Los crímenes del FRAP, la organización terrorista que asesinó a cinco policías

Dentro de las ramificaciones del PCE que surgieron en la década de los años sesenta tras la decisión de su líder, Santiago Carrillo, de apostar por una política de reconciliación para poner un final pacífico al Franquismo, el PCE (m-l) o, lo que es lo mismo, el Partido Comunista de España (marxista-leninista), se alzó para impulsar la lucha radical y retornar el proceso revolucionario que se vio interrumpido por la Guerra Civil. Esta facción comunista, que abogaba porque la URSS regresara a las líneas maestras de Stalin, no contemplaba, como el resto de partidos comunistas españoles, la violencia como una posibilidad o un instrumento teórico, sino que la consideraba una «necesidad ineluctable» para alcanzar sus metas.

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Frente a lo que calificaban como un «monstruoso aparato terrorista» en manos del Franquismo, el PCE (m-l) justificaban el uso de la «violencia de autodefensa» a través de distintas acciones cada vez más sangrientas. En base a estas razones, el PCE (m-l) creó junto a otros grupos disidentes el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) para llevar a cabo sus acciones terroristas contra elementos del régimen y dotar a los pueblos de España de «un instrumento unitario de lucha antifranquista». En una reunión celebrada el 23 de enero de 1971, en un piso de París propiedad del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, se concretaron los seis puntos programáticos en los que se basaría el FRAP:

-Derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo estadounidense de España mediante la lucha revolucionaria.

-Establecimiento de una República Popular y Federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para las minorías nacionales.

-Nacionalización de los bienes monopolísticos y confiscación de los bienes de la oligarquía.

-Profunda reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios.

-Liquidación de los restos del imperialismo español.

-Fundación de un Ejército al servicio del pueblo.

Sin embargo, la constitución formal del FRAP no tuvo lugar hasta dos años después en una Conferencia Nacional celebrada en París en la que Julio Álvarez del Vayo, ministro del PSOE de Largo Caballero durante la Guerra Civil, fue elegido su presidente y se ratificaron sus puntos programáticos. En los cinco años que este grupo terrorista estuvo activo, llevó a cabo acciones de «guerrilla urbana» y protagonizó varios enfrentamientos de cuerpo a cuerpo con las Fuerzas de Orden Público (FOP) franquistas.

El grupo se involucró en acciones de protesta clásicas como las manifestaciones, las huelgas, el reparto de propaganda, pero también exploró vías más agresivas como el lanzamiento de cócteles molotov a sucursales bancarias, el robo de armas, las agresiones a personas vinculadas a la autoridad y la confiscación de propiedades.

Conforme se produjo un aumento de la movilización social y la conflictividad laboral, el FRAP fue elevando su apuesta por la violencia. En 1973, el PCE (m-l) consideró que era el momento de que el FRAP abrazara por completo la lucha armada.

Durante la manifestación de ese año del Primero de Mayo en Madrid, un grupo de «autodefensa» del FRAP emboscó en las cercanías de la Estación de Atocha a miembros de las FOP con un resultado de una veintena de agentes heridos por armas blancas y un agente de la Policía muerto. El fallecido era un joven llamado Juan Antonio Fernández Gutiérrez que recibió una puñalada en el hemitórax izquierdo, a la altura del corazón.

El FRAP reivindicó el ataque como la respuesta de «la violencia revolucionaria a la violencia fascista» y el origen de «una justicia popular que empieza ya a organizarse en toda España». A pesar de que una operación policial a gran escala acabó con un gran número de detenidos, el grupo marxista leninista continuó operando en los siguientes años y, a propósito de la primera hospitalización de Franco en 1974, dio otro paso hacia una fase superior de lucha. La posibilidad de que una revolución naciera con el final de la dictadura franquista alentó los ánimos en las filas de los comunistas más radicales y les impulsó a matar a más agentes.

La rama militar del FRAP, que carecía de militares especializados y tenía unas armas muy precarias, dirigió sus ataques contra todos los «agentes de uniforme», lo que se traducía en atentar contra los policías, guardias civiles y miembros del ejército que, indiferentemente de su ideología o su posición en el escalafón, se pusieran a tiro. Con objeto de abastecerse, el grupo realizó numerosos asaltos a bancos, multinacionales de maquinaria de impresión y hasta a algún furgón de traslado de dinero.

