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Veinte años a vueltas con la Justicia

El levantamiento del secreto en el caso Pallerols ha vuelto a cernir sobre la política catalana la sospecha de la corrupción. En el caso de CiU, ahora se cumplen dos décadas de la quiebra de Banca Catalana

Actualizado 27/10/2002 - 04:30:01
El fiscal general, Luis Antonio Burón-Barba, en mayo del 84, informando sobre la querella contra Banca Catalana. EFE
El fiscal general, Luis Antonio Burón-Barba, en mayo del 84, informando sobre la querella contra Banca Catalana. EFE
BARCELONA. A juzgar por las reacciones que el President ha tenido siempre que se ha querido involucrar a miembros del Govern o de su propia familia en escándalos judiciales, Jordi Pujol no ha superado todavía el «trauma» que supuso el denominado caso Banca Catalana, que estalló en noviembre de 1982 y que le valió una petición de procesamiento por parte de la Fiscalía. Han pasado veinte años, pero el dirigente catalán no olvida la «persecución política» a la que, en su opinión, fue sometido por parte de dos fiscales, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, sospechosos de simpatizar con la izquierda y que le acusaban de participar en la quiebra, ya que Pujol había sido consejero de esta entidad bancaria entre 1974 y 1976.
Cuando el banco fue intervenido por el Estado, el «agujero» ascendía a 100.000 millones de pesetas. Entonces se habló de una supuesta financiación irregular de CDC, extremo que nunca se confirmó como tampoco se demostró que el President cometiera ningún delito. Los jueces desestimaron la petición de procesamiento de los fiscales, a los que Pujol acusaba a su vez de ser un instrumento del PSOE para «atacar a Cataluña».
Beligerancia
El dirigente nacionalista fue exculpado, pero a partir de ese momento, el ministerio público se mantuvo atento ante cualquier posible resbalón de las personas que pertenecen al entorno de Pujol. Desde entonces, las relaciones entre la Fiscalía y la Generalitat no han sido precisamente amistosas. Durante estas dos décadas, el ministerio público ha mantenido su beligerancia respecto a cualquier tipo de irregularidad detectada en la gestión de miembros del ejecutivo catalán, aunque muy pocos de ellos han llegado a sentarse en el banquillo de los acusados.
A lo largo de la década de los noventa, la visita de miembros o ex miembros del Govern al edificio de los juzgados de Barcelona fue frecuente. Jiménez Villarejo ya era fiscal jefe de Cataluña -el nombramiento desató la ira de Pujol, quien se atrevió a regañar al fiscal general del Estado en un acto público por haber tomado esta decisión- cuando en 1990, la Fiscalía abrió una investigación contra el ex secretario general de la Generalitat, Lluís Prenafeta, a raíz de una denuncia de la CNT en la que se acusaba al que fue mano derecha del President de compaginar su cargo con actividades privadas.
El caso fue archivado tres años después por el entonces juez instructor Lluís Pasqual Estevill, quien luego sería elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición de CiU. La carrera del magistrado cayó en picado tras ser procesado por cohecho, prevaricación y delito fiscal. En la investigación por supuesto soborno fue inculpado el abogado Joan Piqué Vidal, quien años antes, precisamente, había defendido a Jordi Pujol en el caso Banca Catalana.
«Caso Casinos»
Los problemas judiciales de Prenafeta no acabaron ahí. El llamado «caso Casinos» volvió a enfrentar al ex secretario general de Presidencia con la Justicia. En 1989, el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona abrió una investigación a raíz de la denuncia presentada por el ex director financiero de Casinos de Catalunya/Inverama, Jaume Sentís, contra el presidente de esta entidad, Artur Suqué, a quien acusaba de desviar 3.000 millones de pesetas de Casinos, de los cuales mil millones habrían ido a parara al aparato económico-financiero del Convergència. Durante la instrucción, que nueve años después fue archivada por la Audiencia de Barcelona, llegaron a estar inculpados, además del propio Prenafeta, Francesc Gordo y Albert Serra, que habían pertenecido al aparato económico de Convergència, y los empresarios José Luis Rovira Escubós y José Manuel Novoa, éste último gerente del desaparecido diario «El Correo Catalán».
