Venezuela celebra elecciones bajo sospecha de juego sucio

No es la primera vez en los últimos catorce años que el ventajismo oficial, antes con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, marca unas elecciones con la impronta de la desigualdad, el desequilibrio y la falta de transparencia y de democracia real.

Tampoco es la primera vez que el candidato de la alianza opositora, Henrique Capriles, se enfrenta a un ventajismo oficialista, que ha calificado de «abuso reiterado». El pasado 7 de octubre no pudo derrotar a Chávez. Pero, pese a todo, ahora sí tiene fe en derribar a su sucesor, como si repitiera la hazaña de David contra Goliat

Con cinco meses de diferencia entre la pasada elección presidencial y la actual, Capriles, de 40 años, ha tenido que hacer frente por segunda vez a la poderosa maquinaria chavista, mejor aceitada que nunca, y a todos los poderes públicos, instituciones, recursos, presupuestos y medios de comunicación del Estado. Porque pelear contra el chavismo no es pelear contra un partido político, sino contra una inmensa maquinaria estatal.

Aunque las concentraciones de la oposición fueron más multitudinarias que nunca y han levantado grandes expectativas, Capriles ha debido hacer frente, entre otros, a los siguientes obstáculos y golpes bajos:

El candidato chavista cuenta con el firme respaldo de la voluminosa e inflada nómina de empleados de la Administración Pública, así como de buena parte de los beneficiarios de las «misiones» o programas sociales y asistenciales. No hay que olvidar que, de los 18 millones de electores inscritos, un 55 por ciento –unos 10,5 millones– viven a expensas del presupuesto nacional. El chavismo tiene en sus listas a 10,5 millones de personas, a las que pueden manipular mediante el chantaje y la coacción para que voten por su candidato oficial. En esa lista van incluidos más de 2,5 millones de empleados, funcionarios y becarios de las «misiones», 2,5 millones de pensionistas y jubilados y 5 millones de los inscritos que esperan una vivienda. Y es que el chavismo ha llevado adelante un innegable programa de favores sociales, pero lo ha hecho a costa de construir una red clientelar de millones de votos cautivos.

El chavismo ha desplegado un dispositivo para conocer ilegalmente y en tiempo real cómo votan los venezolanos. De esta forma, podrán desplegar a sus activistas para reclamar el voto –cautivo– en aquellas circunscripciones en las que vean que peligran sus posiciones. Si, por ejemplo, a las 13 horas se comprueba que no han recibido un alto número de sufragios, se activa el operativos para llevar a votar a abstencionistas o rezagados al tiempo que les recuerdan a quién deben votar si desean conservar el empleo, el médico o la beca de sus hijos.

A pocos metros de los colegios electorales se instalan los toldos de chavistas con una lista de votantes de cada centro y otra de beneficiarios de becas, ayudas públicas y otros apoyos sociales. Sus ordenadores están conectados con los de la estación central. Y a la primera orden activan los operativos de búsqueda y remolque de rezagados. Los vehículos para transportarlos son de la petrolera Pdvsa o de otros organismos públicos. La oposición ha denunciado que los militares del PSUV tienen llave de acceso a 45.000 de las 55.000 máquinas electrónicas de votación. La autoridad electoral sigue sin responder.

La captación de votos se hace mediante la entrega condicionada de becas escolares, electrodomésticos, útiles escolares, bolsas de comida, viviendas, coches, créditos empresariales, empleos en la administración, ayuda para operarse en clínicas privadas, viajes de turismo, alimentos subvencionados. Pero nada es gratis: el favor social tiene su precio en votos. Hasta los médicos cubanos inducen a los pacientes a votar por el candidato chavista.

Los medios de comunicación públicos integran un conjunto de casi 400 radios, seis cadenas de televisión y numerosos periódicos y revistas, puestas al servicio de la campaña del candidato oficialista. Desequilibrio informativo y propagandístico. El opositor comando Simón Bolívar ha presentado más de 100 denuncias documentadas ante la autoridad electoral sobre el abuso en el uso del tiempo y espacio de la propaganda de Maduro y violación de normas, sin que se hayan tomado medidas ni correctivos.

Además, en su doble condición de presidente interino y candidato oficialista, Maduro puede aparecer en cualquier momento en televisión sin límite de tiempo para dar publicidad de los actos del Ejecutivo, que se confunden con los del candidato.

Y, sin embargo, Maduro se ha quejado de la escasa cobertura informativa que le dan los medios independientes. Incluso los ha amenazado con una sanción administrativa, como fue el caso de Globovisión. Cuando la realidad es que son los poderosos medios públicos los que no dan cobertura a Capriles, quien denunció que pagaron un anuncio en la cadena estatal Venezolana de Televisión que nunca llegó a ser transmitido.

El ministro de la Defensa, Diego Molero, ha clamado en arengas públicas que los militares son chavistas, socialistas y van a votar por el candidato oficialista: violación de la Constitución que prohíbe la polítización del ejército. Al tiempo que toda la flota de aviones y vehículos del Estado se puso a disposición de Maduro para transportarle a él y a su equipo en campaña.