El lado oscuro de la Segunda República: las leyes 'fascistas' de 1931 que olvida Pedro Sánchez

La comitiva inició acto seguido camino hacia el Ministerio de Gobernación ; una «marcha lentísima», según desveló Alcalá Zamora, por el «entusiasmo delirante de las masas». «Emprendimos, por Príncipe de Vergara y Alcalá, trayecto hacia la Puerta del Sol. No sé el tiempo que tardamos en hacer el recorrido. Sólo sé que la muchedumbre […] se abalanzaba frenéticamente […] al reconocer a los ocupantes […] en su deseo de estrecharles en un desbordado amor republicano», añadía Cherif. Algunos de los miembros del comité, sin embargo, sabían que podían acabar fusilados por sus pretensiones. Ya frente al edificio, Maura y Francisco Largo Caballero se adelantaron y «a fuerza de súplicas y aldabonazos» lograron hacerse escuchar.

La osadía inicial se transformó en inquietud cuando las autoridades abrieron las puertas con sus armas en ristre. Maura se cuadró ante los soldados, se quitó el sombrero y, decidido, espetó: «Señores, paso al Gobierno de la República» . Y vaya si funcionó. Para sorpresa del convoy, los agentes se dividieron en dos columnas y «presentaron armas como si lo hubiesen ensayado previamente». «Este fue […] el ceremonial del famoso ‘traspaso de poderes’… Diez palabras de cada uno bastaron, y en realidad sobraron, para tomar las riendas de un poder que yacía en el arroyo», añadía el político. Así empezó la aventura de un Gobierno Provisional que, en breve, acometió una serie de reformas relacionadas con el Ejército, la Iglesia, los presidios o la información que dejaron un sabor agridulce en una sociedad dividida.

Según afirma Alberto Oehling de los Reyes , doctor en derecho constitucional, en su dossier ‘La ley de defensa de la república de 21 de Octubre de 1931’, la tensión que generaron en aquella España estas normas se debió, entre otras causas, a que «la República no traía consigo en realidad todos los apoyos sociales que hubiera querido desear». El miedo de la comitiva, en definitiva, no nacía de la nada; y es que, como quedó claro en un breve período de tiempo, el Gobierno Provisional «no gozaba del apoyo de los monárquicos» ni de «otros sectores que se hubieran presupuesto más afines al cambio de sistema, como los partidos de la izquierda radical».

Una de las normas más controvertidas que aprobó el Gobierno Provisional (y que parece haber olvidado Pedro Sánchez hoy al hacer referencia a la Segunda República durante su intervención en el Congreso) fue la ‘Ley de Defensa de la República del 21 de octubre de 1931’ . Esta, según explica Oehling en su dossier, privó «de eficacia con cierto nivel de arbitrariedad un importante número de derechos» y, por si fuera poco, hizo las veces de columna sobre la que se erigió, poco después, la constitución. «Se basó en muchos preceptos legales y ‘tics’ policiales de la Monarquía, lo que, a la postre, alimentó, más si cabe, la desconfianza social en el nuevo sistema», añade el autor.

Alberto de Frutos , investigador, divulgador histórico y autor de ‘30 paisajes de la Guerra Civil’ o ‘La Segunda República española en 50 lugares’ es de la misma opinión. Y así se lo hace saber en declaraciones a este diario.

La ley, dada a conocer en la ‘Gazeta de Madrid’ (antiguo Boletín Oficial del Estado) el 22 de octubre de 1931 buscaba, según desvela De Frutos a ABC, «blindar la República frente a los ataques de sus supuestos enemigos». Sin embargo, y según el divulgador español, su contenido fue tildado de extremista por algunos partidos políticos de la república. «Fue una ley lacónica pero feroz, muy autoritaria y, por invocar una expresión que salió a la palestra en el debate que condujo a su autorización, de tintes ' fascistas '», desvela. En sus palabras, «la controversia proviene de la propia excepcionalidad de sus artículos, impropios de un régimen democrático » y de que, atendiendo a su interpretación, podía considerar la disensión como una suerte de ataque al régimen establecido.

