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El colectivo de padres vascos llevará a la UE la imposición del euskera en la escuela

BLANCA TORQUEMADAMADRID. Como ellos dicen con retranca, el próximo paso será «internacionalizar el conflicto». La Plataforma por la Libertad Lingüística creada el pasado enero por padres del País

Actualizado 30/03/2008 - 07:45:54
Como ellos dicen con retranca, el próximo paso será «internacionalizar el conflicto». La Plataforma por la Libertad Lingüística creada el pasado enero por padres del País Vasco para defender a sus hijos de la escolarización obligatoria en euskera presentará una denuncia ante la Comisión Europea para hacer valer los derechos que se les niegan en su propia Comunidad autónoma. En concreto, quiere actuar contra el Decreto 175/2007 con el que el Gobierno vasco, como informó ABC, impone el euskera como lengua vehicular de la enseñanza y, además, establece al final de secundaria un examen de capacitación en ese idioma equivalente al «First Certificate» del inglés. Medidas que suponen la liquidación a corto plazo del «modelo A» por el que los padres vascos han podido hasta ahora educar a sus hijos en castellano, y una seria amenaza para el «modelo B» mixto, que ofrece asignaturas en las dos lenguas. La propia Consejería de Educación ha reconocido ya abiertamente que su voluntad es acabar con el «modelo de los modelos» con el argumento de que «ha fracasado».
Ante la evidencia de que la «apisonadora» de la administración autonómica se ha puesto en marcha y no se detendrá, la iniciativa legal del colectivo, actualmente en fase de elaboración, busca encontrar el amparo a sus derechos en instancias de la UE. Según ha informado a ABC la Plataforma, la denuncia ante la Comisión seguirá la misma línea argumental de la que hace unos años presentó el Gobierno de La Rioja contra la Diputación de Álava por las ayudas concedidas a una empresa que trasladó su domicilio a Laguardia para beneficiarse de las «vacaciones fiscales» vascas. Tras varios años de contencioso, en 2004, el Tribunal de Justicia de la UE falló contra la institución foral por considerar que sus incentivos a esas compañías «constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado común europeo».
Por eso esta ofensiva jurídica, según fuentes de la Plataforma, «tendrá una vertiente económica, ya que plantearemos que el decreto conculca el derecho de libertad de empresa. En el País Vasco no se podrán abrir escuelas que deseen impartir la enseñanza en castellano, ya que el euskera se impone a todos los centros, también a los privados. Esgrimiremos también que va contra la libertad de residencia, porque nadie podrá trasladarse a trabajar en esta Comunidad o en todo caso, quien venga, tendrá que hacerlo sin su familia». La Plataforma insiste en que «agotaremos todas las vías jurisdiccionales y tenemos muchas esperanzas puestas en la UE. Las instituciones comunitarias son muy sensibles a todas las cuestiones que afectan a la libertad de mercado».
Conferencia de presidentes
Pero esta «revuelta» cívica tiene otros frentes abiertos, también en el ámbito nacional. El primero, la determinación de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, con quien se quieren entrevistar. Además, como Zapatero anunció en la campaña que una de las primeras cosas que haría si ganaba las elecciones sería convocar una Conferencia de presidentes autonómicos, la Plataforma se ha puesto manos a la obra y ha entablado contacto con los Gobiernos de otras Comunidades para «implicar a los máximos representantes autonómicos y hacerles partícipes de un problema que también a ellos les afecta, porque conculca derechos fundamentales no sólo de los ciudadanos vascos, sino también de los del resto de España. Nuestro objetivo es que cuando se celebre esa «cumbre» autonómica, algunos presidentes, cuantos más mejor, puedan poner sobre la mesa esta cuestión y fuercen su entrada en la agenda. En esa coyuntura, tanto Zapatero como Ibarretxe se tendrán que pronunciar y dar una respuesta concreta».
Pero tampoco se agotan ahí los resortes de respuesta a las imposiciones lingüísticas «por decreto y a espaldas de una realidad social que va por otro camino». Así, los juristas a los que ha recurrido la Plataforma están mirando con lupa la legislación vigente para tratar de atajar los abusos. Creen, en principio, que en el precepto legal de que una parte sustancial del currículo escolar lo ha de fijar el Estado «puede estar parte de la solución». Pero además han detectado que el propio decreto 2808/1980 por el que se transfirió la Educación a la Comunidad Vasca menciona el traspaso de la titularidad de los centros docentes y de la inspección técnica, entre otros muchos aspectos administrativos, pero en lo que se refiere a contenidos sólo menciona la promoción del euskera, por lo que, interpretan, «se podría aducir que no son competentes en cómo se imparten el resto de las materias». Pero, sobre todo, se aferran a la sentencia 6/1982 del TC que denegó al País Vasco la pretendida titularidad de la Alta Inspección de Educación: «Ese pronunciamiento del TC hacía referencia expresa al derecho a recibir enseñanza en la lengua del Estado».
Contactos con otros grupos
A un tiempo, la Plataforma por la Libertad Lingüística ha estrechado los contactos con grupos cívicos de otras Comunidades que impulsan parecidas reivindicaciones (básicamente de Cataluña y Galicia), para plantear «actuaciones conjuntas». Pese a ello, han decidido «no formar una confederación porque las situaciones planteadas son diferentes, y requieren estrategias distintas».
Hace unos días miembros del colectivo vasco de padres se reunieron en un hotel de Burgos con representantes de Galicia Bilingüe y la Plataforma por la Tolerancia Lingüística de Cataluña. En esa cita se acordó sumar esfuerzos y buscar el acercamiento a otros grupos de Baleares y de Valencia.
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