Argentina sienta en el banquillo a 25 represores de la Operación Cóndor

La causa tiene tres tramos y se abrió cuando estaban en vigor las leyes de Punto y Final y Obediencia Debida que dejaron libre de condena a cientos de represores y eximieron de responsabilidad penal a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas y policiales. Su anulación, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, permitió que se reabriera la causa.

El juicio investiga el destino y desaparición de 106 víctimas, la inmensa mayoría son uruguayos pero hay también paraguayos, chilenos, bolivianos, un peruano y argentinos.

Los delitos se juzgan en Argentina porque fue aquí donde presumiblemente se cometieron. De acuerdo a diferentes testimonios, documentos oficiales e investigaciones, el Plan Cóndor consistía en el desarrollo de un mecanismo de estrecha colaboración entre los países del cono sur que se traducía en la entrega o repatriación de personas fuera de la ley, así como la connivencia para su secuestro, sometimiento a suplicios y asesinato. Las víctimas en su mayoría pertenecían a diferentes movimientos guerrilleros, pero también un importante número de civiles u menores cayeron en las garras del Cóndor.

Durante años la existencia de esta red se puso en duda, pero supervivientes, arrepentidos y la desclasificación de documentos, entre otros, del Departamento de Estado de Estados Unidos aportaron suficiente material y prueba para confirmar su actividad. En un cable de septiembre de 1976 que mencionaba este lunes el diario «Página 12», un agente especial del FBI reconoce que el Cóndor tiene como objetivo «la recopilación e intercambio de información sobre izquierdas, comunistas o marxistas, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios». Ese mismo cable considera como parte activa del Cóndor a los países mencionados más Brasil, que se une con un estatus especial de información confidencial.

El modus operandi establecía tres pasos a seguir para ser efectivos: intercambio de información, localización del blanco y ejecución o traslado de la víctimas a cualquier otro país signatario del convenio.

La causa que comienza este martes en Buenos Aires se abrió a finales de los años 90. Su impulsor fue Emilio Mignone, entonces responsable y fundador del Cels (Centro de Estudios legales y Sociales) que desempeñó un papel importante durante los años de plomo en Argentina.

Los ex dictadores Reynaldo Benito Bignone y Jorge Rafael Videla serán los mandos más altos juzgados como responsables locales del plan de coordinación represiva, que incluyó la desaparición sistemática de argentinos y ciudadanos que formasen parte del Plan Cóndor. Todos los que desfilarán por el banquillo lo han hecho antes y, como Videla, cumplen diferentes penas por los abusos y aberraciones cometidos durante los siete años que duró la dictadura argentina.