La ley en cuestión contaba con seis artículos. El primero enumeraba «los actos de agresión a la República». Entre ellos, «la incitación a resistir o a desobedecer las leyes o las disposiciones legítimas de la Autoridad»; « la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público»; « la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras» o la concentración en « huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación [...] declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo».

El artículo dos señalaba que todos aquellos que contravinieran la norma « podrán ser confinados, extrañados […] o multados ». En tercer lugar, la ley facultaba al gobierno a « suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social» o «clausurar los Centros o Asociaciones» siempre que pudieran perturbar la paz pública o los supuestos del primer artículo.

De Frutos es tajante en lo que se refiere a esta ley: «Sin ir más lejos, la Ley entendía como un acto de agresión a la República 'la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público', esto es pura y llana censura . Sorprende que todo un doctor en Derecho como Azaña pudiera ' sostenella y no enmendalla ' con este despropósito, que suspendió, de facto, la libertad de expresión y puso contra las cuerdas las de reunión y manifestación , sujetas a que las autoridades resolvieran si una celebración, política o religiosa, podía perturbar la paz».

Pero si existe una controversia que perseguirá siempre a la Segunda República , así como al mismo Manuel Azaña , esa fue la vivida durante su etapa como ministro de la Guerra. La promulgación de la llamada con inquina «Ley Azaña» hizo que el político se ganara la animadversión del mundo castrense. «Algunos decían que quienes no quisieran acogerse a lo estipulado serían vejados o perseguidos. Muchos daban por seguro que los monárquicos serían enviados al destierro», apuntó el entonces teniente general Carlos Martínez de Campos en sus memorias. El enfrentamiento le hizo ser tildado, en 1934, de « hombre frío, sectario y vanidoso » por los militares más tradicionales. Un tufo del que no logró desprenderse durante todos los años de gobierno.

La «Ley Azaña» incluyó multitud de decretos que fueron aprobados entre abril y septiembre de 1931 y buscaba, en palabras del mismo Cherif, «sentar la base de una reorganización fundamental del brazo armado» y «hacer un ejército republicano» y «alejado de la idea monárquica que había mostrado Alfonso XIII».

La primera de las prerrogativas fue publicada por la ‘Gazeta de Madrid’ el 23 de abril y, en ella, se exhortaba a todos los militares en activo a firmar una promesa de fidelidad al nuevo orden: «Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas» . De no rubricar el documento, el castigo era el retiro. «Los que opten por serviría, otorgarán la promesa; los que rehúsen prestarla, será que prefieran abandonar el servicio. […] Retirar del servicio activo a los que rehúsen la promesa de fidelidad no tiene carácter de sanción, sino de ruptura de su compromiso con el Estado», incidía el documento.

Fue la primera de muchas otras. También causó revuelo la modernización de un Ejército que, en palabras de Azaña, contaba con un exceso de mandos: «En España, sobre un plan de dieciséis divisiones, hemos llegado a tener 22.000 oficiales; y como no había hombres a quienes estos oficiales pudieran mandar, hemos llegado a tener regimientos de infantería con 80 soldados, y regimientos de caballería sin caballos». Aunque la idea fue bien recibida por el grueso de las Fuerzas Armadas, lo que no gustó en exceso fue el llamado Decreto de Retiros . No ya porque ofreciera la posibilidad de pasar a la reserva con buena parte de su sueldo, sino porque el Gobierno se guardaba la carta de destituir al personal que se considerara 'sobrante' si el número de voluntarios no era el deseado. Así lo explica Enrique Roldán en su dossier ‘Las reformas militares durante la Segunda República’.

Más controvertida todavía fue la supresión de las Capitanías Generales y, por tanto, la eliminación de los cargos de gobernador militar, capitán general y teniente general. Una vez más, no por su practicidad (que pudiera ser discutida o no), sino porque se acometió por motivos políticos e ideológicos. Así lo atestigua la ‘Gazeta de Madrid’ que se publicó el 17 de junio de 1931: «En cada Región un Capitán general conservaba cierta sombra de los Virreyes , como se usaron en tierras coloniales, y siendo la única Autoridad que, a diferencia de los funcionarios gubernativos civiles, ejercía un mando interprovincial, el área de su jurisdicción y lo excepcional de su fuero».

