De 1992 a 2022: Perú como símbolo del comienzo y fin del canon democrático latinoamericano

La ola democrática que se extendió por Latinoamérica al término de las generalizadas dictaduras militares no comenzó en Perú, pero la acción de Fujimori, precisamente porque venía a subvertir el nuevo orden que estaba naciendo en la región, significó una clara concienciación del estado de alerta en el que debían permanecer los nuevos sistemas. La Carta Democrática ha servido de pauta para determinar por qué Venezuela y Nicaragua no son democracias o por qué El Salvador se desliza también hacia el abismo.

Por otra parte, que la ventana democrática se estaba cerrando, como ocurre en muchos lugares del mundo, ya se viene anunciando desde hace más de diez años –el ciclo político «bolivariano» ha acentuado ese deterioro democrático–, pero podemos tomar de nuevo Perú como símbolo.

No solo un presidente de izquierda ha querido eliminar el Congreso y gobernar durante meses sin él, a golpe de decreto y militarizando el país para controlar la reacción social (la izquierda siempre ha atribuido a la derecha tentaciones de ese tipo, por más que las actuales excepciones autocráticas son la nicaragüense y la venezolana, que se suman a la preexistente dictadura cubana), sino que otros presidentes de la misma orientación política han salido en su defensa. Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce (también el gobierno de Honduras, de Xiomara Castro) no han querido reconocer a la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, añadiendo con ello dificultades para una evolución pacífica de la crisis.

Si bien no toda la nueva hornada de mandatarios de izquierda ha procedido de igual manera que los presidentes de México, Colombia, Argentina y Bolivia –Gabriel Boric (Chile) y Lula da Silva (que será investido presidente de Brasil el 1 de enero) han lamentado el acaso parlamentario sufrido por Castillo, pero entienden que la legitimidad constitucional corresponde a Boluarte–, el hecho de que figuras destacadas como los citados López Obrador o Petro, que pretenden un liderazgo regional, avalen un intento de autogolpe viene a oficializar el fin del ideal de democracia liberal al que decía aspirar Latinoamérica.

El hiperpresidencialismo puesto en marcha por las constituciones bolivarianas, la proliferación de cambios legislativos para permitir la acumulación de mandatos consecutivos (tanto a izquierda como a derecha) y el creciente control del Ejecutivo sobre los otros poderes, singularmente el judicial y el electoral, han deteriorado gravemente la praxis democrática latinoamericana.

La corrupción, la polarización política y un personalismo que ha destruido las estructuras de los partidos han generado actitudes sociales alarmantes. Según el último Latinobarómetro, solo el 48% de los latinoamericanos pensaba en 2019 que la democracia es el sistema político preferible, mientras que un récord del 28% decía que le daba igual; en ambos casos son cifras extremas desde la instauración de las democracias en la región. La misma encuesta marcaba también un récord de insatisfacción con las democracias de cada país, que alcanzó un 72% de media, mientras que la satisfacción llegó a bajar al 24%. Y hasta un 51%, por primera vez superando la mitad de la población, decía en 2020 no importarle que un gobierno no democrático llegara al poder si con ello se resolvían los problemas.

La reacción de López Obrador y de Petro es especialmente negativa para el deterioro del paradigma democrático latinoamericano. El populismo del primero no solo está laminando muchas instituciones públicas mexicanas, sino que en el caso de Perú ha roto lo único que parecía quedar a salvo de la arbitrariedad presidencial: la doctrina Estrada. Formulada en 1930, esta doctrina ha alimentado de forma bastante constante la política exterior de México, otorgando al país cierta neutralidad sobre los tipos de cambio de gobierno en otros estados. Lo normal es que México no cuestione la legitimidad de un mandatario cuando, del modo que sea, llega al poder en un país. Por eso extraña que López Obrador no admita a Boluarte como nueva jefa de Estado y en cambio siga llamando presidente a Castillo. Y eso en los mismos días en que el gobierno mexicano se ha abstenido en censurar a Irán por la represión llevada a cabo por el régimen.

Petro, por su parte, se encuentra en medio de un intento de rehabilitación de la figura de Maduro, cuya legitimidad institucional, habida cuenta de la falta de libertad política y de elecciones abiertas y trasparente que existe en Venezuela, es desde luego mucho menor que la de Boluarte en Perú. Cuestionando a esta, Petro pierde credibilidad en su supuesto deseo de atraer a Maduro hacia la democracia. ¿Hacia qué democracia?