La reunión olvidada en la que pidieron a Carrillo que detuviera las matanzas de Paracuellos

Se calcula que fueron ejecutadas alrededor de 8.000 personas sin ningún tipo de juicio con garantías. Algunos historiadores han bajado esta cifra hasta los 5.000, aunque otros aseguran que fueron más de 12.000. Como era de esperar, nunca ha habido un acuerdo en cuanto a la magnitud de la tragedia y sí muchas preguntas en cuanto a la responsabilidad de un Carrillo que tenía en ese momento 21 años. ¿Fue el organizador? ¿Facilitó el apoyo logístico y político aunque no diera la orden? ¿Estuvo al tanto y no hizo nada por evitarlo en la confusión de los primeros días del conflicto? ¿Tuvo solo noticias cuando la matanza ya se había perpetrado?

Todo comenzó la tarde del 6 de noviembre de 1936, cuando el Gobierno republicano tomó la decisión de trasladarse a Valencia, evacuar a los presos a otras cárceles fuera de la capital y constituir la mencionada Junta de Defensa de Madrid bajo la presidencia del general José Miaja. Al día siguiente, sin más dilación, se produjeron las primeras cinco sacas: una de madrugada, procedente de la cárcel de Porlier, y dos más durante el día, la de la Cárcel Modelo y la de San Antón. Las tres terminaron en Paracuellos de Jarama, muertas y enterradas sin juicio previo, mientras que las otras dos restantes, sanas y salvas en Alcalá de Henares.

Se suponía que los asesinatos debían llevarse a cabo «cubriendo la responsabilidad», según se informó en una reunión de la CNT-FAI. En ella, un representante anarquista de la Junta de Defensa, cuya identidad nunca ha sido desvelada, anunció a miembros del Gobierno que se estaba eliminando a «fascistas y elementos peligrosos» en la localidad madrileña. Pronto comenzaron a circular noticias, que llegaron a oídos del anarquista Melchor Rodríguez García, conocido por su rechazo al uso de la violencia con fines revolucionarios.

Este unió sus fuerzas con el presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, y con diplomáticos extranjeros como el cónsul de Noruega, Félix Schlayer, que se pusieron el objetivo de acabar con aquella masacre lo antes posible. Melchor Rodríguez aprovechó sus contactos para ser nombrado director general de Prisiones y llegó a enfrentarse a los elementos más radicales de su partido para que detuviesen aquella carnicería. Consiguió una breve tregua durante el 7 y 8 de noviembre, pero fue destituido el día 12 para sorpresa de sus compañeros, que habían visto como se había ganado el apoyo de la CNT para detener las matanzas.

Nunca se supo qué había ocurrido. Rodríguez debía el cargo a su amistad con Mariano Sánchez-Roca, subsecretario de Justicia que se encontraba bajo las órdenes directas del ministro Juan García Oliver. La explicación oficial es que este último ordenó su despido al considerar que había sido nombrado a sus espaldas y sin el beneplácito de la Dirección General de Seguridad, un organismo que dependía del Consejo de Orden Público que dirigía Carrillo. Curiosamente, el mismo día en que el dirigente anarquista dejó su puesto se reanudaron los fusilamientos.

Schlayer, por su parte, aseguró que llegó a reunirse con Carrillo para informarle de lo que estaba sucediendo en Paracuellos del Jarama y que este no le hizo el más mínimo caso. Es probablemente la prueba más cercana de todas cuantas apuntan al entonces consejero de Orden Público. La reveló pocos meses después de haberse producido en sus memorias, que fueron publicadas originalmente en Alemania, en 1938, y que no fueron traducidas al español hasta 2005, bajo el título de 'Matanzas en el Madrid republicano', y reeditadas en 2008 como 'Diplomático en el Madrid rojo'.

Schlayer era encargado de negocios en la embajada noruega en Madrid y, aunque no había visto los fusilamientos, tuvo constancia de que se estaban produciendo desde el primer día. El cónsul cuenta que pidió una reunión con Carrillo para intentar detener las sacas. Antes de acudir a su despacho fue a la cárcel Modelo para confirmar que centenares de presos ya habían sido evacuados a Paracuellos. De vuelta en el Ministerio de Justicia, el joven Carrillo le aseguró que su determinación era proteger a los prisioneros e impedir cualquier asesinato durante su evacuación.

A continuación, le informó de lo que acababa de descubrir en la prisión madrileña. Schlayer describió así lo acontecido en las mencionadas memorias:

«Tuvimos una conversación muy larga en la que ciertamente recibimos toda clase de promesas de buena voluntad y de intenciones humanitarias con respecto a la protección de los presos y al cese de la actividad asesina, pero con el resultado final por todos percibido de una sensación de inseguridad y de falta de sinceridad. Le puse en conocimiento de lo que acababa de decirme el Director de la cárcel y le pedí explicaciones. Él pretendía no saber nada de todo aquello, cosa que me pareció inverosímil. Pero a pesar de todas aquellas falsas promesas, durante aquella noche y al siguiente día, continuaron los transportes de presos que sacaban de las cárceles, sin que Miaja ni Carrillo se creyeran obligados a intervenir. Entonces sí que no pudieron alegar desconocimiento ya que ambos estaban informados por nosotros».

