Dimite el ministro de Justicia egipcio en plena polémica por la reforma de la judicatura

Uno de los fichajes estrella del gobierno de Mohamed Mursi, el ministro de Justicia Ahmed Mekki, presentó ayer su dimisión en medio de la polémica por la reforma del sistema judicial, que prevé la jubilación de más de 3.500 magistrados y que la oposición califica de intento de “hermanización” de la Justicia. El pulso entre el gobierno islamista impulsado por los Hermanos Musulmanes y el poder judicial se perfila como una de las grandes batallas de la transición egipcia.

La cofradía islamista se ha marcado como objetivo “purgar” el poder judicial de miembros del antiguo régimen que, aseguran, están llevando a cabo una “contrarrevolución” contra el presidente Mursi.

El pasado viernes hicieron una demostración de fuerza frente al Tribunal Supremo de El Cairo con miles de seguidores, manifestación que acabó en disturbios violentos y que la oposición asegura que tenía como objetivo amedrentar a los jueces y presionar para que el Consejo de la Shura –que ahora mismo tiene las funciones legislativas- saque adelante una nueva ley de reforma del poder judicial que ellos mismos han impulsado.

“Desde que me nombró para el ministerio de Justicia, la oposición me había pedido que dimitiera para cumplir con mis anteriores posiciones”, reza la carta de dimisión que Mekki, un juez conocido durante la época de Hosni Mubarak por su defensa feroz de la independencia de la justicia frente al poder del régimen, ha dirigido al presidente Mursi. El ministro asegura que, ahora que también los seguidores del presidente exigen su dimisión, “se ha llegado a un consenso”. El magistrado también cita la nueva ley de judicatura como motivo para abandonar su puesto.

Uno de los más polémicos puntos de esta ley, que los diputados del partido Libertad y Justicia -el brazo político de los Hermanos Musulmanes- y la formación afín Wasat quieren impulsar, rebaja la edad de jubilación de os magistrados de 70 a 60 años, lo que implicaría el retiro inmediato de unos 3.500 de los 13.000 que forman el cuerpo. Los diputados de la cofradía alegan que esta medida servirá para regenerar el poder judicial y jubilar a los jueces más ancianos y, según ellos, leales al antiguo régimen.

“Pero lo que quieren conseguir, en el fondo, es permitir el acceso a la judicatura de magistrados islamistas y miembros de los Hermanos Musulmanes, y que estos se infiltren en los puestos de responsabilidad y decisión”, denuncia a este diario el juez Amir Ramzy, que asegura que la nueva ley permitirá una “hermanización” del poder judicial. “No hay ni un solo juez que pueda estar de acuerdo con esta ley”, defiende el togado, para quien la judicatura se enfrenta a un ataque aún mayor que el que sufrió cuando el pasado noviembre el presidente Mursi emitió un decreto por el que blindaba sus decisiones ante la justicia.