Los oscuros años 30: así se gestó la represión republicana contra la Iglesia en España

Esta postura del escritor gallego no fue ni mucho menos una excepción en aquella España de los años 30. De hecho, fueron bastante más de «cuatro conventos birrias» los que se quemaron y saquearon al instaurarse el régimen republicano, plantando una semilla de odio que cinco años después alcanzaría límites terroríficos al estallar la Guerra Civil con el asesinato de miles de curas y creyentes. Los primeros, por el simple hecho de serlo, aunque fuera en pequeños pueblos alejados del centro de poder eclesiástico; y los segundos, por la única razón de no querer deshacerse de sus crucifijos o renegar de su fe.

Gaspar Viana lo recordaba en ABC hace unos años. Cuando estalló la guerra en 1936 vivía en un pequeño pueblo de agricultores de Guadalajara, Peralveche, «donde no había ni fascistas ni rojos»: «Allí no sabíamos nada de lo que estaba pasando en Madrid, donde ya habían matado al ministro de Hacienda y quemado conventos. En Peralveche solo nos enterábamos de lo que pasaba en Peralveche, porque no había ni prensa ni nada». Sin embargo, poco antes de ser llamado a filas vio al cura de Peralveche huir disfrazado de segador y al párroco de Salmerón, un municipio cercano, esconderse en un molino. «Allí lo encontraron y se lo llevaron de nuevo a Salmerón, donde le pasearon desnudo, con una cuerda atada a sus partes, mientras la banda municipal tocaba. Después lo subieron a mi pueblo y, en la entrada, le pegaron cuatro tiros y le cortaron las orejas. A continuación, los autores recorrieron el pueblo mostrando sus orejas y gritando: “¿Tenéis a algún fascista que os moleste? Porque mirad lo que hemos hecho con este cuervo”».

Otra prueba de esta represión es el «Martirologio matritense del siglo XX» que acaba de publicar el arzobispado de Madrid, según el cual, solo en la capital, recoge el asesinato de 427 seminaristas y sacerdotes. Entre estos se encuentran las 14 Mártires Concepcionistas que fueron torturadas y asesinadas a mediados de 1936 y beatificadas este mismo sábado en la catedral de La Almudena. De hecho, en el último rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco ha dicho de ellas : «Fueron asesinadas por odio durante la persecución religiosa que tuvo lugar de 1936 a 1939 [...]. Su martirio nos invita a todos nosotros a ser fuertes y perseverantes, sobre todo en la hora de la prueba».

Esta escalada de violencia se inició con la proclamación de la Segunda República tres años antes de las polémicas palabras de Valle-Inclán. El escritor se había entusiasmado con la Revolución rusa, aproximado al marxismo y radicalizado sus posturas, al igual que una buena parte de los dirigentes socialistas y comunistas del país. El escrito, incluso, llegó a pedir públicamente «una dictadura como la de Lenin». Eso fue quizá lo que le llevó a equivocarse con la cifra de conventos quemados. O, quizá, mentía deliberadamente, porque la violencia anticlerical que se desató en mayo de 1931 acabó realmente con más de un centenar de edificios religiosos en toda España, a lo que hay que añadir un número enorme de objetos del patrimonio artístico y litúrgico destruidos, muchos cementerios profanados y varios miembros del clero asesinados antes, incluso, de que estallara la Guerra Civil.

En Madrid los disturbios empezaron con la inauguración del Círculo Monárquico Independiente aquel mismo mes, el cual había sido fundado por el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. De su sede en la calle de Alcalá se extendieron a la redacción de este diario, sita en la calle Serrano. Cuando la Guardia Civil impidió que una multitud republicana la quemara, empezaron a cargar contra los conventos y las iglesias. Al parecer, había llegado a oídos del Gobierno que algunos jóvenes del Ateneo de Madrid estaban preparándose para, efectivamente, incendiar todo tipo de edificios religiosos. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura , intentó sacar de nuevo a la calle a la Benemérita para impedirlo, pero se encontró con la oposición del resto del gabinete. El mismo Maura comentó en «La Luz» y en sus Memorias que Manuel Azaña aseguró en aquella reunión que «todos los conventos de España no valen la vida de un republicano».

