La revuelta socialista contra la Segunda República que acabó en baño de sangre

Uno de los puntos más calientes de aquellas revueltas protagonizadas por trabajadores socialistas, todos supuestamente afines al nuevo Gobierno republicano, fue Gilena , una pequeña localidad sevillana de menos de 4.000 habitantes. A principios de septiembre de 1931, una parte importante de estos comenzó a promover huelgas y piquetes que se extendieron por otros municipios de la comunidad andaluza. Su repercusión fue tal que el asunto fue discutido en las Cortes Generales.

La mayoría de los diarios nacionales cubrió aquellas movilizaciones que acabaron en tragedia. «El Liberal» hablaba de «los dramas del hambre en el campo andaluz». «El Correo» titulaba: «Matan a tiros a un guardia civil en Gilena». ABC envió a un corresponsal a la zona para informar de «la muerte de este cabo de la Benemérita y otros cuatro paisanos», poniendo el foco en «los problemas provocados por el paro forzoso y los otros conflictos sociales que hay actualmente en España». Los artículos, sin embargo, se quedaron cortos en un primer momento. El balance final fue de seis muertos.

No hay que olvidar que la Segunda República fue el periodo de mayor movilización social del siglo XX. Solo en Sevilla –la provincia donde, junto a Asturias , se produjo el mayor número de protestas contra el nuevo régimen– se convocaron cerca de 250 huelgas. Hasta agosto de 1931 se produjeron 48 de ellas. Y solo en el mes de octubre, el mismo en el que se tuvieron lugar los sucesos de Gilena, hubo diez.

Este periodo coincidía con el de la recogida de aceitunas, la actividad a la que se dedicaba la mayoría de los jornaleros que iniciaron la huelga en la localidad. La crisis agraria fue uno de los problemas más urgentes que tuvo que resolver el primer presidente republicano en Andalucía y Extremadura. El invierno anterior se habían superado ya los cien mil parados en el sector, a lo que había que sumar los bajos salarios y los abusos en la contratación.

Para intentar solucionar esta situación, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero , promovió una serie de decretos que, sin embargo, no fueron suficientes para calmar los ánimos de los trabajadores. Y tampoco contentaron a los patronos, puesto que alguna de estas medidas daba más poder a los sindicatos. En concreto, les daba potestad para impedir la contratación de jornaleros procedentes de otros municipios hasta que los vecinos de la población concerniente no estuvieran empleados.

El 9 de octubre de 1931 ABC informó de una nueva huelga convocada en Gilena, después de que hubiera fracasado una reunión celebrada en el Ayuntamiento del pueblo con los patronos presentes. Los miembros de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), el sindicato que se había implantado en la localidad, llevaban tiempo acusando a los republicanos de haber organizado un centro que únicamente daba trabajo a sus afiliados. Esto desembocó en los primeros choques entre los obreros republicanos y los socialistas del municipio, donde se produjeron ya los primeros heridos. Lo peor, sin embargo, estaba por llegar.

Para intentar reconducir la crisis, el gobierno local fue sustituido por una comisión gestora, pero esta no fue capaz de llegar a un acuerdo con los patronos. El problema obrero continuó y, en esa misma mañana, se organizó un piquete. Algunos jornaleros habían decidido ir a trabajar y sus compañeros de huelga no iban a permitirlo. Un grupo de unos cien trabajadores armados con palos y piedras, incluidas un buen número de mujeres, marcharon hacia el cortijo de «El Marqués» para impedir que sus compañeros se incorporaran a su puesto.

Antes de llegar, el grupo fue interceptado por la Guardia Civil para ser reconducido hacia el pueblo y evitar males mayores. El ambiente estaba tan crispado que, al pasar por la sede del Centro Socialista, se encontraron con más obreros que se sumaron a las protestas. Los agentes comenzaron a recibir insultos de todo tipo. Se pusieron tan nerviosos al ver que la situación se les iba de las manos que apuntaron sus armas contra un grupo de mujeres que les increpaba. Al día siguiente, el gobernador de Sevilla defendía la actuación en ABC: «La Benemérita ha cumplido estrictamente con su deber en todo momento, sin excederse en lo más mínimo». El titular sexista de «El Liberal» simplificaba lo ocurrido: «Una excitación femenina, causa determinante de los hechos».

En medio de la confusión, y cuando pasaban frente a la Casa del Pueblo, se escuchó un disparo y uno de los guardias civiles cayó al suelo. Los agentes comenzaron a disparar contra el centro y desde el interior los socialistas devolvían los balazos, mientras en la calle otros obreros atacaban a los agentes con piedras y armas blancas. Se había iniciado el baño de sangre. Según contaba ABC, «varias mujeres se arrojaron sobre el cabo de la Guardia Civil y le desarmaron».

El balance final: un agente y cinco obreros muertos, varios heridos y 79 detenidos. José Regidor Sanguino fue el cabo que recibió el disparo en la cabeza, además de presentar una herida causada con una aguja de espartero. Rafael Jurado Pérez , Antonio Reina Rodríguez y José Morillas Maireles fueron los obreros que murieron en el acto por los disparos de la Benemérita, mientras que Francisco Reina Reina falleció camino de Sevilla y Francisco Javier Pozoblanco , al día siguiente en el hospital.

Con la intención de recobrar cuanto antes la tranquilidad, el gobernador civil adoptó medidas urgentes como cambiar a los representantes populares y distribuir, sin distinción de matiz político, grupos de seis obreros por cada cien fanegas de tierra. Fue nombrado alcalde un representante de la minoría republicana que ya había ocupado el cargo en Gilena entre 1899 a 1903. También se produjeron donaciones de hasta 1.100 pesetas para las familias de los jornaleros detenidos en Gilena, aportadas por otros centros obreros de Estepa, Aguadulce y el Rubio y el ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Los responsables no sufrieron excesivamente el peso de la ley. La identidad del autor del disparo que acabó con el cabo de la Guardia Civil nunca se supo, pues fue protegido por sus compañeros. Los arrestados y condenados por promover los disturbios fueron liberados menos de tres años después por las Leyes de Amnistía. Y algunos de ellos incluso participaron después en la vida política de la localidad de manera activa.