El presidente de la Segunda República que vaticinó la Guerra Civil y pagó caro criticar a la extrema izquierda

Cuando llegó la Dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923, se mostró al principio benevolente: «Al general le consta —declaró entonces— mi sincero y leal deseo de que este régimen, a cuyo nacimiento e iniciativa nada me liga, realice una misión útil, que por mi parte no encontrará obstáculos». Luego, los intentos de Rivera de perpetuar su régimen llevaron al político cordobés a fundar el partido Derecha Liberal Republicana y a romper con la monarquía en 1930.

Alcalá-Zamora ansiaba una república conservadora, respetuosa con la Iglesia y de corte liberal, algo que tarde o temprano le iba a llevar a colisionar con los republicanos que, como Azaña, pretendían radicalmente lo contrario. Su compromiso con el Comité Revolucionario (que, al producirse el cambio de Régimen, se titularía Gobierno Provisional) dio con sus huesos en prisión tras el frustrado pronunciamiento de Jaca . Para esas fechas ya era un personaje muy popular y una referencia para los liberales hastiados con Alfonso XIII . Las elecciones municipales de abril de 1931 desalojaron del poder a la monarquía y le elevaron como un actor protagonista en los primeros días de la Segunda República.

Las primeras discrepancias entre las distintas familias republicanas comenzaron con la redacción de la Constitución de 1931 , concebida por los partidos políticos de izquierda, sin el consenso de un amplio espectro ideológico, bajo la poco democrática premisa de que los republicanos de izquierda siempre controlarían el poder. Algunos artículos buscaban más la revancha que incluir a amplio grupo de españoles en unas reformas, como las agrarias o educativas, que la gran mayoría de la población respaldaba. Niceto Alcalá-Zamora defendía que quitar derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una «Constitución para una guerra civil» :

«Han hecho de la República más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha, con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio de fundador».

Por su oposición a una constitución anticlerical dimitió de su puesto, pero Manuel Azaña , que encabezó el primer gobierno republicano, se vio en la obligación de convencer a su rival de su vuelta para que ejerciera como presidente de la República. Como un árbitro imparcial, el rostro más situado en el centro. Solo él parecía capaz de tranquilizar a las fuerzas conservadores y de transmitir cierto espíritu de consenso. Sin embargo, las turbulencias de los siguientes años pusieron sobre la mesa la incapacidad del cordobés, hombre comedido y austero, de contentar a todas las partes y respetar las reglas democráticas más básicas.

Con el triunfo del centro derecha en las elecciones de noviembre de 1933, el presidente del Estado se avino a que Alejandro de Lerroux formara gobierno con una reducida participación de las derechas, lo cual ya fue en sí una anomalía si se tiene en cuenta que en esos comicios había sido la CEDA, y no la formación de Lerroux, quien más votos y escaños habían obtenido. Igual de ambigua fue su respuesta un año después cuando la república fue amenazada de muerte.

Frente a los desafíos revolucionarios lanzados desde el marxismo en Asturias y desde el secesionismo en Cataluña, Alcalá-Zamora y el jefe del Gobierno, Lerroux, actuaron con coordinación y rapidez para neutralizar a los responsables. La quiebra entre ambos representantes del poder republicano vino después. Asumiendo en parte la petición de amnistía desde la izquierda para los golpistas, Alcalá-Zamora se esforzó en reducir al mínimo las condenas subsiguientes.

En mayo de 1935, el Gobierno de Lerroux incluyó una mayor representación del partido de José María Gil-Robles , pero el famoso caso del straperlo obligó pronto a los centristas a abandonar el ejecutivo. Fue entonces cuando se presentó la gran encrucijada que marcó la fase final de la Segunda República. En las manos de Niceto Alcalá-Zamora estaba la opción de permitir que Gil-Robles, con suficiente mayoría parlamentaria, formara un gobierno en solitario o bien que se forzara la convocatoria de nuevas elecciones.

Heredero de una cultura política elitista y oligárquica, el cordobés sentía una profunda antipatía hacia la CEDA y, particularmente, hacia su líder José María Gil-Robles . No creía que fuera sinceramente demócrata y, además, le identificaba como un obtáculo para la creación de un centro político más próximo a sus ideas. Por eso mismo desechó la opción de llamar a la CEDA y anunció nuevos comicios para el 16 de febrero.

Para evitar la dispersión de votos de 1933, a estas nuevas elecciones la izquierda republicana se presentó en un amplio bloque que incluía al sector mayoritario y revolucionario del PSOE-UGT, el Partido Comunista español, el POUM, el Partido Obrero Unificado Marxista y la república burguesa de Manuel Azaña y compañía. Una alianza «antifascista» (término que entonces hacía referencia a todo tipo de derechas, incluidos partidos de centro) que originalmente se llamó «bloque de izquierdas», pero que pronto asumió el término, acuñado por la Comintern en Moscú, de «Frente Popular» .

