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Una juez de Gerona abre una investigación contra otra red de clínicas abortistas

Tras destaparse hace unos meses el escándalo con el caso Morín, otra de las grandes empresas que controlan el inmenso negocio en que se ha convertido el aborto en España está ahora siendo investigada

Actualizado 28/05/2008 - 09:58:19
Tras destaparse hace unos meses el escándalo con el caso Morín, otra de las grandes empresas que controlan el inmenso negocio en que se ha convertido el aborto en España está ahora siendo investigada. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gerona admitió a trámite el pasado jueves una querella contra los ginecólogos Gerrit Jan Bosma y Rolín Julio Robles que dirigen varias clínicas englobadas en la sociedad Centro Médico Aragón, otro gran emporio abortista, por «un supuesto delito de asociación ilícita y aborto ilegal». Los hechos se destaparon a raíz de las declaraciones del psiquiatra Jaime Cañellas Galindo, que trabajó para los demandados.
El supuesto más utilizado en España para abortar es el que pretende preservar la salud psíquica de la embarazada. Se ha convertido en el gran coladero de la ley. Acogiéndose a este ambiguo precepto, que precisa del dictamen previo de un psiquiatra para confirmar el problema psíquico, las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan con total impunidad casi en cualquier semana de gestación.
Lo malo es que en muchos caso esos informes psicológicos en realidad nunca se llevan a cabo o se convierten en un mero trámite. Los psiquiatras cobran por informe realizado y, como ha quedado atestiguado en diversas intervenciones, habitualmente los dictámenes estaban ya firmados y datados con el nombre de la mujer en blanco, sólo a la espera de que llegara alguna cliente y se añadiera su identidad, acto que a menudo realizaba la enfermera de turno.
El testimonio del arrepentido, que ahora deberá refrendar ante la juez, vino en su día a confirmar lo que todo el mundo sospechaba. Cañellas colaboró con la clínica Aragón entre diciembre de 2004 y agosto de 2005. En el centro abortista le pagaban 16 euros por informe positivo (en la mutua para la que trabajaba entonces recibía 15 euros por consulta). Señaló que era «constantemente presionado para que no pusiera trabas a los abortos y tuviera manga ancha». Aseguró asimismo que alguien falsificó su firma para dar vía libre a abortos sin su consentimiento. De hecho, informes supuestamente firmados por él con el nombre de la paciente en blanco aparecieron en la basura.
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