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Los secretos del consenso

Actualizado 28/11/2003 - 00:18:29
El año 1978 comenzaba cargado de tensiones. El Rey seguía muy de cerca los avatares de la ponencia constituyente que presenta su primer texto el 5 de enero. Preocupaba a Don Juan Carlos la reacción adversa de algunos mandos militares, de tal manera que al día siguiente aprovechó la Pascua militar para dejar las cosas claras: «Igual que el arte de la guerra tiene que sufrir innovaciones profundas, también en otros muchos aspectos y, desde luego en el político, hay que seguir la marcha de la Historia para demostrar al mundo y demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de vivir en paz, en la democracia y en la libertad».

«Hay que evitar que, desde fuera de las Fuerzas Armadas, se trate de politizarlas, implicándolas en la política que a cada cual conviene o utilizándolas para apoyar en uno u otro sentido sus intereses», dijo Don Juan Carlos. El fantasma de un golpe de Estado acompañó permanentemente el proceso constituyente. Desde la operación Galaxia hasta el 23-F, el golpismo estaría siempre presente con la continua referencia a gobiernos de concentración o de salvación nacional. 
El conocimiento del borrador de Constitución y la presentación de las 1.133 enmiendas al proyecto elaborado por los siete ponentes volvió a tensar el proceso constituyente. Los ponentes decidieron recluirse durante tres días en el Parador de Gredos para expurgar todo aquel mare mágnum enmendante.  La circunstancia fue  aprovechada por PSOE y PCE para mantener sus últimas posiciones republicanas, mientras que UCD, de nuevo con problemas internos muy serios, intentaría reconducir la concesión del término «nacionalidades», adoptada tras muchas idas y venidas centristas, mediante la aclaración de que «España es una nación». El recelo de Suárez, advertido del revuelo en sectores involucionistas, era que aquel invento de Miguel Roca -«nacionalidades y regiones»- podía interpretarse como una puerta abierta a futuras intenciones separatistas. Había que hilar muy fino y se intentó una marcha atrás. 

Negociación de los nacionalismos

La definición de la estructura del Estado y cómo resolver los problemas de Cataluña, pero sobre todo del País Vasco y Navarra, fueron el motivo principal de un sinfín de reuniones, enunciados, propuestas y contrapropuestas dentro de la propia UCD. Desde entonces quedaron claras dos actitudes: una, defendida por Herrero, partidaria de atender las aspiraciones de los nacionalistas, y otra, protagonizada por Abril, partidario de una defensa explicita de la «indisoluble unidad de la nación española» y de su soberanía. En Moncloa decidieron pasar a la ofensiva. Desde el presidente del Gobierno al último de los barones de UCD, todos salieron en tromba a defender el anteproyecto constitucional: «prometemos defender la libre iniciativa y la empresa privada en el marco de una economía social de mercado», dijo Suárez en Ávila. «No somos ni de izquierdas ni de derechas», afirmaba Joaquín Garrigues; «la izquierda no tiene el monopolio de la decencia», proclamó Fernández Ordóñez.

El cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, tan relevante en la Transición, advertía: «Ninguno contará con nosotros para el servicio a sus particulares intereses de grupo o ideología.» Apelación a la neutralidad católica que no sería atendida por los democristianos dispuestos a exigir un giro a la derecha de UCD, sobre todo en cuestiones de educación. Y entonces fue cuando algunos descubrieron la «mayoría natural». Manuel Fraga lo dijo muy claro: «... ha habido una propuesta seria para hacer una nueva mayoría en el Congreso y formar, entre las fuerzas de centro-derecha, un Gobierno de coalición, con el fin de definir de una vez los dos grandes bloques naturales del país».
Muy al contrario, a finales de febrero Suárez cambió el Gobierno, tras la inoportuna dimisión de Fuentes Quintana, y Fernando Abril se convirtió en vicepresidente y ministro de Economía. Se trataba de controlar el heterogéneo conglomerado centrista ante unos momentos difíciles. En la ponencia constitucional, UCD votaba con AP y Convergencia, para mosqueo de Peces Barba y Solé Tura. Sabedor de la presión de los conservadores  sobre Suárez, Felipe González dio otra vuelta de tuerca para forzar la convocatoria de elecciones municipales donde, ya lo sabía Guerra, la izquierda podría por fin tocar poder. El PSOE mostró su fuerza abandonando la ponencia constitucional. La crisis era seria.  En marzo, Adolfo Suárez decidió dar un giro para recuperar otra vez el acuerdo con los socialistas. 

En busca del apoyo socialista

En abril se publica por fin el texto final de la ponencia y el Palacio del Congreso era el escenario de encuentros y conversaciones, negociaciones, pactos, transacciones. Y en el bar, los viejos retratos de Cánovas, Sagasta, Pi i Margall, Salmerón, Castelar, Alcalá Zamora, Lerroux, Canalejas y Álvaro Martínez eran mudos testigos de increíbles conversaciones sobre los más variados aspectos de la futura Constitución. Las confidencias entre políticos y periodistas se llevaban a cabo con diáfana promiscuidad y así se supo enseguida que, en el Salón de Ministros, Suárez y González pactaban un nuevo calendario.

