La presidenta argentina valora intervenir el principal grupo de comunicación

El siguiente paso del Gobierno contra «Clarín» fue acribillarlo a pedidos de información empresarial. «Once en 48 horas», detalla Martín Etchevers , gerente de Comunicaciones Externas de la compañía. El mensaje implícito era como en la propaganda política de la presidenta: «Vamos por todo».

Registro a sus periodistas

Así se entendió dentro y fuera del grupo al que pertenecen los periodistas Darío Lopreite y Sergio Lapegüe , que fueron sorprendidos el pasado fin de semana en sus domicilios con un registro ordenado desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP equivalente a Hacienda). Los periodistas garantizan que no tienen deudas pendientes.

La ola de rumores de intervención de «Clarín» desembocó en un mensaje de alerta internacional del director del diario de mayor circulación de Argentina. Ricardo Kirschbaum envió un correo electrónico a editores y periodistas internacionales para advertirles de la «crítica situación» que atraviesa un grupo bajo amenaza permanente.

También un grupo de legisladores de la oposición intimidaron a la Comisión Nacional de Valores, organismo que acometería la intervención, para que no avance con la medida. Ya que de hacerlo sería un «abuso de autoridad», «inconstitucional» y la confirmación de una «estrategia nacional de aniquilar la libertad de expresión». Con ello, en palabras de la diputada Elisa Carrió , se tiende a «interrumpir el orden constitucional y el sistema democrático».

El pasado domingo, el columnista de «La Nación» Joaquín Morales Solá daba por hecho la intervención de la compañía. Horas antes lo hacía Fernando Laborda, y el ex candidato presidencial y escritor Jorge Asis lo garantizaba citando fuentes «inobjetables».

La embestida se produce en medio de las denuncias de corrupción que salpican a los Kirchner«El hecho concreto no se ha producido», comenta Kirschbaum. Dicho esto, el responsable del diario entiende que una medida de esa naturaleza es «de enorme torpeza, pero coherente con la historia de este Gobierno». Al hilo del asunto, recuerda los episodios de la Asamblea de Accionistas, el desembarco atropellado de Moreno, la Afip y un largo etcétera de acciones destinadas a amedrentar a un periódico que, junto con «La Nación» y «Perfil», no puede recibir publicidad de los supermercados los fines de semana, por orden -no escrita- del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

«Las señales (de intervención) son permanentes y ahora con más frecuencia e intensidad que nunca», observa Martín Etchevers. La embestida se produce cuando arrecia una cascada de denuncias de corrupción que salpican a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su difunto marido y a su círculo más estrecho.

Lavado de dinero, sobornos, testaferros, evasión de capitales, paraísos fiscal es y hasta una enorme bóveda de seguridad -con capacidad para almacenar tres mil millones de euros- presuntamente instalada en la casa que Cristina Fernández posee en El Calafate (sur del país), forman parte de las denuncias y escándalos de las últimas semanas. Las investigaciones periodísticas se difundieron en el programa que dirige Jorge Lanata, en el canal 13 de «Clarín», y forzaron la apertura de una causa judicial.

El equipo del programa que se emite los domingos por la noche promete difundir más material. Siempre y cuando siga en antena o no le alcance una bala como las disparadas el domingo a la fachada de Cablevisión, el distribuidor de la señal de cable de «Clarín».