La abuela británica condenada a muerte en Indonesia podría ser ejecutada en un mes
La británica Lindsay Sandiford - afp

La abuela británica condenada a muerte en Indonesia podría ser ejecutada en un mes

Lindsay Sandiford ha perdido la apelación contra la sentencia y tiene 14 días para apelar ante la Corte Suprema

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La británica Lindsay Sandiford ha perdido este lunes su apelación contra su condena de muerte a muerte tras ser detenida en Indonesia por tráfico de drogas y podría ser ejecutada en un mes.

La mujer, de 56 años, fue detenida en el aeropuerto de Bali en mayo del pasado año con 4,7 kilos de cocaína en su equipaje y este lunes un portavoz del Tribuna de Bali ha anunciado que rechazaba su apelación y que a partir de ahora tiene 14 días para apelar ante la Corte Suprema de la Nación.

La sentencia se produjo pese a que se determinó que había formado parte de un montaje de contrabando de drogas, dentro del que los presuntos autores intelectuales fueron detenidos y condenados a penas más leves.

Por ello el caso de Sandiford fue asumido por la organización humanitaria británica Reprieve, quien aseguró que la mujer ha sido «la víctima de los narcotraficantes, que se aprovecharon de su vulnerabilidad y amenazaron a sus hijos». Aparte, el abogado de Sandiford demostró ante el tribunal de Denpasar que la mujer tenía un historial de problemas mentales que la hacían aún más vulnerable ante las bandas criminales. En su declaración, Sandiford pidió perdón «a la República de Indonesia y al pueblo indonesio» por su implicación en el caso y aseguró que «nunca» quiso verse involucrada en un hecho como éste, pero las vidas de sus hijos «estaban en peligro» y sintió la necesidad de «protegerlos».

Indonesia cuenta con una de las leyes más duras contra el narcotráfico del mundo aunque es poco frecuente que se lleven a cabo las ejecuciones. Cinco extranjeros han sido ejecutados en Bali desde 1998 por este motivo. La mayoría de los 40 extranjeros actualmente en el corredor de la muerte han sido condenados por delitos de drogas, pero no se ha efectuado ninguna ejecución en el país, por ningún tipo de delito, desde 2008.