Lluis Companys, el independentista catalán que se rebeló contra España durante la Segunda República

El actual Gobierno de España ha aprobado una declaración de rechazo al juicio en el que el político catalán fue condenado a muerte

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La figura de Lluis Companys es una de las más idolatradas por el independentismo catalán en la actualidad. No es de extrañar, ya que cuenta con todas las características imprescindibles para ocupar un puesto reseñable en los altares del nacionalismo: militante de Esquerra Republicana, presidente de la Generalidad, instigador de un intento de golpe de estado para lograr la independencia de Cataluña en 1934, apresado por la Gestapo nazi y ejecutado en 1940. Ahora el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado una declaración de rechazo al juicio en el que el político catalán fue condenado a muerte

La victoria de la CEDA

La victoria de la CEDA (una confederación de partidos católicos y de derechas) en las elecciones de 1934 no sentó demasiado bien entre la izquierda española. Cuando se supo que tres ministros de este partido pasarían a formar parte del gobierno estatal la cosa se puso todavía peor. Su llegada indignó a los más extremistas y provocó una huelga general que puso en jaque el régimen establecido. Mientras la crispación se extendía por las calles, el presidente de la Generalidad, Lluis Companys, aprovechó para proclamar el Estado catalán el 6 de octubre de 1934. Lo hizo, según afirma Antonio Liz Vázquez en su obra « Octubre de 1934: Insurrecciones y revolución», presionado por los obreros. Sus palabras (recogidas en la edición del 11 de octubre del diario ABC) llamaban al enfrentamiento:

«¡Catalanes! Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República han logrado su objetivo y han asaltado el poder. [...] los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones. [...] Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas».

Pero una cosa es decirlo y otra muy distinta lograrlo. Acabado el discurso, el político inició una ronda de llamadas para ganar adeptos a su causa. El primer mandamás al que se dirigió fue al general Domingo Batet, jefe de la IV División Orgánica y «catalanista moderado» (tal y como afirma Pierre Broué en su obra « Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la IIa República Española»). Le solicitó que se pusiese a sus órdenes para «servir a la República Federal que acabo de proclamar».

Sin embargo, el militar le dio largas. No tardó en telefonear al presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, para acabar rápidamente con la rebelión. «Tras recibir refuerzos de Marruecos, el general declaró el estado de guerra», determina Luis E. Íñigo Fernández en su obra « Breve historia de la Segunda República española». El general contaba, además, con el apoyo de la mayoría de los soldados y policías desplegados en Cataluña. Frente a ellos se posicionaron un centenar de Mossos dispuestos a defender la Generalitad, así como milicianos pertenecientes -entre otros grupos- a Alianza Obrera.

Tras arribar a la zona, Batet atacó con fuego de fusilería y disparos de artillería. La lucha podría haber sido cruenta, pero el general se limitó a esperar pacientemente a que los defensores se rindieran. Todo ello, a pesar de que había recibido órdenes de acabar con la resistencia de con contundencia. «Durante la noche, Companys y Batet negociaron la rendición, que tuvo lugar el 7 de octubre», añade Broué. Para entonces ya habían muerto en Barcelona entre 40 y 50 personas durante las escaramuzas.

Prisión y huída

Posteriormente Batet y Companys fueron detenidos. Algo en lo que hace mucho hincapié el libro «Historia de Cataluña» (editado por el Museo de Historia de Cataluña): «El gobierno de la Generalitat fue hecho prisionero, juzgado y condenado a treinta años de prisión; el Estatuto de Autonomía quedó suspendido, y la mayoría de ayuntamientos y las nuevas autoridades pasaron a ser de carácter gubernativo». La obra, sin embargo, no explica que aquella proclamación fue una rebelión.

Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de 1936, Manuel Azaña acordó una amnistía para los políticos catalanes que habían participado en el golpe. Ocupó el cargo de presidente de la Generalidad hasta 1938, cuando decidió exiliarse del país debido a la victoria franquista en el Ebro. Permaneció huido en Francia un par de años antes de que la Gestapo le localizase en el municipio de Baule-les-Pins, muy cercano a la ciuda de Nantes. No tardó en ser entregado a España. Sus últimos días los pasó en el castillo de Montjuic, que por entonces era empleado como prisión. Tras un juicio exprés, fue fusilado el día 15 de octubre de 1940.