Ante la pasividad del Gobierno, la violencia se desató. Julio Caro Baroja fue testigo de los acontecimientos, según contó en su «Historia del anticlericalismo español» (1980): «A las 12 de la mañana, a las 12.15 y a la 13.05 se recibieron avisos del Colegio de los Jesuitas de la calle de la Flor en la Dirección de Seguridad de que el incendio cobraba proporciones grandes. La gente pasaba, o medrosa o indiferente, por las proximidades, viendo salir el humo por las ventanas. Los incendiarios desaparecieron rápidos y organizados. El que vio aquello (y yo lo vi) no podía imaginarse que se desenvolviera así una clásica acción anticlerical. En una de las paredes ahumadas podía leerse este letrero: “Abajo los jesuitas. La justicia del pueblo, por ladrones”».

Tras este colegio ardieron pronto también otros muchos edificios: el colegio de Nuestra Señora de las Maravillas , en Cuatro Caminos; el convento de las Mercedarias Calzadas , en la calle San Fernando; la iglesia parroquial de Santa Teresa y San José de los Carmelitas Descalzos , en Plaza de España; el convento de las Bernardas , en Vallecas; la iglesia de Santa Teresa , el colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver y el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), entre otros.

Desde la capital, la violencia se extendió rápidamente a otras ciudades del sur y el levante. En Málaga quemaron nueve conventos y diez iglesias y se saquearon otras veinte, así como comercios y viviendas de civiles. Murieron cuatro personas. Y se repitieron ataques con las misma intensidad en Valencia, Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Murcia y Alicante, así como en muchos pueblos de estas provincias.

La «cuestión religiosa» se había convertido en un asunto fundamental para la Segunda República. Durante el Gobierno provisional ya se pusieron como objetivo el sometimiento de la Iglesia al Estado, la disolución de las órdenes religiosas, la prohibición de la enseñanza por parte de estas y la desaparición de la Compañía de Jesús . Esta última se produjo el 23 de enero de 1932, cuando Azaña, entonces presidente, hizo llegar al ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el documento en virtud del cual se ordenaba su «disolución en territorio español».

El decreto, publicado al día siguiente en «La Gaceta» –órgano oficial del régimen–, ABC y «El Socialista», estipulaba la propiedad estatal de todos los bienes de esta congregación, a cuyos miembros les dio un plazo de diez días para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación. Todo ellos en virtud del artículo 26 de la nueva Constitución, que declaraba disueltas aquellas órdenes religiosas que impusieran, «además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado». Como explicaba a ABC el historiador y ex presidente del Parlamento de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa , «desde los primeros momentos del régimen la Compañía fue objeto de animadversión y persecución».

La ejecución del decreto afectó a los 3.001 jesuitas españoles, además de los 621 que estudiaban en el extranjero. De golpe se clausuraron 80 casas de la Compañía en España, echaron el cierre a todos sus centros educativos y obras sociales y sus estudiantes tuvieron que exiliarse a Bélgica e Italia. «En muy pocos meses se fue cociendo la perentoria necesidad no sólo de disolver la Compañía de Jesús, sino todas las órdenes y congregaciones religiosas, especialmente las que más influjo tenían en el campo educativo y social», apuntaba en este diario el jesuita Alfredo Verdoy, autor de «Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la II República» (1995, Trotta).

Muchos de sus miembros, de hecho, tuvieron que refugiarse en un régimen de clandestinidad en diversos pisos, conocidos como «Coetus», donde continuaron ejerciendo su ministerio. Esta decisión generó una profunda polémica en España. Las crónicas de ABC en las siguientes semanas pusieron de manifiesto la protesta vivida en todas las iglesias y centros católicos. El propio Pío XI proclamó, el 25 de enero de 1932, que los jesuitas eran «mártires del Papa».

