Indultos y amnistías para los golpistas catalanes: el regalo histórico del PSOE a los independentistas

En junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , indultó a los cabecillas del golpe independentista de 2017 y, un mes después, inyectó a Cataluña 12.500 millones de euros a través de los denominados Mecanismos Extraordinarios de Financiación (MEF). Lejos de mantener un perfil bajo, los perdonados acudieron a visitar a sus correligionarios fugados de España y con causas judiciales pendientes: Marta Rovira, secretaria general de ERC, en Ginebra, y Carles Puigdemont , presidente de Junts, en Waterloo.

En 1934, tras el golpe de Estado protagonizado por Lluís Companys , se produjo un episodio idéntico cuyas consecuencias para España no fueron precisamente buenas. La declaración unilateral del Estado catalán, en la que acusaron al Gobierno central de «fascista», fue la primera decisión del político nada más ser nombrado presidente de la Generalitat. Como consecuencia de ello, él y el resto de los miembros de su equipo fueron detenidos y juzgados, pero después ganaron la batalla cuando el presidente Alejandro Lerroux decidió dejarlos en libertad a pesar del grave delito cometido.

Hace menos de un mes, durante una entrevista en Barcelona en Ràdio 4 (la emisora en catalán de RNE), José Luis Rodríguez Zapatero adelantó que Sánchez estaba trabajando en la posibilidad de indultar, también, a Puigdemont para superar el problema con el independentismo que España arrastra desde hace unos años. «Si dependiera de la voluntad política estrictamente, el Ejecutivo ha demostrado que la tiene con los indultos», añadió de forma algo críptica.

Desde hace unos meses, el futuro de Puigdemont es el principal elemento de incertidumbre que se cierne sobre la estrategia respecto a Cataluña desplegada por Sánchez, sobre todo después de la detención y posterior puesta en libertad de este en Cerdeña el pasado mes de septiembre. El presidente del Gobierno ha convertido los indultos a los condenados por el golpe en su salvoconducto para relacionarse con la Generalitat. «Antes solo hablaban de los presos y eso impedía avanzar en nada más», justificaba siempre su equipo.

ERC ya había mostrado su cara más agresiva con respecto a este asunto en el debate de investidura de Sánchez de enero del año pasado. «Me importa un comino la gobernabilidad de España», aseguró la diputada Montserrat Bassa. Al día siguiente, tan solo 24 horas después de haber facilitado la formación del primer Gobierno de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos , los independentistas republicanos recordaron también con dureza cuáles son sus condiciones para la mesa de diálogo: «Un referéndum sobre la independencia de Cataluña, la amnistía para los presos políticos y exiliados y una agenda de recuperación de los derechos y libertades. Creemos que este es el mínimo común denominador que debería estar sobre la mesa de negociación», advirtió el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès .

Vistos los últimos acontecimiento, parece que los independentistas vuelven a ganar la batalla como en la Segunda República. El el 14 de abril de 1931, pocas horas después de que se proclamara el nuevo régimen, el entonces presidente de Esquerra Republicana, Francesc Macià , aparecía por sorpresa en el balcón del ayuntamiento de Barcelona para manifestar que, «en nombre del pueblo de Cataluña, se hacía cargo del Gobierno catalán y en aquella casa permanecería para defender las libertades de su patria sin que pudiese sacársele de allí como no fuera muerto», contaba ABC . Aquello se saldó con un compromiso del Ejecutivo central de presentar el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña en las futuras Cortes, a cambio de renunciar al «Estado propio».

No aprendieron los socialistas de aquella primera cesión y Manuel Azaña no tardó mucho en arrepentirse de las palabras que había pronunciado un año antes en el Ateneo de Madrid: «Muy lejos de ser incompatibles, la libertad de Cataluña y la de España son la misma cosa». Aquel primer estatuto, a pesar de su generosidad , rebajaba las pretensiones originales los nacionalistas, ya que en vez de declarar que «Cataluña es un Estado autónomo dentro de la República española», establecía que «se constituye como una región autónoma dentro del Estado español».

La respuesta de Lluís Companys fue protagonizar un nuevo golpe de Estado en 1934. Mandó tomar las calles con 400 mossos, 3.200 guardias de asalto y más de 3.400 militares armados, según los datos de la página web de la Generalitat. El consejero de Gobernación, Josep Dencàs , llegó a la sede de esta escoltado por las Alianzas Obreras, organización constituida precisamente por el PSOE, el Partido Comunista y, en algunas provincias, los anarquistas de la CNT y la FAI, exigiendo la proclamación inmediata del Estado catalán.

Companys invitó a los dirigentes de la lucha antifascista a que formaran el «Gobierno Provisional» de esa República en Barcelona. Así lograba asociar el nuevo Govern a la Revolución de Asturias que habían impulsado las Alianzas Obreras. Eso suponía una insurrección en toda regla y una violación de la Constitución de 1931, ya que proclamaba un Estado regional en una República federal inexistente. Esa decisión que se debió a que el recién nombrado presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, había dejado entrar a tres ministros de la CEDA (Confederación de Derechas Autónomas) en su Gobierno. «Vengan a Barcelona y defiendan la Generalitat del posible ataque del Ejército español», declaró el líder de los rebeldes.

«Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas», proclamó Companys . La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Declaró el estado de guerra y encargó al general Batet que marchará contra los secesionistas. Las calles de Barcelona se llenaron de jóvenes de Esquerra. «Iban todos armados. Algunos llevaban una soberbia pistola automática o una ametralladora, además de una magnífica carabina Winchester», contaba ABC. La ciudad se convirtió en el escenario de una batalla entre el Ejército contra los Mossos de Esquadra. En otro detalle que también se ha repetido en la declaración de independencia de 2017, el jefe de estos, el general Pérez Farrás, insistió después en que él solo obedecía al presidente de la Generalitat.

El periodista de ABC en Barcelona, Antonio Guardiola, contaba al detalle cómo vivió la asonada en un artículo que titulaba «El golpe de Estado de la Generalitat» : «Horas antes nos había chocado a varios periodistas observar que el coche del presidente Companys no ostentaba la bandera de la República, sino solamente la catalana». Y añadía: «A las seis de la tarde, los Mossos nos invitaron a los periodistas a abandonar el Palacio de la Generalitat. Nadie supo hasta más tarde lo que acababa de acordarse en la reunión del Consejo: proclamar el 'Estat catalá', rompiendo toda relación con el Gobierno central. En una palabra: declarar la guerra al Estado español».

En los enfrentamientos murieron ocho militares y 38 civiles. A las siete de la mañana del día siguiente, Companys comunicaba su rendición a Batet y las tropas entraban en el Palacio de la Generalitat. Él, los miembros de su Gobierno, el presidente del Parlamento, varios diputados, el alcalde de Barcelona y los concejales de ERC fueron detenidos y encarcelados en los buques Uruguay y Ciudad de Cádiz, acondicionados ambos como prisión. El único que logró huir a través de las alcantarillas, y fundar en el exilio una organización de tintes fascistas influenciada por las Camisas Marrones de Mussolini , fue el consejero de Gobernación Josep Dencàs.

Mientras Cataluña recuperaba la normalidad, los miembros del Gobierno de Companys fueron juzgados y acusados de rebelión por el Tribunal de garantías constitucionales de la República en junio de 1935. La sentencia fue aprobada por 14 votos a favor y 7 en contra y fueron condenados a 30 años de prisión, que deberían cumplir en los penales de Cartagena y el Puerto de Santa María. Aquello, sin embargo, no ocurrió. Ni siquiera el jefe de los Mossos d'Esquadra, el comandante Enrique Pérez Farrás, al que se le acusó de rebelión militar y alta traición tras llamar a la armas, sufrió mucho castigo. Su pena de muerte fue conmutada por la perpetua y luego fue puesto en libertad.

Por eso los actuales líderes independentistas pretenden establecer una similitud con las elecciones generales que se celebraron en febrero de 1936, ya que fue aquella victoria del Frente de Izquierdas en Cataluña y del Frente Popular en el resto de España la que llevó a los socialistas y al Gobierno republicano a amnistiar a los encarcelados. Todo un proceso que Companys quiso utilizar para impulsar su imagen de mártir y sacar rédito en las siguientes elecciones.

Al poco de ser detenido, Companys fue sustituido al frente de la Generalitat por el coronel Jiménez Arenas, que se mantuvo en el cargo mientras duró la ley marcial. Después se desmanteló la infraestructura de los sublevados, se intervino el armamento y se produjeron más detenciones. En los días sucesivos, incluso se planteó el debate de la derogación del régimen autonómico que había sido utilizado con evidente deslealtad por ERC y sus aliados. También se revisaron las competencias del estatuto y se inició un proceso de asunción de competencias por parte del Gobierno central, como el caso del orden público. Todo aquello se prolongó hasta el comienzo del juicio a finales de mayo de 1935, en el que el detenido presidente de la Generalitat, además de asumir el papel de víctima, alegó insolvencia económica para evitar una multa.

Todo este proceso se vio interrumpido repentinamente por el triunfo electoral del Frente Popular de izquierdas en febrero de 1936. Aquella victoria sumió al país en un ambiente de crispación que ya vaticinaba la Guerra Civil. Un momento que muchos nacionalistas catalanes y simpatizantes de la izquierda, como fueron las Alianzas Obreras del PSOE y el Frente de Izquierdas catalán, utilizaron para exigir la amnistía de los detenidos.

Este último había obtenido el 59% de los votos en Cataluña (41 escaños) y ganado en todas sus provincias. Por eso, cuando el Frente Popular, donde el PSOE era también el grupo con más escaños, se hizo con el Gobierno en España, no dudó en ceder antes las pretensiones de su aliados catalanes y liberar a Companys, Pérez Farrás y el resto de golpistas. Azaña firmó un decreto ley de amnistía y permitió el regreso a casa como si de héroes se trataran. Poco después, el Gobierno de la República devolvió paulatinamente las competencias a la Generalitat y Companys fue restituido como presidente. El régimen autonómico recuperaba, así, su estatus anterior a la insurrección.