Dos actas inéditas para denunciar los fraudes electorales en España

Aunque poca gente lo sabe, sus kilométricas estanterías repletas de protocolos y actas, fechados entre 1504 y 1918, están accesibles en la céntrica calle Ramírez de Prado número 3 para todo el que quiera descubrir rincones desconocidos de nuestro pasado. «Hace unos tres años estaba buscando documentación, junto a mi compañero Antonio Linage [notario, historiador y cronista oficial de Sepúlveda], para llevar al Congreso Notarial de Málaga. Queríamos algo de Joaquín Costa, porque la gente no sabe que fue notario en Madrid a finales del siglo XIX y queríamos ponerlo en valor», explica a ABC el autor del ensayo 'De escríbanos a notarios. Apuntes de una historia del notariado español' (Basconfer, 2021), una obra que, para su sorpresa, al ser «un tema, al menos en teoría, farragoso», va a publicar su sexta edición.

En realidad, la notaría de Costa era modesta y, en los siete años que estuvo abierta, autorizó «pocos documentos». A pesar de ello, a un experto como Barrios no le sorprendió encontrarse alguno de ellos, puesto que sabe que, desde que los Reyes Católicos promulgaron la Pragmática del 7 de junio de 1503 –una ley que representó el nacimiento del protocolo notarial moderno–, en España es obligatorio conservar todas la actas, con el texto completo de lo que se certifica. Esa es la razón de que hoy tengamos millones.

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«La sorpresa de verdad fue encontrar estas dos actas, autorizadas con ocasión de las elecciones municipales del 12 de mayo de 1895 y escritas de su propia mano. Además, iban seguidas. Aún lo recuerdo, la número 44 y la 45 de su tomo», continúa. En la primera, Costa da fe de haberse presentado a las ocho de la mañana en el colegio electoral de la calle Campoamor, 6, por petición de José Ramón Osorio y Heredia, conde de Corzana, que pertenecía al Partido Liberal de Francisco Silvela, pues sospechaba que se iban a producir irregularidades. Nada más verle entrar, el presidente de la mesa, con malos modos, le dice que no puede levantar ningún acta ni permanecer en el local.

Joaquín Costa escribe: «Me conminó a que inmediatamente saliera a la calle. En uso de mi derecho como notario y para cumplir con mis deberes profesionales, he desatendido tan ilegal y arbitraria conminación. El presidente, entonces, ha ordenado a dos guardias de seguridad que me llevaran detenido. Como no he hecho caso y seguía tomando notas, les ha ordenado que me sacaran a rastras del colegio. Uno de ellos ha llegado a cogerme del brazo, titubeando como si se sintiera en conflicto entre dos deberes. A grandes voces el presidente ha pedido que se hiciera venir a más guardias, y como tales esfuerzos tardaban en llegar, he podido seguir en el lugar. De hecho, sigo escribiendo».

«¿Por qué le quería echar? –se pregunta ahora Barrios–. Pues porque en los colegios electorales españoles estaban acostumbrados a manipular los votos y no les interesaba que viniera un notario a levantar acta de lo que ocurría. El presidente sabía que estos no se casan con nadie, que son una garantía de imparcialidad y no aceptan componendas, por eso quiso expulsarle de forma brusca. Pero… ¡Cuidado! ¡Menudo era Costa! Dice que no se va porque tiene que cumplir su cometido. Me pareció asombroso, porque es la defensa ante un medio hostil de la labor imparcial del notario, que intenta dejar constancia de si se están cometiendo irregularidades o no. Costa anotó que el hecho de que intentaran echarle era, cuanto menos, sospechoso».

En realidad, durante esos años el fraude electoral en España estaba a la orden del día. Era lo que Miguel Unamuno llamó la «charca palúdica», en referencia a las aguas estancadas y llenas de enfermedades que conformaba aquel sistema político creado por Cánovas del Castillo en 1876, que se prolongó hasta 1923: la Restauración. Se había construido un engranaje con apariencia democrática en torno a la figura de Alfonso XII, pero que se basaba en la alternancia de los dos principales partidos del país: el liberal y el conservador.