Poco después, en el verano de 1936, «España se convirtió en lo más cercano a un infierno sobre la tierra para los miembros de la Iglesia que estaban en esa mitad del país donde no se había producido o no había triunfado la sublevación», defendía el historiador José Luis Ledesma en su artículo « De la violencia anticlerical y la Guerra Civil de 1936 » (Universidad de Zaragoza). No hay prácticamente provincia de la zona republicana donde no aparecieran ejecuciones y torturas a miembros de la Iglesia y simples creyentes.

Es famoso el caso de Ceferino Giménez Malla, alias « El Pelé », un comerciante gitano marcado profundamente por la religión católica. Fue arrestado por un grupo de milicianos en Barbastro, en agosto de 1936, por salir en defensa de un joven sacerdote que estaba siendo golpeado a culatazos y arrastrado por las calles de la localidad oscense. Al ser detenido, llevaba un rosario en el bolsillo y fue condenado a muerte. Le ofrecieron el indulto si lo entregaba y renegaba de sus creencias, pero prefirió permanecer en la prisión y afrontar el martirio. En la madrugada del 8 de agosto de 1936 fue fusilado con el rosario en la mano, mientras gritaba: «¡Viva Cristo Rey!». «Su vida muestra cómo Cristo está presente en los diversos pueblos y razas», dijo el Papa Juan Pablo II, en 1997, cuando le convirtió en el primer gitano beatificado de la historia.

Ledesma recogía otros muchos casos similares. El 5 de agosto llegó a Cercedilla un grupo de milicianos preguntando si se había «depurado» ya a los elementos «fascistas» y empezaron a buscar en primer lugar, como se hacía en la mayoría de la zona republicana, a los miembros de la Iglesia. Esa misma tarde fueron ejecutados dos sacerdotes, a los que siguieron otros 23 en la misma localidad madrileña. A diferencia del resto de asesinados, los sacerdotes no eran fusilados de noche y en algún paraje oscuro, sino a plena luz del día, en la Plaza Mayor, para que lo viera todo el mundo.

Ese mismo día, en Vich, el deán de la catedral y vicario general del Obispado se entregaba a los republicanos al saber que lo buscaban. Tras ocho días en la cárcel, la noche del 13 de agosto era fusilado en la carretera de Sant Hilari Sacalm, con 89 años. Muy cerca de allí, en Teruel, medio centenar de padres, hermanos y novicios de la Orden de la Merced (Teruel) huían ante la llegada de los milicianos. Lo hicieron en tres expediciones. Las dos primeras consiguieron llegar a la capital aragonesa, pero la tercera fue alcanzada y ejecutada también.

Es cierto que la inmensa mayoría de las muertes fueron causadas por el bando republicano, pero tras la conquista de Guipúzcoa por parte del general Mola en otoño de 1936, un total de 16 sacerdotes, 13 diocesanos y tres religiosos fueron víctimas de la represión franquista. Una región donde, curiosamente, esta represión contra la Iglesia por parte de los milicianos había sido mucho menor que en otros territorios.

Al término de la Guerra Civil, el número de religiosos asesinados en la retaguardia republicana ascendió a 6.832, de las cuales 4.184 eran sacerdotes, 2.365 frailes y 283 monjas, según el estudio realizado por el historiador, periodista y ex-arzobispo de Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno. El «Catálogo de los mártires cristianos del siglo XX» de Vicente Cárcel Ortí amplía la cifra a 3.000 seglares y 10.000 miembros de organizaciones eclesiásticas. Entre ellos estarían 13 obispos: los de Jaén, Almería, Barcelona, Tarragona, Ciudad Real, Lérida, Teruel, Guadix, Cuenca, Sigüenza, Orihuela, Segorbe y Barbastro.