No menos discutida fue la clausura de la Academia General Militar de Zaragoza , dirigida entonces por el general Francisco Franco . Una institución que había sido fundada por Miguel Primo de Rivera y que era vista como un nido de enemigos por un Azaña que ya había abogado por «abolir el sistema militar vigente» por su «obra de corrupción política». El 26 de abril se publicó una orden que anuló las nuevas convocatorias de ingreso y, el 1 de julio, el ministro puso la guinda con un decreto en el que confirmaba su cierre y relegaba a los oficiales: «El General Director y los Jefes Oficiales destinados en la Academia general pasarán por fin de agosto a la situación de disponibles forzosos».

De Frutos es partidario, por un lado, de que la reforma militar de Azaña atacó una determinada concepción del Ejército, pero no al Ejército en sí mismo. «Como institución, el político alcalaíno opinaba que el Ejército no era ' mejor ni peor que la Universidad, que los ingenieros de caminos, o que el Ateneo ', y él se propuso adecuarlo a las exigencias de su tiempo, siguiendo el modelo del vecino francés. Si su finalidad hubiera sido ' triturarlo ', como aseguraban sus enemigos, la mayor parte de sus medidas habrían sido corregidas por el bienio ' rectificador ', pero la contrarreforma posterior fue bastante leve».

También corrobora que en 1931 había un exceso de oficiales y una notoria escasez de medios que Azaña, como ministro de Guerra, trató de revertir. Aunque no logró «ya que, en 1936, con o sin Academia de Zaragoza, la situación apenas había cambiado».

En sus palabras, la controversia es otra: «El problema de la República con el Ejército (y con otras instituciones) fue la falta de diálogo , la cerrazón para escuchar siquiera al Estado Mayor y, cómo no, la ineficacia de muchas de las medidas que se adoptaron. El Ejército nunca llegó a desaparecer de la vida pública y el descontento de sus miembros fue cada vez mayor, e insoportable tras el triunfo del Frente Popular, cuando Largo Caballero habló abiertamente de disolverlo para sustituirlo por milicias armadas de izquierda».

Tampoco es desdeñable, por la agitación que trajo consigo, el ataque frontal a la Iglesia que protagonizó el gobierno de boca de Manuel Azaña el 13 de octubre de 1931 durante el debate sobre la futura Constitución. Aquel día, tras pronunciar la famosa máxima «España ha dejado de ser católica» , el político abogó por impedir la enseñanza al clero y por disolver las órdenes con voto de obediencia a una autoridad que no fuese el Estado (en la práctica, los jesuitas). Este golpe otorgó una gran fuerza política a la oposición.

El más famoso fue el artículo 26 de la Constitución , en el que se especificaba, para empezar, que ni el Estado ni ningún otro organismo «mantendrán, favorecerán o auxiliarán económicamente a las iglesias». La misma norma establecía que una ley especial regularía el presupuesto del clero; la disolución de todas las órdenes religiosas que supusieran un peligro para el Estado; la imposibilidad de «adquirir y conservar […] más bienes que los que se […] destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos» y la prohibición de ejercer la industria y la enseñanza. Y eso, sin contar con que «todos sus bienes podrán ser nacionalizados».

Así, según De Frutos, las relaciones Iglesia-Estado no pudieron empezar con peor pie. «El Gobierno provisional asaltó la cuestión religiosa como un elefante en una cacharrería, y el resultado de sus disquisiciones –el famoso artículo 26 de la Constitución del 9 de diciembre– fue demasiado para un país que, por mucho que se empeñara Azaña, no había dejado de ser católico de la noche a la mañana . El proyecto de una España laica alejó de la República a la mitad del país, rompió el Gobierno y cohesionó a una oposición hasta entonces muy deslavazada, que, bajo las siglas de la CEDA, se convertiría en la primera fuerza parlamentaria en las elecciones del 33», añade.