Como han sugerido la mayoría de historiadores, todas las técnicas empleadas para asegurar ese turnismo se basaban en lo que se conoce como 'pucherazo'. Ese fue el acuerdo al que llegaron los líderes de ambas formaciones, Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, con el pretexto de asegurar la estabilidad del país y no caer en la violencia de la Primera República que les precedió. En ese contexto, el cambio de poder dependía, sobre todo, de la voluntad de los caciques, que imponían a sus candidatos a base de billetes.

De ello dio buena cuenta ABC casi desde su fundación, como refleja esta noticia de 1905 sobre las denuncias realizadas por Joaquín González de la Peña, poco después de ser nombrado ministro de Justicia: «El ministro se ha dirigido a los fiscales para señalarles algunos abusos graves se cometen en las contiendas electorales, como la compra de votos [...]. Dijo que, con respecto a esta repugnante inmoralidad que hace años se viene generalizando en no pocas provincias, encarece a todos los funcionarios la imperiosa y suprema necesidad de perseguirla con la mayor severidad y energía. Los presidentes y fiscales deberán emplear todo el rigor de la ley para perseguir y castigar a los que venden su voto y a los que lo compran».

Según Barrios, estas actas fueron frecuentes en el siglo XIX, aunque no se hayan dado a conocer. Las dos de Joaquín Costa, de hecho, no habían aparecido jamás en prensa. También fueron fuente de situaciones delicadas para los notarios. La Ley electoral de 28 de diciembre de 1878, siendo ministro de la Gobernación Francisco Romero Robledo, «gran muñidor de las elecciones», evitó mencionar a los notarios entre quienes tenían acceso a los colegios electorales. «Quizá porque no le interesaba su presencia, a buen seguro sería incómoda, aunque la norma tampoco lo impedía. Esa ambigüedad provocó muchas maniobras», precisa el historiador.

Sin embargo, la Ley de 26 de junio de 1890 corrigió tal omisión y les permitió entrar para dar fe de cualquier acto relacionado con la votación. Y entre los delitos electorales se tipificó los que se perpetraran contra los notarios. Esa es la razón de que, finalmente, el presidente del colegio de la calle Campoamor no pudiera echar a Costa. Antes de esta norma se actuaba con total impunidad por el vacío legal. Barrios cita varios ejemplos: en La Roda (Albacete) se usó al Ejército para expulsar a un notario; en Santa María de la Nieva (Segovia), otro fue encarcelado, y en Pozoantiguo (Zamora), uno más fue secuestrado hasta el cierre de las urnas.

La segunda acta de Joaquín Costa, la número 45, tuvo lugar esa misma mañana del 12 de mayo de 1895 en el colegio de la calle Génova, 6, enfrente de la actual sede del PP. A mediodía, se personó allí el líder del Regeneracionismo, movimiento que propugnaba el fin del caciquismo y la corrupción, así como el fomento de la educación y la cultura para reducir la pobreza y europeizar a los ciudadanos. El motivo del requerimiento fue que «se habían presentado a votar varios sujetos con nombre supuesto, que usurparon el nombre de electores ausentes o muertos».

Estos farsantes depositaron sus votos y, al llegar los electores reales, no se les permitió votar «por haberlo hecho ya», según se leía. Así, hasta en 22 ocasiones, conforme hace notar en el acta que se incluye en estas páginas, con los nombres y apellidos de todos los afectados. «Esta tiene un indudable interés político porque refleja que se presentaron nada menos que Francisco Silvela [elegido presidente del Gobierno cuatro años después], Raimundo Fernández de Villaverde [presidente en dos ocasiones a principios del siglo XX] y el hermano del Conde de Romanones. No era nada habitual encontrar a personajes tan relevantes en estos documentos notariales», añade Barrios.

El político y periodista Valentín Almirall ponía así el foco en este abuso en su ensayo 'España tal cual es' (1886): «Las elecciones son una farsa […]. Se hacen listas de electores poniendo nombres reales entre nombres imaginarios y, sobre todo, de difuntos que, al votar, están representados por empleados vestidos de civil. El autor de estas líneas ha visto muchas veces cómo su padre, muerto hace años, acudía a depositar su voto en la persona de un barrendero o un policía vestido con un traje prestado».