Tres misterios históricos de España que la ley de secretos de Franco no permite desvelar

La polémica está servida. Y más, cuando sabemos que 'Plus Ultra' no puede sacar pecho de números en el último año y que cuenta con lazos con el ejecutivo venezolano. Sin embargo, que a esta aerolínea marginal y prácticamente desconocida no parece haberle servido la inyección de euros del Gobierno es tan cierto como que la Ley 9/1968 –más conocida como 'Ley de secretos oficiales'– esconde bajo su alargada sombra otros tantos enigmas históricos que no parece que se vayan a resolver a corto plazo. Entre ellos, algunos casos de violencia protagonizados por los GAL , documentos relacionados con el 23-F y la descolonización del Sáhara.

Entre los mayores secretos que la ley impide desvelar se hallan los informes sobre los GAL ( Grupos Antiterroristas de Liberación ). Cuesta no conocer su trascendencia en la historia reciente, esa que todavía palpita entre la sociedad. Sin embargo, es posible que los más jóvenes del lugar no sepan que estos 'escuadrones de la muerte', como los denomina el investigador Luigi Bruni en sus obras, se dieron a conocer a gran escala el 16 de octubre de 1983. Aquella jornada secuestraron a los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala . Ambos, torturados y asesinados, iniciaron una era negra conocida como la de la ' guerra sucia ' contra el terrorismo de ETA.

Los GAL coparon portadas y estremecieron a España al amparo de su máxima, entregada a finales de ese año a las autoridades: «A causa de los crecientes homicidios, extorsiones y secuestros por parte de la organización terrorista ETA en el territorio español, pero programadas y dirigidas en territorio francés, hemos decidido acabar con esta situación. Todo asesinato de ETA encontrará su venganza». El grupo informaba también de que ni una sola víctima permanecería sin respuesta, que cada asesinato tendría una respuesta necesaria y que, a nho mucho tardar, tendrían respuesta del GAL. Lo hicieron durante cuatro años que coincidieron con el gobierno de Felipe González .

Estos grupos parapoliciales se cobraron en total 26 vidas entre presuntos miembros de ETA y personas de la órbita 'abertzale'. Y su hedor no tardó en señalar hacia las cúpulas del Ministerio del Interior. José Barrionuevo , entonces al frente del organismo, repitió hasta la saciedad que el Gobierno no tenía que ver con aquellos secuestros y asesinatos y que su «responsabilidad llega hasta donde llega la frontera francesa». Tras una serie de investigaciones, los dedos apuntaron también a agentes como José Amedo , cuyas cuentas bancarias no paraban de engordar. Felipe González apoyó durante años su labor: «Amedo, como todos los demás funcionarios del Estado que luchan contra el terrorismo, tiene derecho a sentirse defendido por el Gobierno de la nación».

Bastante tuvo González con defenderse a sí mismo. En los años posteriores, el presidente socialista se vio salpicado una y otra vez por las suposiciones de que él había sido el arquitecto de los GAL. Cosa que siempre negó, por cierto, a pesar de que el mismo Amedo cargó contra él durante un juicio en 2011. « Estaba detrás de todo », afirmó. En todo caso, desde el punto final de estos grupos parapoliciales la tensión sigue en ebullición. De hecho, nunca ha parado de hervir. La última vuelta de tuerca se le dio a este tema el pasado agosto, cuando varios medios publicaron que, aunque el PSOE apoyaba la derogación de la ley de secretos, veían con buenos ojos mantener en el fondo del cajón los informes sin desclasificar sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación.

Uno de los hechos sobre los que más secretismo ha existido a lo largo de las últimas décadas ha sido la descolonización del Sáhara ; un controvertido evento que sacudió España en los últimos momentos de vida del dictador. El culmen de este suceso saltó a la prensa el 6 de noviembre de 1975, con el país a las puertas de la navidad y Franco agonizando en la cama. Fue por aquel entonces cuando el rey de Marruecos, Hassan II , inició la llamada ‘ Marcha verde ’. Arropado por el apoyo de Estados Unidos, el monarca llamó a la invasión «pacífica» de este territorio después de que La Haya rechazara sus reclamaciones sobre él. Su plan era llegar a El Aaiún, donde prometió tomar el té en menos de una semana.

Según narró ABC, a la llamada de Hassan II acudieron 350.000 civiles y 25.000 militares «En once días de movilización general, han sido 225.000 los voluntarios de 22 provincias marroquíes los que han hecho escala en Marrakech, donde han asistido al desfile de los 580 camiones que van a emprender la ruta hacia el sur, entre el delirio popular», afirmaba el enviado especial de este diario al Sáhara. La marcha arrancó en Tarfaya y se detuvo horas después en la frontera. Aunque por poco tiempo. El justo para el Gobierno marroquí informara a su par español de que aquella avalancha humana era imparable y que, si no retiraban sus fuerzas, se producirían enfrentamientos en la zona.

