El Tribunal Constitucional rechaza cuatro normas de los Presupuestos del Estado

Los treces jueces del TC han declarado inconstitucional el artículo 29 del OE que prevé la suspensión de un subsidio de vacaciones a funcionarios públicos y el artículo 77 en el que incluye la interrupción de 90% del subsidio de vacaciones a los pensionistas. También rechazan el artículo 117 que afecta a las contribuciones sobre las prestaciones de enfermedad y desempleo y la norma 31, que se refiere a los contratos de docencia e investigación, aunque estas dos últimas normas tienen menor relevancia en los presupuestos. Con la retirada de la paga extraordinaria de los funcionarios el Estado dejará de ahorrar 600 millones de euros. La anulación de la tasa especial para los pensionistas supone otros 500 millones. Estas son dos de las tres medidas que habían suscitado dudas en el Presidente de la República, Cavaco Silva, quien realizó el primero de los tres pedidos sucesivos de fiscalización de los Presupuestos. El total de las normas fiscalizadas suponían un valor alrededor de los cinco mil millones de euros.

No será fácil ahora encontrar alternativas y sin ellas solo cabe esperar que la troika acepte un déficit superior para el 2013. Según ha noticiado la prensa lusa para el Gobierno resulta un completo fracaso toda decisión del Tribunal Constitucional que implique cantidades más allá de los 600 millones de euros. Hasta esa cifra, se podrán arbitrar medidas de encaje.

Hace una semana la prensa lusa informó de la posibilidad de elecciones anticipadas si se produjese el escenario hoy confirmado. Supuestamente el jefe del Ejecutivo aceptó esta solución en la última reunión de la comisión permanente del Partido Socialdemócrata (PSD) alertando de los riesgos asociados a un eventual rechazo de medidas aprobadas para combatir la crisis. Horas antes de conocerse la decisión del TC el presidente de la República alejó cualquier escenario de elecciones anticipadas remitiendo al Parlamento todas las responsabilidades de un eventual rechazo de los Presupuesto. “El Gobierno depende únicamente de la Asamblea de la República y no depende de la confianza del Presidente de la República”. De momento Pedro Passos Coelho ha convocado un consejo de ministros extraordinario para mañana por la tarde y el ministro de Exteriores y líder del CDS-PP, Paulo Portas, partido de coalición del Gobierno, ha cancelado su viaje previsto a Arabia Saudí para estar presente en dicha reunión.

El pasado 2 de enero el presidente de la República, Cavaco Silva, informó que había pedido al Tribunal Constitucional que se pronunciase sobre la legalidad de la subida masiva de impuestos prevista por los Presupuestos del Estado para 2013. "A iniciativa mía, se va a pedir al Tribunal Constitucional que decida sobre la conformidad de los Presupuestos del Estado de 2013 con la Constitución de la República", declaró. Según Cavaco Silva, los presupuestos podrían afectar a unas personas más que a otras, lo cual "genera dudas justificadas sobre la distribución de los sacrificios". La anterior fiscalización, relativa a los Presupuestos del 2012, tardó siete meses en tener respuesta. En dicho caso el TC rechazó las medidas del corte de subsidio de vacaciones y Navidad a los funcionarios públicos y jubilados. El Gobierno tuvo que buscar medidas alternativas incluidas en los últimos presupuestos ahora analizados. Posteriormente el Partido Socialista y el resto de partidos de la oposición y el Proveedor de la Justicia enviaron similares pedidos de fiscalización al Constitucional. El Gobierno de Pedro Passos Coelho, por su parte, envió al TC un parecer jurídico.

Cavaco Silva y posteriormente los socialistas, ponían en causa la suspensión del subsidio de vacaciones a todos los trabajadores, el subsidio de vacaciones de los jubilados y la contribución extraordinaria de solidaridad exigida a los jubilados que reciben más de 1350 euros al mes. Estas tres medidas suponen casi dos mil millones de ingresos para el Gobierno. Posteriormente los diputados del PCP, BE y PEV entregaron un nuevo pedido de fiscalización en el que además de cuestionar las medidas referidas añadieron la de la sobretasa de 3,5% y las alteraciones de los escalones contributivos. Por su parte, el proveedor de la Justicia, que por primera vez remitió un pedido de esta naturaleza al Constitucional, expresó sus dudas ante el corte de los subsidios de vacaciones de aquellos que ya no están en activo así como a la contribución extraordinaria de solidaridad.

El pasado 2 de enero el presidente de la República, Cavaco Silva, informó que había pedido al Tribunal Constitucional que se pronunciase sobre la legalidad de la subida masiva de impuestos prevista por los Presupuestos del Estado para 2013. "A iniciativa mía, se va a pedir al Tribunal Constitucional que decida sobre la conformidad de los Presupuestos del Estado de 2013 con la Constitución de la República", declaró. Según Cavaco Silva, los presupuestos podrían afectar a unas personas más que a otras, lo cual "genera dudas justificadas sobre la distribución de los sacrificios". La anterior fiscalización, relativa a los Presupuestos del 2012, tardó siete meses en tener respuesta. En dicho caso el TC rechazó las medidas del corte de subsidio de vacaciones y Navidad a los funcionarios públicos y jubilados. El Gobierno tuvo que buscar medidas alternativas incluidas en los últimos presupuestos ahora analizados.