Más allá de ese artículo, pronto se sumaron otras tantas leyes que causaron controversia en el clero. «El programa se completaría con la no menos polémica Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas , aprobada el 17 de mayo de 1933, que prohibía a la Iglesia el ejercicio de la enseñanza. Más leña al fuego para una España que ya estaba lo bastante caldeada. Lógicamente, las medidas alentaron a los radicales en su ira anticlerical y enardecieron, a su vez, a quienes se consideraban humillados y ofendidos por esa ' declaración de guerra ', hasta el punto de que Gil Robles llegó a decir que había que combatir la citada Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas ' a sangre y fuego '», finaliza.

Por su parte, el escritor y divulgador histórico José Luis Hernández Garvi (autor de una infinidad de obras sobre este período como ‘ La Guerra Civil española en 50 lugares ’ o ‘ Breve historia de Francisco Franco ’) recuerda que la Segunda República mantuvo la ley de fugas , heredada del siglo XIX. «Es cierto que tuvo su época de mayor auge con el pistolerismo en Barcelona. Allí se aplicó de forma indiscriminada. Se hablaba de cientos de fallecidos en los años veinte, tras la Semana Trágica de Barcelona y Primo de Rivera. Sin embargo, ese terrorismo de Estado se mantuvo durante este período. En los sucesos de Casas Viejas fue donde se aplicó con mayor dramatismo por la Guardia de Asalto», desvela.

Mención a parte requiere la ley de vagos y maleantes . Aprobada, según Garvi, en 1933, «reprimía a vagabundos, homosexuales y, en general, a todos aquellos que tenían un comportamiento que se consideraba antisocial». Así rezaba el texto de la misma: «A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, se les aplicarán, para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes: Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. [...] Prohibición de residir en determinado lugar y obligación de declarar su domicilio. [...] Sumisión a la vigilancia de los delegados».

Se habla mucho de la labor educativa de la Segunda República, pero en sus obras recuerda que esta tarea comenzó con Primo de Rivera…

Desde luego, la labor educativa de la Segunda República fue muy valiosa, y proyectos como el de las Misiones Pedagógicas, con sus bibliotecas rurales y sus obras de teatro itinerante, merecen el respeto y el elogio más sinceros. Pero, al ensalzar la labor educativa de la República, tendemos a olvidar los logros que se dieron en el período anterior, que encajaban con la visión regeneracionista del general Primo de Rivera. En 1930 la tasa de analfabetismo en España era superior al 40%, y en el caso de las mujeres se acercaba peligrosamente al 50%. El régimen republicano combatió el analfabetismo con todos los medios a su alcance, sí, pero el Directorio civil de Primo había rebajado ya en diez puntos esa vergonzosa tasa.

¿Permitió la Segunda República la violencia en las calles?

No diría que la permitieron, pero no siempre hicieron lo bastante para atajarla. La quema de conventos en mayo de 1931 fue el primer indicio. El Gobierno minimizó unos hechos muy graves y su inacción o su falta de reflejos dañaron la imagen de la República en un momento muy delicado, no ya entre los oponentes naturales del régimen, sino entre sus simpatizantes más conservadores. A lo largo de sus cinco años de andadura, la República se reveló impotente para controlar a sus extremos, tanto de 'derechas' como de 'izquierdas'.

Algunos historiadores tienden hoy a atribuir a Falange las tensiones más gruesas que se vivieron en esos años, pero la verdad es que a todos les dio por jugar a la guerra mucho antes de que la guerra estallara. En 1934, varios repartidores de prensa falangista, entre ellos el llamado 'protomártir' Matías Montero, fueron asesinados. Pues bien: el responsable de la muerte de este último fue puesto en libertad por la amnistía del Frente Popular de 1936, pese a que sobre él recaía una condena de veintiún años. Por supuesto, la violencia era bidireccional, y Falange, ese 'antipartido' que concurrió como partido a las elecciones de 1936, derivó muy pronto hacia una fuerza paramilitar.