departamento de Estado norteamericano lamentaba que el Gobierno de Juba no hiciera públicos los resultados de una investigación sobre los abusos sexuales cometidos, presuntamente, en una de las academias militares más conocidas del país.

De igual modo, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) documentó más de una decena de casos de violación durante la campaña de desarme iniciada por el Ejército local en el estado de Jonglei entre el 15 de julio y el 20 de agosto de 2012 . La mayoría de acusados apenas fueron detenidos por unos días.