Schlayer asegura entonces que se las arregló para seguir la ruta de los camiones. Así lo detallo con todo detalle a continuación:

«Los autobuses que llegaban a Paracuellos se estacionaban arriba en la pradera. Cada 10 hombres atados entre sí, de dos en dos, eran desnudados (es decir, les robaban sus pertenencias) y enseguida les hacían bajar a la fosa, donde caían tan pronto como recibían los disparos, después de lo cual tenían que bajar los otros 10 siguientes, mientras los milicianos echaban tierra a los anteriores. No cabe duda alguna de que, con este bestial procedimiento asesino, quedaron sepultados gran número de heridos graves que aún no estaban muertos, por más que en muchos casos les dieran el tiro de gracia.

Me dirigí entonces al único miliciano que estaba de guardia y le pregunté sin rodeos dónde habían enterrado a los hombres que fusilaron el domingo. El hombre empezó a hacerme una descripción algo complicada del camino. Le dije que sería mucho más sencillo que nos acompañara y nos enseñara el lugar. Me hizo caso, se colgó el fusil y nos condujo hasta ahí. A unos 150 metros del castillo se metió en una zanja profunda y seca que iba del castillo al río y que llaman 'Caz'. Era una antigua acequia. Ahí empezaba, en el fondo de dicha zanja, un montón de unos dos metros de alto de tierra recientemente removida. Lo señaló y dijo: 'Aquí empieza'.

Reinaba un fuerte olor a putrefacción. Por encima del suelo se veían desigualdades, como si emergieran miembros. En otro lugar asomaban botas. No se había echado sobre los cadáveres más que una fina capa de tierra. Seguimos la zanja en dirección al río. La remoción reciente de tierra y la correspondiente elevación del nivel del fondo de la cacera tenía una longitud de unos 300 metros. ¡Se trataba, pues, de la tumba de 500 a 600 hombres!».

Ha sido lugar común en algunos autores considerar a Schlayer un seguidor de Hitler. Cuenta el historiador Javier Cervera en el prólogo de las memorias del cónsul que, durante una entrevista que mantuvieron a principio del siglo XXI, Carrillo tembién se refirió al diplomático que le acusó como «el nazi ese». Una expresión similar empleó el mismo líder del PCE en su autobiografía.

«No obstante, nadie ha aportado pruebas de que Schlayer tuviera tal condición ideológica hitleriana. Este cónsul también ha sido tachado de espía a favor de Franco, pero tampoco lo fue. El Servido de Información Militar (SIM) franquista no cuenta con ningún informe de él hasta finales de julio de 1937, después de que fuera expulsado de la España republicana y llegara a la zona nacional. Lo que ocurrió entonces fue que, como muchos de los que llegan allí procedentes del otro lado, se le interrogó», explica Cervera.

A pesar de los detalles aportados por el diplomático alemán, en 1938, acerca de su reunión con Carrillo y de su visita a Paracuellos, las autoridades franquistas no removieron el asunto en aquel momento. Dieron más publicidad a otros asesinatos de mucha menor magnitud y complejidad, como los que se habían producido en agosto, del aviador Julio Ruiz de Alda y el militar Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio. Lo mismo ocurrió en noviembre con la ejecución de este último en Alicante, en el mismo mes que se producían las sacas desde las cárceles Modelo, Porlier, San Antón y Ventas con destino al Arroyo Seco de San José, a 20 kilómetros de Madrid, cuya pequeña ermita acoge siete fosas comunes en donde cayeron fusiladas unas 2.500 personas.

Es decir, que en aquel momento los muertos de la República excedían con mucho a los fusilamientos de los destacados dirigentes de Falange. Resulta curioso que la prensa franquista –encarnada por el diario ' Arriba España ' y el ' Alcázar ', entre otros– no le acusaran a él, sino a Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid que se encontraba a sus órdenes. Carrillo no fue responsabilizado por el régimen hasta su nombramiento como secretario general del PCE en 1960.

Durante décadas, los historiadores han debatido sobre si el Gobierno de la República, la Junta de Defensa de Madrid a las órdenes del general Miaja y el mismo Carrillo estuvieron implicados. Resulta extraño que la matanza estuviera envuelta en la bruma en los años posteriores. En la Causa General franquista ocupaba un lugar poco destacado y el delegado de Orden Público solo era mencionado de manera breve. Tampoco se refería a los asesores que Stalin envió a España y a los que la dictadura culpó más adelante de haber ordenado la matanza de Paracuellos, que habría sido ejecutada por extremistas de izquierdas.

En 2010, dos años antes de su muerte, el histórico secretario general del PCE todavía se defendía su inocencia en un encuentro que mantuvo con los lectores del diario 'El Comercio':

«Se olvida con frecuencia que durante cuarenta años gobernaron los que ganaron y que, desde el momento en el que finalizó el conflicto, el franquismo juzgó, condenó y ejecutó a decenas de personas a las que acusó de lo de Paracuellos. A mí empezaron a echarme encima esa responsabilidad cuando fui secretario general del PCE, como un medio de desprestigiar a este partido. Yo no fui juzgado por rebeldía y podrían haberlo hecho al estar en el exilio. Podrían haber solicitado mi extradición y nunca lo hicieron porque no tenían ninguna prueba contra mí. De todas maneras, creo que cuarenta años de exilio es una condena suficiente en el caso de que yo hubiera tenido alguna responsabilidad, pero desde luego no la tuve».