«El Observador»
El mundo editorial complicó la vida de Lluís Prenafeta, uno de los principales impulsores del también extinto diario «El Observador». El Juzgado de Instrucción 29 llegó a embargarle bienes por la deuda contraida por este periódico que también fue objeto de investigación en relación al caso Grand Tibidabo, uno de los escándalos financieros más importante de los años noventa que llevó a la cárcel a Javier de la Rosa, calificado en su día por CiU de «empresario modelo». Una de las empresas responsables de la edición del rotativo, Coterma, se financió con comisiones que supuestamente desvió De la Rosa por la venta de un edificio de Grand Tibidabo a la Generalitat.
La mayoría de estas investigaciones no llegó a juicio, a diferencia del denominado caso BFP, que estalló en 1992. Esta investigación también fue llevada a cabo por el juez Lluís Pasqual Estevill, cuyo prestigio se encontraba entonces en pleno auge por haberse erigido en el «azote de la burguesía». Este caso tenía un nombre propio: Jordi Planasdemunt, conseller de Economía del gobierno de Pujol entre 1982 y 1983. Posteriormente fue nombrado director del Institut Català de Finances (ICF). Planasdemunt creo junto a Joan Bassols y Salvador Forcadell la sociedad BFP, a la que se acusó de efectuar pagarés falsos. Desde su cargo en el ICF, Planasdemunt concedió avales a las empresas implicadas en la trama.
Planasdemunt fue condenado por este caso, que puso contra las cuerdas Macià Alavedra, que cuando se destapó el fraude era titular de la Conselleria de Economía. Aunque la oposición le pidió responsabilidades política por el caso BFP, Alavedra se mantuvo en su cargo. También aguantó el tipo el todavía conseller de Industria, Antoni Subirà, cuando en 1992, la Fiscalía de Cataluña elaboró un informe referente a supuestas irregularidades en la concesión de ayudas por parte de la desaparecida Comisión de Ayuda a la Reindustrialización (CARIC) de la Generalitat. El entonces fiscal general del Estado, Eligio Hernández, ordenó el archivo de la causa.
Los cuñados de Subirà
El caso fue reabierto por el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona y remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que interrogó a Subirà por la recalificación de los terrenos Mas Blau II adquiridos por el empresario Felipe Massot, vinculado comercialmente a los cuñados de Subirà. El TSJC ordenó el sobreseimiento de la causa en mayo de 1996 en un auto en el que, no obstante, se afirmaba que existían indicios de que Subirà había utilizado su cargo político para influir en la recalificación de esos terrenos situados en El Prat de Llobregat (Barcelona).
Quienes si decidieron dimitir de sus cargos fueron los ex consellers Josep Maria Cullell y Jaume Roma. El primero cesó en 1994, cuando era titular de Política Territorial y Obras Públicas cuando trascendió una conversación en la que Cullell presionaba supuestamente al alcalde convergente de Sant Pere de Torelló (Barcelona) para que comprara unos terrenos a su cuñado. Seis meses después presentaba la dimisión Jaume Roma, sucesor de Cullell en el citado de departamento, después de que un grupo de constructores le acusaran de haber otorgado irregularmente obras a la empresa Trad S. A. cuando era director general del Institut Català de la Salut, dependiente de la Generalitat, y de haber encargado a la misma empresa la construcción de un chalet que pagó a un precio inferior al real.
Veinte años después del caso Banca Catalana, los escándalos que han salpicado al ejecutivo catalán han perdido fuelle, aunque los juzgados mantienen activados varios asuntos cuyos protagonistas -jueces e inculpados- carecen del relieve de otras épocas. Los casos Turismo o Pallerols, en los que se investiga la supuesta financiación irregular de UDC, no ha tocado de momento a las altas esferas del nacionalismo catalán. Por otro lado, no han prosperado las denuncias de la oposición sobre el presunto trato de favor del Govern de la Generalitat hacia los hijos de Jordi Pujol quien, en este sentido, recordó que «durante 22 años, he soportado mi persecución y la de mi familia
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