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Portugal mantiene su negativa a agilizar las extradiciones con España

Portugal mantuvo ayer en Sintra su negativa a alcanzar un acuerdo con España para suprimir la extradición en delitos graves como el terrorismo. El Ejecutivo portugués, que alega problemas de orden constitucional, se muestra abierto a la cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea y a llegar a algún tipo de acuerdo más limitado como el reconocimiento mutuo de sentencias.

Actualizado 30/01/2001 - 00:23:37
El Gobierno español sigue empeñado en crear un espacio judicial único en el seno de la Unión Europea y, por ello, no pierde ocasión para tratar de alcanzar acuerdos que faciliten las entregas de determinados delincuentes entre los países miembros sin tener que pasar por un procedimiento que suele ser bastante largo. El modelo alcanzado hace varios meses con Italia es el que a España le parece más adecuado y, de hecho, ya lo ha propuesto a Francia, a Alemania y, ahora, a Portugal, con la intención de llegar a la Presidencia de la Unión Europea en enero de 2002 con una amplia red de acuerdos.
EL CASO DEL ETARRA TELLETXEA
Sin embargo, en el caso portugués, ha chocado con la existencia de una Constitución muy garantista, como ayer mismo se ocupó de poner de relieve el ministro de Asuntos Exteriores luso, Jaime Gama, tras la primera jornada de la cumbre bilateral que se celebra en Sintra.
Los ministros de Justicia e Interior españoles -Ángel Acebes y Jaime Mayor- y portugueses -Antonio Luis Santos Da Costa y Nuno Severiano Teixeira- se reunieron de forma conjunta para estudiar esos problemas que, de hecho, se manifiestan en el caso del etarra José Luis Telletxea, que vive desde hace cuatro años en Portugal y que, tras ser negada su extradición a España, se halla pendiente de que sea resuelta una solicitud de residencia en el país vecino para evitar ser expulsado.
Jaime Gama insistió en que su país sigue abierto a la cooperación judicial en el marco de la Unión Europea y, por su parte, su colega español, Josep Piqué, adelantó que hoy se podría conocer un memorándum suscrito por los dos países con las líneas sobre las que puede girar la colaboración bilateral en este terreno. Portugal parece dispuesta, según se desprende de las palabras de Piqué, a alcanzar acuerdos que puedan suprimir de hecho el trámite de las extradiciones, como el reconocimiento mutuo de sentencias y la ejecución inmediata de las mismas. Y al propio tiempo a facilitar que lo antes posible ese mecanismo sea una realidad en la Unión Europea.
No es ése, sin embargo, el único contencioso que planea sobre la cumbre, a la que asisten, junto con los jefes de Gobierno -Aznar y Guterres-, un total de diecisiete ministros. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha tenido que plantear las reservas españolas a la OPA lanzada por Electricidade de Portugal (EDP) sobre Hidrocantábrico por el hecho de que la compañía portuguesa tiene 26,5 por ciento de su capital en manos del Estado, pero ayer Piqué dio a entender que España no tendría problemas en aceptar la operación si EDP se privatizara, algo que se encuentra en proceso, según Jaime Gama. Las relaciones económicas entre España y Portugal son extraordinariamente fluidas y no suele haber ningún tipo de impedimentos a operaciones de compra a uno y otro lado de la frontera siempre que no afecten a sectores tan estratégicos como la banca, la energía o las telecomunicaciones.
En cualquier caso, no todo son diferencias. La reunión de Sintra va a permitir suscribir un acuerdo entre los dos Gobiernos para cooperar conjuntamente en países africanos e iberoamericanos y otro para elaborar un plan de actuación también conjunta en asuntos relacionados con la sociedad de la información.
De igual modo, se puede crear un Agrupamiento Europeo de Interés Económicopara estudiar por dónde debe pasar el tren de alta velocidad que una Madrid con Lisboa.
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Además, seva a estudiar un acuerdo de cooperación transfronteriza entre las regiones vecinas de los dos países y el Gobierno español está dispuesto a dar garantías de que la nueva normativa sobre extranjería no afecta a 10.000 trabajadores temporeros del Alentejo que se desplazan cada año a España.
También se ha decidido crear una comisión paritaria para atender las demandas de una quincena de españoles expropiados durante la revolución de los Claveles en 1974 y que reclaman unos 600 millones de pesetas. Finalmente se acordó un mecanismo para que se pueda pagar de forma automática indemnizaciones por actuaciones vandálicas contra transportistas en el otro país.
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