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Ibarretxe plantea un proyecto para la independencia con un referéndum en el plazo de un año

Actualizado 28/09/2002 - 08:47:01
El lendakari dirigiéndose a la tribuna de oradores del Parlamento vasco
El lendakari dirigiéndose a la tribuna de oradores del Parlamento vasco
VITORIA. Juan José Ibarretxe puso ayer en marcha un proceso hacia la independencia del País Vasco que pretende que culmine con un referéndum, al tiempo que anunció que su Gobierno asumirá las competencias pendientes de transferir, en virtud de lo cual tomaba la decisión unilateral de ampliar la Ertzaintza.
El Ejecutivo autonómico se da un año de plazo para redactar el texto de «un pacto con el Estado». Aduce para ello los «derechos históricos» que le reconoce el Estatuto de Autonomía, pero vulnera la Constitución con un proyecto que incluye que sean los vascos y no el conjunto de los españoles los sujetos de la soberanía. Ésto supone la ruptura incluso en lo referente al Poder Judicial, ya que la pretensión del lendakari es que «se agoten todas las instancias judiciales en el País Vasco».
Navarra y País Vasco francés
Las bases de partida de lo que Ibarretxe definió como «un modelo de cosoberanía libre y voluntariamente compartida» fueron concretadas en diez puntos: «el reconocimiento de la capacidad plena de la Comunidad autónoma vasca para regular y gestionar la realización de consultas democráticas a la sociedad vasca por vía de referéndum»; «el reconocimiento de la nacionalidad vasca a efectos jurídicos y administrativos»; la libertad para establecer relaciones con Navarra y con los territorios vasco franceses; «la sustitución del Estado en la Administración de Justicia en la Comunidad autónoma»; la «exclusividad en la seguridad pública, administración foral y local y derecho privado en el ámbito de la vecindad, familia, relaciones patrimoniales, empresa y sociedad civil»; competencia exclusiva en el ámbito de la cultura, la lengua y la educación y libertad para formar selecciones nacionales por parte de las federaciones deportivas vascas; «gestión autónoma de una política económica propia, el sistema tributario y fiscal y los sistemas de relaciones laborales, así como los de previsión, bienestar y Seguridad Social»; «la titularidad de los recursos naturales y de todas las infraestructuras de comunicaciones»; «un régimen de garantías que impida la restricción unilateral del pacto suscrito» y la «presencia directa en las instituciones europeas», con «capacidad para firmar tratados internacionales».
Modificar la legalidad
Ibarretxe aseguró que su intención era partir de la legalidad actual para modificarla pero, ante las denuncias de PP y PSE en el sentido de que la propuesta del lendakari vulneraba la Constitución y el Estatuto, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, señaló que «son las leyes las que tienen que ajustarse a la voluntad de los pueblos y estar al servicio de ellos y no al revés».
El lendakari había esgrimido como respaldo a la legalidad de su propuesta el reconocimiento por parte de la Disposición Adicional del Estatuto de Guernica de los derechos históricos del pueblo vasco y la Disposición Adicional Primera de la Constitución, que «ampara y respeta» los derechos históricos de «los territorios forales», además de los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
Una base legal tan poco sólida llevó a Egibar a decir que «por encima de las legalidades está la voluntad de la sociedad vasca». El portavoz del PNV se mostró optimista ante una pronta anexión de Navarra y el País Vasco francés a la que se refirió el lendakari, hablando de «prudencia», de «ritmo adecuado para el momento que viven otros territorios vascos» y de respeto «a la voluntad de los navarros», pero dando por hecho que la unificación es un «anhelo mayoritario».
La propuesta de un «pacto» con el Estado eclipsó el anuncio realizado por Ibarretxe de que su Gobierno asumiría las competencias pendientes de transferir y luego cargaría al Estado el importe de las mismas descontándolo del cupo que tiene que pagar, al ser las haciendas forales las que recaudan los impuestos en el País Vasco.
Ibarretxe anunció diecinueve medidas para cumplir la resolución que aprobó el Parlamento vasco el pasado 12 de julio y que incluyen la ampliación de la Ertzaintza en doscientos agentes; el desarrollo de una normativa propia en materia de Seguridad Social para el establecimiento de una estructura que coordine todos los servicios relacionados con ella en la Comunidad autónoma; la ejecución de programas específicos que incidan en la mejora de la situación de las personas encarceladas; el diseño de un Servicio Vasco de Formación y Empleo; la regulación de la actividad de los paradores de turismo; la creación de un servicio de reclamaciones específico en el ámbito financiero; el impulso de la red vasca de tecnología, un programa de apoyo a la cinematografía, el fomento de los productos pesqueros, medidas normativas relativas al transporte marítimo y la constitución de un operador de servicios ferroviarios.
Ibarretxe dedicó sólo una décima parte de su discurso a hablar del terrorismo, problema al que se refirió como uno de los tres «túneles hacia el pasado». Otro «tunel», el «institucional», es, según el lendakari, el cerco del Estado contra Batasuna. A pesar de que un nuevo atentado de ETA ha conmocionado a los vascos esta misma semana, el lendakari afirmó ayer que «Euskadi funciona» y que está «entre los diez primeros países del mundo en desarrollo humano», habiendo superado la media europea en renta por habitante.
Por otra parte, Ibarretxe anunció que el Ejecutivo vasco presentará hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Partidos.
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