El Frente Popular se hizo con el poder en una elecciones marcadas por la presión en las plazas y las sospechas, confirmadas por el libro «1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular» (Espasa) , de que se produjeron numerosas irregularidades en el recuento de los votos. Reunidas por primera vez las Cortes, éstas, en un gesto a todas luces anticonstitucional, depusieron a Alcalá-Zamora , acusado de haber disuelto sin justificación las Cortes anteriores. Todo un disparate si se tiene en cuenta que fue Azaña, miembro del Frente Popular , y los propios socialistas quienes más habían insistido al presidente para que disolviera las cortes. Aún así, el cordobés se retiró evitando los cantos de sirena que le reclamaban que resistiera:

«Sé que hoy, tal vez mañana, la historia me reprochará no contar con la fuerza, con una razón y medios que otro presidente [opondría] al golpe de Estado parlamentario. Pero no dudo. Ya se acabó mi dietario de presidente».

El presidente de la República dejó el 10 de mayo de 1936 su puesto a Azaña, quien pronto se dio cuenta del error que suponía haber expulsado a uno de los pocos aliados que le quedaban para contener a las izquierdas. La relación entre ambos rozaba la obsesión personal. Alcalá-Zamora acusó a Azaña, pretendido demócrata, de haber vulnerado el Estado de Derecho durante una reunión del Consejo de Ministros:

«A ratos ha perdido Azaña por completo los estribos. Después de haber dicho que él no quiere mantener situaciones ilegales o arbitrarias, dijo que no tendría escrúpulos para, con su mayoría, dictar leyes que obligasen a los tribunales a servir su política. Entonces le dije que esos escrúpulos quien los siente soy yo, que no quiero, y de veras, situaciones arbitrarias, y que habiendo prometido cumplir la Constitución no puedo consentir se atropelle la inamovilidad de los tribunales, cuidando la docilidad de estos, importándome poco que lo pretendan ahora ellos, porque haré lo mismo que hice cuando Lerroux y Acción Popular quisieron coaccionar a los tribunales, en daño precisamente del propio Azaña».

Con el ala socialista más pragmático aprisionado por Largo Caballero , Azaña llamó para formar gobierno al republicano gallego Santiago Casares Quiroga, que, a pesar de criticar públicamente el aumento de la violencia callejera, anunció en su discurso de investidura que sería «beligerante con el fascismo», lo que incluía a todos los partidos que no fueran de izquierda. Bajo el gobierno de Casares Quiroga se produjeron graves transgresiones al Estado de Derecho, entre ellas incautaciones ilegales de propiedades e iglesias, sobre todo en el sur; el cierre de colegios católicos por toda la geografía; miles de detenciones arbitrarias de miembros de partidos derechistas; la sustitución de jueces y funcionarios por otros afines al Frente Popular y la incorporación de activistas sociales y comunistas, nombrados ad hoc como policías suplentes («delegados gubernativos»), a los cuerpos de Seguridad.

Como colofón a este ambiente que muchos historiadores, incluidos de izquierda, definen como «prerrevolucionario», el Gobierno inició un proceso de disolución oficial de los grupos derechistas , empezando por la ilegalización de los falangistas en marzo, los sindicatos católicos en mayo y finalmente los monárquicos de Renovación española en junio. Alcalá-Zamora , apartado de toda actividad política y de viaje por Europa cuando se produjo el golpe militar, lamentó en su «Diario» el colapso del orden público y la detención de miembros de su propia familia por parte de unas fuerzas policiales cada vez más arbitrarias:

«Ha entrado con precipitación, espanto y lágrimas un matrimonio amigo mío. El marido, que resistió a la dictadura de Primo de Rivera y ganó para la República las elecciones de 1931, ha tenido que huir aterrorizado ante la amenaza de la nueva dictadura tumultuaria, secundada por los delegados de los gobernadores, que van arrancando las dimisiones con amenazas de desamparo ante la violencia. Vienen temblando por sus personas, las de sus hijos y sus bienes, con cuya privación también se les conmina» .

El político republicano vivió en sus carnes los efectos del desgobierno que se respiraba en muchas regiones. Tuvo que pagar «un impuesto revolucionario» cuando regresaba a pueblo natal, Priego de Córdoba, y reclamó respeto para los católicos:

«¡Hay gobernador que tiene presos a los exalcaldes hasta… que se resuelva el problema del paro! Varios ayuntamientos, de elección o gubernativos, prohíben prácticamente el culto, con pretexto de ocupar o expropiar los templos… pero las cosas más enormes refieren los testigos autorizados y veraces. Hay en los pueblos personas sobre quienes se cumplió la amenaza de arrancarles una oreja. Hay casos que al huir de un pueblo para librarse de una agresión y dirigirse a otro los amenazados, llega antes que ellos por teléfono la orden de recibirlos moliéndolos a palos».

Repudiado por las dos Españas combatientes, el cordobés, convencido católico, se vio obligado a subsistir con escasos recursos (la mayoría de sus bienes fueron incautados) y a moverse raudo por Francia, México y Buenos Aires. Dos de sus hijos acudieron a España, contra la voluntad de su padre, para luchar a favor de las fuerzas republicanas, las mismas que despreciaban a su progenitor.