El dilema británico: prohibir o no prohibir el discurso yihadista en la tele e internet

La ministra de Interior ha criticado la entrevista en la BBC a un conocido clérigo radical En una entrevista este domingo, May pidió ampliar los poderes del ente regulador de las comunicaciones (Ofcom) para impedir la presencia de discursos extremistas en las televisiones. En concreto, afeó la conducta a la BBC por entrevistar a Anjem Choudary, considerado como uno de los líderes de los grupos islamistas radicales ilegalizados Al-Mujahiroun e Islam 4 UK. Choudary describió en antena a Michael Adebolajo, uno de los dos sospechosos de asesinar al soldado Lee Rigby, como una «persona impecable», y rechazó en varias ocasiones condenar el atentado.

«Creo que Anjem Choudary defiende opiniones repugnantes y creo que debemos estudiar cómo se presentan esas opiniones; hubo mucha gente que se preguntó, "¿qué hace la BBC entrevistando a Choudary?"», dijo la ministra de Interior . Un portavoz de su departamento aclaró después que el grupo de trabajo sobre el extremismo ordenado por Cameron tras el ataque en Woolwich «estudiará si una televisión de servicio público considera adecuado servir de plataforma a opiniones de este tipo».

Oposición liberal a «echar mano del código penal»

La pretensión de Interior de incrementar los poderes de Ofcom ha recibido ya una respuesta escéptica desde el mismo regulador , que recordaba este lunes a la ministra cómo acaban de tomar medidas, precisamente, contra una serie de canales minoritarios de inspiración islamista. «Ofcom ya aplica normas destinadas a proteger a las audiencias del daño por la emisión en televisión o radio de extremismos religiosos, y hemos tomado medidas recientemente contra una sere de canales por incumplir estas normas», explicaba un portavoz.

Desde los socios liberales del gobierno de coalición que encabeza David Cameron –que ha preferido mantener unas vacaciones familiares en Ibiza mientras crece la polémica–, acusan a la ministra May de actuar mediante «reflejos» ante este nuevo ataque del radicalismo islamista. «El instinto de Nick Clegg [el viceprimer ministro liberal] es la solidaridad comunitaria y no echar mano del código penal», asegura una fuente liberal al diario « The Guardian ».

El gobierno estaría estudiando, según este diario, reducir los requisitos para poder prohibir grupos extremistas y atribuir poderes a Ofcom para poder prohibir contenidos online o impedir la emisión de ciertas entrevistas –como la de Anjem Choudary, considerado como uno de los «tutores» en el proceso de conversión y radicalización de Adebolajo.

Vuelve la ley de «espionaje» de las comunicaciones

Este retorno del eterno dilema entre seguridad y libertad cuando las sociedades abiertas son atacadas por el fanatismo ha devuelto a la agenda, en el caso británico, el proyecto de ley de comunicaciones digitales del gobierno, apartado de las prioridades para este año por la presión de los liberales, tradicionales defensores de las libertades individuales frente a los poderes del Estado. El proyecto fue retirado de las prioridades legislativas del Ejecutivo para este año, anunciadas en el tradicional discurso de la Reina en el parlamento este mes, por exigencia del partido de Nick Clegg. Pero incluso influyentes voces liberales y laboristas piden estos días su recuperación.

El miembro liberal de la Cámara de los Lores, Lord Carlile, quien hasta 2011 fue el revisor independiente de las leyes antiterroristas del gobierno, defendió este fin de semana en la BBC que una ley como la que quiere May «podría haber servido para evitar este ataque y ayudaría seguramente a prevenir nuevos ataques en el futuro». Dos ex ministros laboristas de Interior, Lord Reid y Alan Johnson, también han pedido a su partido que renegocie con el Ejecutivo la llamada Ley de Comunicación de Datos , apodada por los críticos como «la ley de espionaje de las comunicaciones».

«Creo que es crucial tener este ley en vigor antes de la próxima legislatura y que sería un motivo de dimisión para la ministra de Interior si el resto del gabinete no le apoyo en esta parte central del trabajo de las fuerzas de seguridad», aseguró Johnson, ministro de Interior en 2009-2010. Según el borrador de ley dado a conocer el año pasado en medio de fuertes críticas de los grupos de defensa de las libertades, los provedores de servicios de internet, como las operadoras de telefonía, tendrían la obligación de almacenar durante un año, y no solo seis meses , la información de tráfico de las comunicaciones telefónicas y digitales de los ciudadanos.

La nueva ley autoriza a la policía a obtener información sobre páginas web visitadasEl proyecto quiere que la policía tenga, además, acceso sin la necesidad de una orden judicial a la llamada información «de suscriptores, de uso y de tráfico» de las comunicaciones. La ley no abarca el «contenido» de esas comunicaciones , para lo cual las fuerzas de seguridad seguirían necesitando la autorización de un juez, pero sí los datos sobre la hora, la duración, el receptor y el emisor y la localización de las llamadas telefónicas –incluidas las realizadas por servicios online como Skype–, así como también las páginas de Internet visitadas en la navegación o los mensajes intercambiados en redes sociales como Facebook o Twitter .

Esta ampliación de la información a la que tendrían acceso la policía ha levantado las críticas de varios grupos defensores de la libertad de expresión, que insisten que, en la era digital, la frontera entre «datos sobre comunicaciones» y su «contenido» es borrosa . «La información de tráfico, como la actividad de búsquedas online, es mucho más intrusiva hoy día que los llamados datos de uso», referidos a la información básica de una llamada telefónica (duración, hora etc.), recordaba en un debate Jamie Barlett, director de redes sociales en Demos, un conocido «think-tank» británico. Ahora, la oposición laborista se muestra dispuesta a renegociar con el gobierno un proyecto de ley de este tipo, aunque reformado por considerar que su redacción actual es «inasumible».