Días después, Adolfo Suárez interviene ante el Pleno del Congreso para explicar los cambios de Gobierno. Se dirige a la oposición: no se puede exigir consenso constitucional mientras se ponen zancadillas. Es el «discurso de las cañerías» en el que el presidente se duele de que le exijan «dar agua todos los días» mientras se construye el «edificio del Estado nuevo, bueno, sólido y confortable para todos» y reprocha al PSOE anteponer intereses de partido a la consolidación de la democracia. La advertencia dio resultado y el PSOE firmó el anteproyecto de Constitución.

Volvía la «pax constitucional»: en el Senado se despenalizaba los anticonceptivos, el adulterio y el amancebamiento y Televisión Española hacía estragos con el concurso «Un, dos, tres» de Chicho Ibáñez Serrador. Ya es primavera en Madrid cuando el 5 de mayo la Comisión Constitucional comenzó a debatir el proyecto tan laboriosamente redactado. Las sesiones son abiertas a la prensa y en la sala confraternizan ocho grupos parlamentarios. Ese mismo día en Barcelona, Felipe González rompió aguas ideológicas lanzando su gran órdago: «el PSOE no tiene por qué ser un partido marxista». Las piezas del puzzle constitucional iban encajando. La reacción crítica de los socialistas ortodoxos no se hizo esperar. Pero González estaba determinado a llevar a buen puerto la conversión del PSOE a la socialdemocracia como paso imprescindible para ganar unas elecciones. Su apuesta la ganaría un año mas tarde, previa su dimisión como Secretario General. El gesto del sevillano fue seguido con todo interés desde Moncloa donde se dieron cuenta de que el PSOE daría la batalla por el centro.

Pero en la Comisión, para sorpresa del PSOE, Landelino Lavilla que dirige los debates se alinea constantemente con Alianza Popular y pronto se percibe el aire de una «mayoría natural», la «mayoría mecánica» que suma los votos. Y los socialistas denuncian la exclusión de la izquierda mientras que mantienen su republicanismo, ven como UCD y AP se resisten a abolir la pena de muerte y así todo. Alertado del deslizamiento de UCD hacia la derecha en los debates de la Comisión y aquejado de terribles dolores provocados por una equivocada operación de mandíbula, Adolfo Suárez estaba irritado con tan crítica situación. Fue así cómo decidió que Fernando Abril interviniera ya y directamente para desbloquear los debates de la Constitución. Había que retomar otra vez el diálogo con el PSOE.

El vicepresidente escogió un lugar discreto y próximo a su casa para poner en marcha una nueva estrategia. El pequeño reservado de la entreplanta del restaurante «José Luis», frente al estadio Bernabéu, sirvió de escenario para una curiosa manera extraparlamentaria de elaborar una Constitución. Sin retóricas se ganaba eficacia; y sin publicidad, tiempo. Una vez logrados los acuerdos, serían tramitados en la Comisión por uno de los dos partidos para recibir todas las bendiciones institucionales.

Soluciones para las discrepancias

Fernando Abril y Alfonso Guerra entendieron que tenían la responsabilidad de buscar el común denominador de una gran mayoría social. Pragmáticos, poco proclives a perder el tiempo en disquisiciones, hora a hora, noche a noche y folio a folio, buscaron soluciones para las discrepancias. «Creo que en nuestro país la pasión ha estado en contradicción con la razón y que es preciso hacer una Constitución mirando hacia delante. Que se mire con espíritu de comprensión y acercamiento y de compromiso,  no es ceder. Es simplemente una postura realista que parte del afán de crear un marco de convivencia estable y duradero», explicaría Fernando Abril en «El País». Por aquellas reuniones nocturnas fueron pasando también Peces Barba y Múgica; Arias Salgado, Cisneros y Pérez Llorca. Y en su despacho de Castellana 3, Abril hablaba con Roca y Solé Tura.

En sucesivos encuentros secretos, con escenas casi de comedia de enredo, las grandes cuestiones pendientes iban siendo resueltas entre idas y venidas, gritos y susurros, agobios y esparcimientos. Fue el gran momento de «el consenso» cuyo secreto no era otra cosa que «la búsqueda de un acuerdo en lo fundamental, un pacto para la paz y la convivencia, con profundas raíces éticas y culturales, con una realista memoria crítica y con una intención de superar aquella tradición de enfrentamientos», según Peces Barba.

Habían pasado quince días y la prensa no se había enterado de tales encuentros. Alianza Popular y PNV se tomaron a mal su exclusión de la mesa de los acuerdos mientras que Lavilla y Herrero de Miñón protestaron desairados. Los temas negociados así fueron la abolición de la pena de muerte, la Corona, la enseñanza, el reparto de circunscripciones, el estado de excepción, la confesionalidad del Estado o incluso el divorcio. En un sólo mes, el anteproyecto quedó listo para pasar al siguiente trámite como proyecto. El debate de la futura Constitución en el Pleno del Congreso quedó fijado para el 3 de julio.
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