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Casi 200 penalistas progresistas arremeten contra la nueva ley de violencia de género

Actualizado 29/06/2004 - 02:04:57
Ramón Sáez
Ramón Sáez

MADRID. Un total de 180 jueces, fiscales, catedráticos y profesores expertos en Derecho Penal integrados en el llamado «Grupo Política Criminal», de talante progresista, hicieron público ayer un manifiesto en el que arremeten con dureza contra el proyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno para luchar contra la violencia de género.

El manifiesto cuestiona la oportunidad de endurecer las medidas penales para tratar de atajar esta lacra social y pronostica que la nueva ley será «ineficaz» porque crea «expectativas infundadas que van a defraudar nuevamente a las víctimas». «Lamentamos -señala textualmente el manifiesto- que la acertada iniciativa encaminada a abordar la violencia doméstica desde una perspectiva integral, en la que se es consciente de la importancia que poseen las medidas sociales y educativas para resolver esta lacra social, se haya visto oscurecida y distorsionada por la, al parecer irrefrenable, tentación de seguir abusando de las intervenciones penales para intentar resolver, ingenuamente, problemas sociales».

Los expertos penalistas sostienen que la «discriminación positiva» -en este caso en favor de la mujer- «no encuentra fácil acomodo dentro de los fines propios del Derecho Penal». Por ello, distinguen entre la «improcedente» discriminación positiva en el ámbito penal y «que se considere a ciertos sujetos más vulnerables a sufrir una lesión de determinados intereses». «Pero en este caso -añaden- la ley penal debe dejar claro que la protección reforzada \ se debe a la mayor vulnerabilidad de esas personas y no al mero hecho de pertenecer a un determinado género».

«Criminalización del espacio familiar»

Así, este colectivo critica que la nueva ley pueda transformar en delito actuales faltas de coacciones y amenazas leves cuando son cometidas por hombres y la víctima es una mujer. «Ello significa -señala el manifiesto- una criminalización irrealizable y disfuncional de todo el espacio familiar (...) y supone la continuidad de las políticas elaboradas por el anterior Gobierno en el último tramo de la legislatura, que se caracterizaron por un uso desmedido y autoritario del Derecho Penal para abordar también conductas de escasa gravedad».

De otro lado, los penalistas censuran que el proyecto de ley «confunde los auténticos objetivos del Derecho Penal al desplazar, cada vez más, la atención de estos instrumentos jurídicos desde la violencia doméstica habitual a la ocasional». «La pretensión de abarcar exhaustiva y ejemplarmente cualesquiera comportamientos violentos domésticos \ dispersa los medios policiales y judiciales disponibles, banaliza el fenómeno social que se trata de combatir y descuida las aportaciones que respecto a los comportamientos leves pueden suministrar otro tipo de intervenciones sociales no penales, como la mediación familiar o la atención psicológica». «En suma -concluye el manifiesto-, el rigorismo de las propuestas sólo anuncia ineficacia, creando expectativas infundadas que van a defraudar nuevamente a las víctimas». A la Junta Directiva de Política Criminal pertenecen Ramón Sáez, magistrado y ex vocal del CGPJ; y los catedráticos y profesores titulares de Penal Juan Carlos Carbonell, Josep María Tamarit, Carmen Lamarca y Octavio García
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