La institución del siglo XII que los independentistas catalanes quieren restaurar para acabar con el poder de Madrid

En otras ocasiones lo intentos han sido mucho más curiosos y sorprendentes, como en julio de 2010, cuando el Parlamento catalán dio luz verde a la restauración de las veguerías: una organización territorial que había existido en Cataluña desde el siglo XII hasta el XVIII. Los independentistas y los nacionalistas no estuvieron muy lejos de conseguir su objetivo con el apoyo del presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla. Su propuesta era nada menos que acabar con las cuatro provincias catalanes actuales y tumbar así la famosa división de Javier de Burgos en 1833.

«Las veguerías no pueden conllevar polémica alguna, dado que no se discute la capacidad de la Generalitat para llevar a cabo la administración del territorio. Adaptar las diputaciones a las demarcaciones vegariales es posible desde el punto de vista legal», aseguró Montilla en Onda Cero sobre los artículos del Estatuto catalán que se refieren a este sistema de organización. Una medida que recibió fuertes críticas, incluso, por parte de algunos de sus compañeros en el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

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En un principio plantearon la posibilidad de establecer cuatro veguerías que coincidieran con las cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Sin embargo, el objetivo que escondían los separatistas era iniciar una serie de negociaciones con el Gobierno de España para que, lo más pronto posible, pudieran crear tres veguerías más: Terres de l'Ebre, Cataluña Central y Alt Pirineu i Aran.

La división territorial de Cataluña ha sido históricamente un tema polémico, que ha levantado fuertes ampollas no solo en dentro de la comunidad autónoma, sino en todo el país. Esa fue la razón por la que la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias promovió un plan de reformas políticas y administrativas a la muerte de Fernando VII. La más importante fue esta nueva organización de España que encargó a De Burgos, su ministro de Fomento, contra la que se han posicionado siempre los independentistas.

La idea surgió a finales del siglo XVIII, a raíz de las descripciones que algunos intelectuales y políticos realizaron de la organización territorial española. Por ejemplo, esta del poeta valenciano León de Arroyal : «El mapa general de la Península nos presenta cosas ridículas de unas provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas partes, capitales situadas en las extremidades de los partidos, intendencias extensísimas y otras muy pequeñas, obispados de cuatro leguas y obispados de 70, tribunales cuya jurisdicción apenas se extienden más allá de los muros de una ciudad y otros que abrazan dos o tres reinos. En fin, todo aquello que debe traer consigo el desorden y la confusión».

A principios de ese mismo siglo, el primer Rey de la dinastía borbónica, Felipe V, ya había introducido en España la figura del intendente, una especie de gobernador provincial para asuntos económicos con el que quería tener más poder sobre lo que ocurría más allá de Madrid. Sin embargo, esta figura no tenía casi poderes reales, que eran del corregidor (administraba la justicia y el gobierno). La estructura sirvió para seguir la evolución de la división administrativa del país y, de hecho, el mapa de intendencias va cambiando a lo largo de ese siglo: en 1718 había 18; en 1749, 25; a finales de siglo, 35. Algunas como Murcia, Toledo y Sevilla ocupaban territorios mayores que los de las provincias actuales, y otras, como La Mancha, no existen hoy como provincia ni como comunidad autónoma.

En 1810, bajo la dominación francesa, España fue dividida en 38 prefecturas, pero hasta 1822, todavía existían tres provincias que hoy han desaparecido. Un caos con el que el Gobierno central tuvo que lidiar durante muchos años y con el que le resultaba muy complicado hacer llegar sus órdenes a los numerosos pueblos y regiones históricas que tenía la Monarquía. Había jurisdicciones inferiores, intendencias, partidos, corregimientos, alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares, realengos, órdenes, abadengos o señoríos que convertían a España, a diferencia de otros países de Europa, en un lugar «abigarrado, complejo, confuso y caótico», según calificaba Aurelio Guaita, catedrático de Derecho Administrativo, en 'La división provincial y sus modificaciones' (DA Estudios, 1972).

En octubre de 1833, Javier de Burgos fue nombrado Secretario de Estado y del Fomento General del Reino, durante el Gobierno de Cea Bermúdez, para acabar con este desorden, mediante una nueva división del país. Un mes después, se aprobaba el decreto por el que España quedaba dividida en 49 provincias. Una obra de extraordinaria importancia si tenemos en cuenta que estas han permanecido casi intactas al cabo de un siglo y medio, con la aparición de tan solo una más, en la antigua provincia canaria. Todas ellas, bautizadas con el nombre de sus capitales, excepto las provincias de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que aún conservan sus denominaciones.

La nueva España dibujada por De Burgos tenía, además, 14 regiones. Y a partir de abril de 1834, 463 núcleos de población con juzgado de primera instancia. Un organización establecida por Real Decreto, cuyas provincias el ministro definía como «el Centro de donde partiese el impulso para regularizar el movimiento de una máquina administrativa». Sin embargo, esta nueva estructura no siguió un criterio meramente geográfico, a diferencia del modelo francés que era algo más racionalizado. En España se tuvieron en cuenta también aspectos históricos, respetando las divisiones de los antiguos Reinos y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la distancia y el número de habitantes de cada núcleo de población.

Llegar hasta aquí no fue fácil. Requirió de mucho tiempo y paciencia dividir el territorio español tal y como lo conocemos actualmente, que apenas sufrió unos pequeños cambios y se tuvo que enfrentar siempre a la histórica reivindicación de la veguerías. Sobre todo, desde el inicio del catalanismo político en el siglo XIX y hasta el primer tripartito catalán en 2003, que volvió a dar un impulso a esta idea medieval, no sin algunas divisiones internas. Por ejemplo, las disputas entre Tarragona y Reus porque ambas querían ser capital de veguería, las reivindicaciones de Vic, Penedès y Val d'Aran por ser veguería propia y el rechazo de la ciudad de Lleida a que la provincia se partiera en dos.

A lo largo de la historia, Cataluña ha contado con diferentes organizaciones territoriales, siendo las veguerías una de las más importantes. Tras crearse en el siglo XII, fueron variando a lo largo de la historia: Bages, Barcelona, Berga, Besalú, Camarasa, Camprodon, Cervera, Girona, Lleida, Montblanc, Osona, Pallars, Ribagorça, Ripoll, Tarragona, Tàrrega, Tortosa y Vilafranca del Penedès. Además, existían subveguerías, como la del Vallès, y al frente de cada una de estas había un veguer.

En 1716, con el Decreto de Nueva Planta, el mapa catalán se reordenó con 12 corregimientos: Tortosa, Tarragona, Lleida, Talarn, Puigcerdà, Manresa, Vic, Girona, Mataró, Vilafranca del Penedès y Barcelona. La Val d'Aran era considerada un distrito especial. Esta división duró menos de un siglo, porque Napoleón, entre 1808 y 1814, estableció cuatro departamentos: Ter, con capital en Girona; Montserrat, con capital en Barcelona, y Segre y Les Boques de l'Ebre, con una sola capital en Lleida. Así hasta que llegó la reforma de Burgos, que acabó con la confusión anterior.