Los 800 trabajadores que desafiaron a Franco

Se produjo en la empresa Laminación de Bandas en frío de de Echévarri, después de que sus directivos hubieran desestimado las reivindicaciones de los empleados, molestos porque la dirección había disminuido su retribución salarial y aumentado su ritmo de trabajo. De los 960 obreros, más de 800 participaron activamente en los paros y las protestas durante 163 días, marcados por la represión, la perdida de empleos, la intervención del Ejército, el destierro e, incluso, las penas de cárcel.

«Ayer la fábrica estaba cercada por la Guardia Civil. Nos han dicho que había 180 guardias. El autobús de las víctimas de Gondra sale escoltado por dos Jeeps de la Policía Armada. ¡Guardias! ¡Armas! Nosotros seguimos trabajando tranquilamente. Nuestra escolta es la conciencia del deber», podían leerse en una de las octavillas que diaria y clandestinamente distribuían los trabajadores pocos días después del comienzo de la conocida como « Huelga de Bandas ».

Dicho conflicto estuvo enmarcado no solo en una época de modernización de los sistemas de producción de muchas de estas compañías, sino también en la soterrada activación de las protestas laborales, ocho años antes, en Asturias. En particular, en el sector de la minería, que había desafiado en varias ocasiones a la organización sindical franquista con el nombramiento de sus propios representantes al margen de la ley.

La huelga pilló por sorpresa a la dirección de la empresa, a las autoridades del régimen y al mismo Franco, que no podía comprender como un grupo de obreros vascos se había atrevido a poner en tela de juicio la legislación vigente y envalentonarse a pesar de la represión que sabían que podían sufrir . Fue un punto de referencia en la lucha contra la dictadura y, especialmente, contra la oligarquía industrial y financiera de la España de los 60.

A lo largo del conflicto, del que se hizo eco tanto la prensa nacional como internacional, los huelguistas fueron combinando acciones legales –valiéndose inicialmente de canales oficiales como el sindicato vertical– e ilegales y clandestinas. Comenzaron presentando diversos escritos que llegaron a la Magistratura de Trabajo, pero las autoridades se pronunciaron a favor de los intereses de la empresa, propiedad en un 33% de Altos Hornos de Vizcaya y en un 67% de la Basconia , y apoyaron después el despido de 564 trabajadores. .

Ni aquel castigo de principios de 1967, ni las detenciones que ya se comenzaron a producir, les amedrantaron. Todo lo contrario, reforzó su convicción para comenzar a actuar al margen de la ley. Primero se encerraron durante tres días en el comedor de la empresa, siendo desalojados a punta de metralleta por la Guardia Civil . Después comenzaron a distribuir las famosas octavillas, que se convirtieron en una obsesión para la Policía. Eran impresas clandestinamente en diversas parroquias y en ellas se informaba a trabajadores y vecinos de cómo transcurría la huelga. «Qué no se raje nadie», podía leerse en algunas de ellas.

La empresa intentó apaciguar los ánimos intentando convencer a alguno de los despedidos para que regresaran a sus puestos de trabajo. La gran mayoría de estos permanecieron firmes, bajo la premisa de «todos o ninguno». Una solidaridad que se sintió durante todo el proceso, con importantes movimientos por parte de la Universidad (escrito de apoyo de la Escuela de Ingenieros), de trabajadores de otras localidades del País Vasco y del resto de España, de organizaciones internacionales y, sobre todo, de un pequeño sector de la Iglesia. La manifestación de apoyo a los trabajadores por parte de 88 sacerdotes en Bilbao ( 50 según publicó ABC ), el 13 de abril, desconcertó e irritó especialmente a las autoridades del régimen.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Franco fue la gran manifestación convocada el 4 de abril de 1967, desafiando todas las prohibiciones. Una movilización que contó con el apoyo de los trabajadores de otras empresas, que secundaron el paro, y de nuevo con otros sectores de la sociedad. La marcha transcurrió por las calles céntricas de Bilbao y acabó, como era de esperar, con la intervención armada de la Policía, que reprimió la concentración con dureza.

Tanto la empresa como el Gobierno se pusieron un objetivo: aplastar este «exceso» obrero cuanto antes. La empresa contrató a trabajadores de otras provincias, amenazó con desalojar a 450 familias de los empleados que vivían en las casas facilitadas por la compañía y aumentó la presión por parte de la Policía y el sindicato vertical, así como los juicios contra los obreros . Pero ni aquello les frenó.

Franco, al que el tema parecía írsele de las manos, terminó decretando el Estado de Excepción el 22 de abril de 1967 . Eliminó las escasas garantías que tenía la dictadura y ordenó una ola de detenciones y destierros de muchos de los trabajadores que habían participado en la movilización, mandándolos a otras comunidades. Aquello fue el final de una huelga que terminó desconvocándose el 20 de mayo de 1967 . Los obreros tuvieron que presentar un escrito solicitando su reincorporación a la compañía, a excepción de 32 a los que no les fue permitido el reingreso. Un duro golpe que, con el paso de los años, se convirtió en un símbolo de la lucha obrera.