El PSOE que apoyó a la dictadura de Primo de Rivera a cambio de beneficios políticos

En aquellos primeros meses de vida, de hecho, hubo más diferencias que acuerdos a la hora de definir qué estrategia debían seguir o cuál tenía que ser su programa. Comenzaron entonces los primeros enfrentamientos dentro del partido, que se han mantenido hasta el día de hoy con Sánchez como presidente. Según reveló el último barómetro de GAD3 realizado para ABC a principios de noviembre, por ejemplo, casi la mitad de los votantes socialistas, el 45%, creía que la amnistía era negativa para España frente a un 34% que no. El presidente acababa de comprometerse con ERC a concedérsela a todos los encausados por los delitos del procés, incluso a los que están acusados de acciones tipificadas como terrorismo.

En aquella primera división de 1879, se impusieron los postulados del líder socialista francés Jules Guesde, que rechazaba cualquier tipo de alianza con las organizaciones republicanas, a pesar de la fuerte oposición que ofreció Jaime Vera. Este primer combate ideológico interno se prolongó durante muchos años y enfrentó a los que querían que el partido utilizara las instituciones oficiales para crecer y los que pensaban que las mejoras de la clase obrera únicamente se podían conseguir mediante la revolución.

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Al imponerse los segundos, los socialistas se mantuvieron como una pequeña formación sin representación en el Parlamento hasta que, en 1910, decidieron aliarse con los republicanos progresistas para entrar en el Congreso. Fue así como Pablo Iglesias salió elegido diputado. Sin embargo, a pesar de entrar en la legalidad, al PSOE no le resultó fácil lograr la tan deseada estabilidad durante aquellos años de la Restauración y, sobre todo, tras la Revolución rusa, que provocó una escisión muy importante en el PSOE y la fundación del Partido Comunista de España (PCE) por parte de algunos de sus miembros.

Sin embargo, fue en 1923 cuando se produjo uno de los enfrentamientos internos más desconocidos, traumáticos y sorprendentes de la historia del PSOE con motivo del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Contra todo pronóstico, los socialistas no permanecieron unidos ni cuando se les vino encima aquella dictadura militar de derechas, cuya proclamación se produjo hace ahora un siglo, pues los partidarios de Francisco Largo Caballero y los de Indalecio Prieto iniciaron una fuerte disputa sobre si debían colaborar o no con el nuevo régimen. El debate acabó, incluso, en brotes de violencia y ataques físicos entre los supuestos camaradas.

Cuando Primo de Rivera se pronunció en Barcelona el 13 de septiembre de aquel año, Pablo Iglesias todavía vivía. Eso no impidió que, en ese mismo instante, el PSOE y su sindicato afín, UGT, recomendaran a sus militantes que no prestaran aliento al golpe de Estado, pero también que no se tomaran iniciativas en contra de él, para intentar frenarlo, sin recibir instrucciones de sus mandatarios. El comunicado conjunto, de hecho, aprovechaba para criticar duramente al gobierno legal y legítimo que, hasta ese momento, presidía Manuel García Prieto:

«Ningún vínculo de solidaridad, ni siquiera de simpatía política, nos liga con los gobernantes. Al contrario: merecen de nosotros los más duros reproches por haber incumplido desde el poder cuantas ofertas hicieron antes de escalarle, y en singular aquellas por las cuales pudo abrigar el país la esperanza de ver, si no resuelto, por lo menos decrecido en su dolor el problema de Marruecos, devorador insaciable de todas las energías nacionales».

Ambas organizaciones, además, aprobaron la reunión que se celebró, a petición de Primo de Rivera, con Manuel Llaneza, diputado socialista por Asturias y secretario del sindicato minero asturiano. Cuando este llegó a la Estación del Norte, en Madrid, para reunirse con el dictador, un vehículo oficial del ministerio de la Guerra le estaba esperando para trasladarlo a la sede del nuevo Gobierno militar. Una vez allí, Primo de Rivera hizo una propuesta que todavía hoy nos puede sorprender: una colaboración entre su nuevo Directorio y los socialistas con el objetivo de mejorar la situación de los trabajadores.

