Putin quiere utilizar la Olimpiada de Sochi para ganar imagen y popularidad pero podría producirse el efecto contrario

Sin embargo, existe el peligro de que suceda justamente lo contrario. La gestión de los preparativos de Sochi-2014 está poniendo al descubierto lo que sucede habitualmente a escala de todo el país, es decir, los defectos endémicos del sistema creado por Putin, empezando por la corrupción.

Rusia avanza con dificultades hacia la finalización de las obras de infraestructura necesarias para el evento. Escasea la mano de obra mientras la corrupción florece y hace que los precios se disparen. Será la olimpiada más cara de la historia, pero nadie está seguro de que, una vez termine se rentabilice el dinero invertido.

Según Dmitri Kózak, viceprimer ministro encargado de supervisar los preparativos olímpicos, la suma total que habrá que desembolsar para que estos JJ.OO. se hagan realidad superará los 38.000 millones de euros. Los anteriores Juegos de Invierno de Vancouver costaron 1.400 millones de euros, Pekín-2008 supuso una inversión de 26.000 millones de euros y en Londres-2012 hubo que gastar 11.500 millones de euros.

Hace un mes, al asistir en Sochi a la ceremonia de inicio de la cuenta atrás de los días que quedan hasta la inauguración de los Juegos, Putin pudo constatar de primera mano que las cosas no van bien. Se enfadó incluso cuando supo que la principal rampa para saltos de esquí no estaba todavía acabada cuando la fecha prevista de entrega era junio de 2011. Kózak le explicó que “ha habido que cambiar de constructor varias veces”.

Putin le preguntó si esos cambios no han influido en el precio del proyecto, a lo que el viceprimer ministro tuvo que admitir que sí, que subió de los 1.200 millones de rublos iniciales (unos 30 millones de euros) a 8.000 millones (200 millones de euros), casi siete veces más. El jefe del Kremlin, contrariado, ordenó de inmediato la destitución de Ahmed Bilálov, vicepresidente del Comité Olímpico ruso y cuyo hermano, Mahomed Bilálov, es dueño de la empresa encargada de erigir el trampolín de esquí y otras infraestructuras olímpicas.

La Fiscalía General comenzó a finales de febrero una investigación sobre las actividades de los dos hermanos. Como resultado, Ahmed, que era también el presidente de la compañía Balnearios del Cáucaso Norte, el 51% de cuyo capital pertenece al Estado ruso y el 49% a la institución financiera gala La Caisse des Depots et Consignations (CDC), podría ser imputado por apropiación indebida de fondos del Estado. Según la revista Forbes, Ahmed y Mahomed han huido a Alemania. Hay muchas otras investigaciones abiertas por corrupción en relación con organismos y empresas públicas de Sochi.

El otro gran problema está siendo los impagos por las expropiaciones llevadas a cabo para dejar sitio a los nuevos edificios, carreteras, líneas de ferrocarril e instalaciones olímpicas. Las indemnizaciones se están canalizando a través de la Administración regional de Krasnodar y los ayuntamientos, pero los afectados sostienen que las autoridades locales se están quedando con el dinero. Recurrir a la Justicia no suele servir para nada porque los tribunales evitan adoptar decisiones contra funcionarios públicos.

Los habitantes de Sochi están además hartos de atascos en las carreteras, colapsadas por los camiones y por los cortes de circulación en tramos enteros para facilitar los trabajos de edificación. Preocupa también la proliferación caótica de vertederos ilegales. Los ecologistas insisten en que el daño asestado por la Olimpiada al medio ambiente, en especial debido a la construcción de autopistas y túneles en zonas protegidas, “es ya irreparable”.

El último escándalo ha sido la denuncia hecha por Human Rights Watch por la brutal explotación que sufren los inmigrantes que trabajan en las obras olímpicas. Surge también la duda sobre si tanto gasto se amortizará y si todo lo que se ha levantado no languidecerá tras los Juegos por falta de uso.