Los 30.000 desaparecidos de la dictadura Argentina que se quieren borrar: «La cifra se inventó en España»

El debate presidencial celebrado este domingo por la noche en Santiago del Estero, mil kilómetros al norte de Buenos Aires, vivió su momento más tenso cuando se abordó el tema de los derechos humanos, elegido por el público mediante los canales abiertos para la ocasión. En este sentido, Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA) y ganador de las primarias, pasó por alto su intervención en el golpe de Estado y se animó por primera vez al negacionismo frente a la dictadura militar.

«Las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo, la guerrilla argentina] y Montoneros [guerrilla peronista] mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad», aseguró, al enfrentarse a las críticas de la candidata de la izquierda, Myriam Bregman, que en numerosas ocasiones ha calificado lo ocurrido de «genocidio». Unas palabras situadas también en el lado opuesto a las de la candidata a vicepresidenta de Milei, Victoria Villarruel, hija y nieta de militares, que califica la dictadura de «conflicto armado interno, guerra de baja intensidad». No hay consenso en las heridas.

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El candidato que lidera las encuestas, Javier Milei, también negó durante el debate que hubiera 30.000 desaparecidos durante la dictadura de Argentina, asegurando que las cifras «son 8.753»

En el pasado, el candidato ultra había criticado las atrocidades de la dictadura como tertuliano televisivo, pero este domingo adoptó una postura muy diferente: «Nosotros valoramos la visión de Memoria, Verdad y Justicia, pero empecemos por la verdad: no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753», declaró, negando la cifra de desaparecidos defendida por organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. «Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros hubo una guerra en los 70», añadió, en contra del histórico Juicio de las Juntas de 1985, que condenó a Jorge Rafael Videla y sus colaboradores de la dictadura.

En este eterno debate sobre el número de desaparecidos, hay posturas tan inesperadas como la de Graciela Fernández Meijide, exministra de Acción Social del Gobierno de Fernando de la Rúa, cuyo hijo Pablo fue secuestrado y borrado por los militares de la faz de la tierra en octubre de 1976, cuando tenía 17 años. La novia de este también desapareció, sin que se sepa el paradero de ambos. Aún así, esta activista de los derechos humanos no apoya la cifra de 30.000. «¡Cómo que no se sabe la cifra! Claro que se sabe, son todos los publicados por la Conadep», exclamó en 2016.

En 1988, Fernández Meijide publicó 'Las cifras de la guerra sucia', una investigación detallada y actualizada a partir de su trabajo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Conadep. Años más tarde, la estimación de los desaparecidos se convirtió en un tema tabú de la escena pública argentina y algunos políticos pretendieron censurarla por su trabajo de recopilación de datos. A pesar de ello, Conadep, en parte basándose en el trabajo de la exministra, registró 8961 víctimas de desaparición forzada, advirtiendo igualmente que podía haber errores u omisiones.

En noviembre de 2015, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó una actualización del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado en el que se establecía que, hasta el momento, se podían contabilizar 7018 desaparecidos y 1613 asesinados. Nunca se ha llegado a un acuerdo y la cifra exacta de desaparecidos sigue siendo un misterio. Los 30.000 corresponden a la cantidad oficial y aproximada dada por las organizaciones de derechos humanos y por la mayoría de partidos argentinos, aunque Milei la niega.

La teoría más sorprendente sobre la cifra oficial de 30.000 la ha dado precisamente Fernández Meijide, autora también de 'Historia íntima de los derechos humanos en Argentina: «Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde me contó allí que pusieron ese número para poder apelar a la figura del genocidio y denunciar lo que estaba pasando».

Según la exministra, Duhalde, nombrado posteriormente secretario de Derechos Humanos en el Gobierno de Néstor Kirchner, colocó la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo que escribió, por delante del de Ernesto Sábato, en el libro 'Nunca Más', que recoge, con nombres y apellidos, a todas y cada una de las víctimas del régimen militar. Ante esto, Fernández Meijide se preguntó también en 2016, con motivo del parque de la Memoria de Buenos Aires que visitó Barack Obama: «¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde están sus familias y las denuncias? Colocan las placas vacías porque no pueden poner un nombre».

No obstante, no es la primera vez que Milei deja ver su negacionismo sobre los crímenes de la dictadura. El candidato ultra se rodea de dirigentes que relativizan el terror del Estado y prometen escarmiento. Walter Pérez, presidente de la APDH en Neuquén, cuestionó sus declaraciones en el debate presidencial en el contexto de la historia de Argentina de las últimas cuatro décadas: «Discutir si fueron tantos o no tantos, hoy ya eso es algo que no tiene demasiado sentido. Nosotros confiamos verdaderamente en la memoria colectiva del pueblo. La reivindicación de los 30.000 es un hecho que se viene planteando ya desde hace décadas y creo que no va a ser posible cambiar la realidad con afirmaciones como la de Milei».

Pérez cuestiona esta cifra porque proviene «del número de denuncias oficiales que en su momento se conocieron y fueron recogidas en los primeros años de la democracia». Es decir, que no tendría en cuenta las desapariciones de forma extraoficial. El presidente de la APDH recordó que, a medida que avanzaron las investigaciones, «se fueron conociendo decenas y decenas de nuevos casos en más centros clandestinos de detención». Por otro lado, fuentes judiciales especializadas han explicado que «el número 30.000 se construye a partir de las estimaciones de estos centros y los números o letras que asignaban a los secuestrados».

Pérez sostiene que la cifra «es simbólica y estimativa» y que cuestionarla ha sido «una de las estrategias del negacionismo para relativizar el pacto democrático que se comenzó a armar el 10 de diciembre de 1983», cuando Videla ya estaba fuera del poder a la espera de juicio por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su gestión presidencial. Una estrategia que se debe a que los negacionistas saben que ningún organismo público ha llegado jamás al número de 30.000.

Sin embargo, documentos desclasificados en Estados Unidos revelaron hace tiempo que, al inicio de la dictadura, el Ejército argentino reconoció que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978. En julio de este último año, Enrique Arancibia Clavel, terrorista de extrema derecha y agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires, reconoció que había enviado un cable a sus superiores con nombres de decenas de víctimas y precisó que sus contactos en el Batallón 601 habían computado «22.000 muertos y desaparecidos».