Coincidiendo con un aumento de los atentados de ETA, el FRAP desarrolló en 1975 una campaña terrorista en Madrid, Barcelona y Valencia con un resultado de tres muertes (los policías Lucio Rodríguez y Juan Ruiz Muñoz y el teniente de la Guardia Civil Antonio Pose) y cuatro heridos algunos de gravedad (dos de la Policía Armada, un Guardia Civil y un soldado norteamericano que fue herido en una pierna cuando venía de una sala de fiestas).

Las víctimas fueron atacadas cuando se encontraban fuera de servicio, aisladas o en labores totalmente ajenas a cuestiones políticas. Así fue el caso del agente Lucio Rodríguez, de 23 años, que no llevaba ni un año en el cuerpo cuando fue disparado por la espalda mientras prestaba servicio de vigilancia en la puerta de las oficinas de Iberia en Madrid. Atacar los intereses turísticos españoles, que tantos réditos daba a la economía del país, era otro de sus objetivos en su campaña por debilitar al Franquismo.

Las fuerzas policiales respondieron a estos atentados con centenares de detenciones de militantes comunistas y la condena a pena de muerte de ocho miembros del FRAP, de los cuales tres serían fusilados junto a varios terroristas etarras en la madrugada del 27 de septiembre de 1975. La elevada cifra de condenados a muerte ese año, algo desconocida desde el final de la Guerra Civil, despertó una oleada de presiones internacionales para evitar los últimos coletazos de la dictadura.

Ojo por ojo, y todos ciegos. Como respuesta a los últimos fusilamientos del Franquismo, el FRAP ordenó dos días después un atraco armado en la pagaduría de la Residencia Sanitaria Valle de Hebrón de Barcelona. Los terroristas, que se encontraban mezclados entre el personal de la residencia, abrieron fuego con pistolas y metralletas contra una pareja de Policías Armados que se encontraban allí de vigilancia. Diego del Río Martín, de 25 años falleció durante el tiroteo, mientras que su compañero Enrique Camacho Jiménez pudo reponerse de las heridas de bala a pesar de su gravedad. El grupo se hizo con un botín de 21 millones de pesetas que empleó en seguir con sus actividades violentas.

Cuando a la muerte de Franco la posibilidad de una revolución parecía descartada por la gran mayoría de la población española, incluido el PCE oficial, la apuesta terrorista por la cultura del conflicto, extraída por el FRAP de la Guerra Civil, tuvo que retroceder frente a la apuesta por la cultura del consenso. El FRAP se opuso al proceso de reconciliación iniciado en la Transición y continuó apoyando acciones de protesta y cometiendo pequeños delitos. Entre 1976 y 1978 su actividad fue cayendo en la intrascendencia.

Con todo, resulta difícil determinar cuándo abandonó el FRAP definitivamente las armas y si estuvo involucrado en alguna de las muchas acciones violentas que ocurrieron durante la Transición, donde los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) tomaron el testigo en cuanto a violencia de izquierda. Cuando el 12 de julio 1979 el hotel Corona de Aragón se incendió causando la muerte de 78 personas y dejando 113 heridas, algunos dedos señalaron a que se trataba de una acción del grupo terrorista leninista debido a que muchos de los huéspedes fallecidos estaban de alguna manera vinculados a la Academia General Militar de Zaragoza .

Tanto Radio Zaragoza como el periódico 'El Heraldo' recibieron llamadas ese día en las que supuestos representantes de ETA y el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico reivindicaban el ataque. Cuarenta y un años después no se ha podido demostrar la implicación de ninguno de estos grupos, ni tampoco del GRAPO, otro de los sospechosos habituales por aquel periodo.

La muerte del guardia de seguridad Jesús Argudo Cano, producida en Zaragoza el 2 de mayo de 1980, también fue atribuida al FRAP e incluso la Fundación de Víctimas del Terrorismo así lo señala en su libro 'Víctimas del terrorismo, 1968-2004'. Sin embargo, los miembros del FRAP siempre lo han negado en base a que el grupo terrorista ya estaba completamente inactivo en esas fechas.