España reculó a medias. En principio se limitó a replegar a sus hombres hasta la ciudad de El Aaiún con el objetivo en mente de que la capital no fuese tomada. Ha trascendido que se sucedieron varios enfrentamientos entre marroquíes y españoles, aunque el férreo control que la dictadura ejercía sobre la prensa hacen que sea imposible conocer el verdadero alcance de los combates. En todo caso, no hizo falta que hubiese muchos disparos para que Madrid prefiriera plegar velas y sucumbir a las presiones políticas de Marruecos. Y eso, a pesar de que Hassan II sabía que era inviable que aquella marabunta tomase el Aaiún sin que se produjese una verdadera carnicería.

Pero la presión funcionó y se cumplieron los pronósticos del monarca marroquí: «La marcha no durará más de algunas horas si llegamos a un acuerdo con España de aquí a tres días». Acertó de plano. El 10 de noviembre, apenas cuatro jornadas después del comienzo de la ‘ Marcha verde ’, Hassan II ordenó la retirada del gigantesco convoy que se dirigía hacia el Aaiún y anunció que iba a «desocupar el Sahara español y retroceder nuevamente hasta las antiguas posiciones de Tarfaya». El 14 de ese mismo mes la crisis tocó a su fin cuando el Gobierno confirmó que había entablado negociaciones para firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid : la entrega del territorio a Marruecos y Mauritania. La controversia, sin embargo, sigue en alza, pues son más los oscuros que los claros al hacer referencia a estos días de pesadilla.

El tercer suceso cuyos informes permanecen ocultos bajo esta ley se puede resumir en una frase... «¡Quieto todo el mundo! ¡Al suelo!». Con estos gritos y empuñando una pistola Star BM en la mano derecha entró el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 . Fue a las 6 y 23 minutos de la tarde, cuando el diputado Manuel Núñez Encabo había sido llamado a la votación. Y es que, aquel día se estaba celebrando el debate de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente tras la dimisión de un Adolfo Suárez (UCD) ya acorralado políticamente. El Guardia Civil no llegó solo. Iba acompañado de una cuarentena de compañeros dispuestos, según parecía, a ejecutar el «cambio de timón» que algunos sectores ocultos de España pedían desde hacía meses.

Los siguientes minutos los pasaron sus señorías, salvo excepciones, de cara al suelo. Las armas son las armas. El trasiego de uniformados se generalizó en la sala, y su obsesión por el silencio informativo quedó patente. Al fin y al cabo, se hizo famosa la frase que uno de los asaltantes espetó a los reporteros: «No intentes tocar la cámara, que te mato». A pesar de todo, la valentía de los periodistas permitió que, a posteriori, todo el mundo escuchara las palabras del capitán Jesús Muñecas Aguilar , subordinado de Tejero: «Buenas tardes, No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer... lo que tenga que ser y lo que él mismo... diga a todos nosotros. O sea que estense tranquilos. No sé si será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora.. me imagino que no más».

Esa autoridad jamás se personó ante los diputados. Poco después, a eso de las siete de la tarde, el golpe de Estado siguió su curso. A esa hora Jaime Milans del Bosch , un militar adorador del viejo régimen y capitán general de la III Región Militar, sacó, como se suele decir, los tanques a las calles de Valencia. Sobre el papel, su excusa era la falta de gobierno. Extraoficialmente, esperaba que un golpe de fuerza como aquel hiciera que el resto de territorios se alzasen contra la democracia. Mientras, los muchísimos militares y policías leales rodeaban el Congreso al mando de José Luis Aramburu Topete (director general de la Guardia Civil) y Juan Carlos I iniciaba una extensa ronda de llamadas a todas las Regiones Militares dejando claro su total apoyo a la democracia.

Independientemente de quien fuera aquel «elefante blanco», todo terminó a la una de aquella mañana. Fue entonces cuando Juan Carlos I, vestido con su uniforme de capitán general de los ejércitos, dirigió un discurso histórico a los españoles. «Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente».

Un mensaje a Milans del Bosch provocó que los tanques volvieran a sus garajes, lo que significó el golpe definitivo para Tejero. Este, no tuvo más remedio que abandonar el secuestro de los diputados y firmar la rendición el 24 de febrero sobre el capó de un coche. A cambio de retirarse, eso sí, el ya cansado teniente coronel logró la promesa del Gobierno de que todo aquel Guardia Civil presente en el Hemiciclo cuya graduación fuera teniente o menor, no sufriese represalias judiciales.