El PSOE y la dictadura estrecharon poco a poco sus lazos durante los siguientes meses. El 29 de noviembre de 1923, el nuevo gobernador militar de Madrid, Juan O´Donnell, llegó a visitar la Casa del Pueblo de la calle Piamonte, sede del partido y el sindicato socialistas, y hasta terminó elogiando los trabajos que realizaban con los obreros madrileños. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con este buen entendimiento, pues preferían la confrontación con los que hasta ese año habían sido sus peores enemigos.

Por un lado estaba Largo Caballero, que era secretario general de la UGT y estaba convencido de que era necesario colaborar con la dictadura para que no se prohibiera la acción sindical, mientras que los seguidores de Indalecio Prieto se negaban en rotundo. Los segundos pensaban que aquello no era un movimiento inteligente ni una simple medida para aprovechar las circunstancias, sino una grave traición a los principios que habían defendido siempre. La ruptura se consumó cuando el primero aceptó entrar en el organigrama del Gobierno dictatorial.

Primero fue vocal de la Organización Corporativa Nacional creada por el ministro de Trabajo Eduardo Aunós y, a continuación, entró a formar parte en el Consejo de Estado como vocal. En este último cargo se comprometió, incluso, a estudiar la derogación de la Constitución de 1876, mientras promovía la constitución de Comités Paritarios destinados a mediar y resolver los conflictos sociales. En la práctica la UGT copó la representación obrera, hasta el punto de desplazar a los sindicatos católicos, a pesar de que Primo de Rivera afirmó en numerosas ocasiones que se iba a inspirar en los principios de cooperación de la Doctrina Social de la Iglesia.

Esta cooperación entre el dictador y los socialistas se extendió a todos los rincones del país. Indalecio Prieto se sintió tan traicionado que dimitió de la Comisión Ejecutiva del PSOE. El futuro jefe del Gobierno republicano, Manuel Azaña, describía así aquellos días extraños: «Según me ha contado muchas veces Largo Caballero, durante la dictadura la Guardia Civil se comportó rectamente con los obreros y los campesinos, y no maltrató a nadie, como solía hacer en tiempo anterior. A poco de venir la dictadura, la Guardia Civil maltrató y atormentó a unos campesinos en un pueblo de Extremadura. Vinieron a Madrid a quejarse, Largo Caballero escribió al general Nouvilas, secretario del Directorio Militar; se comprobó la denuncia y el Directorio dio órdenes, que fueron cumplidas, para que tales cosas no ocurrieran más».

Gracias a este entendimiento, el PSOE y UGT siguieron conservando su condición de legales y hasta podían celebrar sus congresos, al contrario que otras organizaciones como los anarquistas de la CNT, que fueron proscritos debido a sus acciones terroristas. Y cuando en 1927 el régimen creó la Asamblea Nacional Consultiva para preparar un proyecto de Constitución, se ofrecieron seis puestos a la UGT, que dirigentes socialistas muy destacados, como el profesor Julián Besteiro, se manifestaron a favor de aceptar.

Al final, la mayoría de los socialistas votaron en contra de este paso en el congreso celebrado en julio de 1928, en el que Prieto propuso la retirada inmediata de los ayuntamientos y del Consejo de Estado. La mayoría de los presentes, incluidos Largo Caballero, Besteiro, Llaneza y Andrés Saborit, se negaron con 5.388 votos frente a 740, y la corriente de los colaboracionistas siguió tan pancha por su camino. Cuando Primo de Rivera dimitió en enero de 1930 y fue sustituido por el general Dámaso Berenguer, este recibió un informe del director general de Seguridad en el que exponía:

«La actuación socialista durante los seis últimos años ha sido francamente gubernamental. La legislación obrera, y más especialmente la creación de los Comités Paritarios, han sido causa determinante de que, pese a la enorme crisis de trabajo, los obreros afiliados al Socialismo hayan resistido insinuaciones y gestiones, y se hayan negado sus jefes en repetidas ocasiones a cooperar en los movimientos de revuelta y agitación política para los que muchas veces fueron requeridos».