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Los exilios vascos y el régimen nacionalista

Actualizado 25/07/2002 - 08:04:05
Jaime Larrinaga muestra la carta que repartió el Ayuntamiento de Maruri. Fernando Gómez
Jaime Larrinaga muestra la carta que repartió el Ayuntamiento de Maruri. Fernando Gómez
Las dos bazas que más ayudaron a Ibarretxe durante la pasada campaña electoral fueron la promesa de apoyar activamente a las víctimas de ETA, y la paralela y contradictoria afirmación de que en Euskadi la gente disfruta de una calidad de vida mejor que en ninguna otra parte. Sin duda muchos de quienes le votaron dudaban de la primero y sabían que lo segundo es llanamente mentira, pero en fin, a ellos no les iba tan mal y repitieron Ibarretxe con la esperanza de capear el temporal sin mojarse demasiado. Pero lo más probable es que acaben todos empapados, porque el vasco es un país a la deriva con alto riesgo de naufragio.
Según datos oficiosos, en la Comunidad autónoma vasca viven, aunque no demasiado bien, unas 1.800 personas protegidas por alguna clase de escolta, desde las más aparatosas hasta la de un modesto acompañante con pistola y sin coche oficial. Muchas personas han abandonado el País Vasco porque no querían correr el albur de llegar un día a llevar escolta, o simplemente porque no soportan esa mala vida en una especie de tercer grado penitenciario. En consecuencia, cabe hablar de dos exilios o destierros vascos: el exilio interior de los escoltados, privados de la libertad de movimientos y espontaneidad de que disfruta cualquier ciudadano, y el exilio exterior de los emigrados por causas sin duda variadas, pero que siempre se acaban cruzando en el clima político vasco.
Entre los escoltados hay empresarios, políticos, profesores, periodistas, jueces y funcionarios del Estado. Incluso hay una señora que limpia bares de madrugada y compagina su higiénico oficio con la carga de una concejalía en un pueblo. Conozco al menos a dos catedráticos jesuitas que disfrutaban de la atención de una discreta contravigilancia. Lo que no teníamos todavía era un verdadero párroco con auténtica escolta, honor indeseable que ha inaugurado Jaime Larrinaga, párroco de Maruri, diminuta anteiglesia vizcaína de unos 600 habitantes. Larrinaga es también fundador del Foro El Salvador, la asociación de eclesiásticos vascos no nacionalistas que pugnan por hacer oír su minoritaria voz en el seno de diócesis llenas de entusiastas de Arzalluz y Setién, e incluso de «hooligans» de Josu Ternera.
El caso de Larrinaga presenta otras peculiaridades que, sin embargo, van siendo más corrientes según progresa la instauración de un régimen nacionalista sólo superficialmente democrático. Porque las amenazas que ha soportado no han procedido tanto de ETA como directamente del  PNV, el partido-guía que gobierna Maruri y docenas más de pueblos vizcaínos como ese. Con muy buenas razones teniendo en cuenta numerosos precedentes, Jaime Larrinaga ha solicitado protección oficial después de que el alcalde de ese rincón de la Vizcaya profunda -esa que para Sabino Arana equivalía al Edén por su recia moralidad y atávico cristianismo-, enviara una carta oficial a los vecinos de Maruri difamando al párroco y tachándolo de fascista, enemigo del euskera y antiguo franquista: la clase de imputaciones que hacen de uno objetivo preferente de ETA. Y más si se trata de un objetivo fácil sin protección.
El escarnio nacionalista
El revuelo causado por el caso del primer párroco escoltado ha enlazado con otro: la marcha de Francisco Llera, catedrático de sociología de la UPV y director del prestigioso Euskobarómetro, a la cátedra  Juan Carlos I en la universidad de Georgetown, muy cerca de Washington. Al igual que Jaime Larrínaga, Llera ha sufrido el acoso del régimen nacionalista. Lleva un año con escolta, tiene familia de la que cuidar, y está aburrido de solícitas declaraciones de solidaridad que nunca se sustancian en hechos. Francisco Llera es socialista, es de Basta Ya y es catedrático en el mismo departamento al que pertenecen dos profesoras conocidas, entre otros méritos, por el odio de ETA y la falta del amparo que les deben las instituciones: Edurne Uriarte y Gotzone Mora. Con la tentación de una nueva experiencia profesional americana a la vista, Llera sigue la senda emprendida antes que él por Jon Juaristi, Mikel Azurmendi o José María Portillo, profesores de la UPV que han sido acosados por ETA o sufrido atentados. Y también el escarnio nacionalista y la indiferencia acobardada del resto. Porque, en efecto, la UPV hace grandes y laudables esfuerzos para facilitar la marcha de estos y otros docentes, pero no conozco ninguno para retenerlos y no digamos ya para favorecer su regreso.
La cátedra de Georgetown a la que se incorporará Llera ha sido ocupada el último curso por José María Portillo, historiador y uno de los fundadores del Foro Ermua. En dos ocasiones al menos, anónimos terroristas le volaron el coche aparcado en el campus, en Vitoria. Ni antes ni después de su marcha, tan sólidamente motivada, ha encontrado razón alguna el vicerrectorado alavés para imponer alguna clase de seguridad activa en tan pacífico recinto académico. El curso que viene, Portillo pasará otro año en el Basque Studies de la Universidad de Reno (Nevada), instituto filonacionalista; su actual director, Joseba Zulaika, es un antropólogo implicado en los intentos de Elkarri para que Jimmy Carter aceptara hacer mediar en el conflicto vasco. El Basque Studies ha dado gran impulso al estudio de la diáspora vasca en el oeste americano. Esta diáspora es uno de los mitos a los que el nacionalismo recurre para cultivar su complejo de pueblo elegido y dolerse de su triste destino, pero se refiere exclusivamente a la suya propia: nacionalistas errantes, etarras de la reserva en Cuba o México, y pastores en Idaho o Patagonia. Esperemos que la incorporación de Portillo les haga interesarse por el interesante exilio ideológico que están provocado los 25 años de gobierno abertzale moderado. Porque es un caso único en Europa.
En sus declaraciones acerca de las razones de su marcha temporal (esperemos), Llera ha dicho que se une a los aproximadamente 200.000 vecinos del País Vasco que han dejado su tierra de nacimiento o adopción desde los años ochenta. Los nacionalistas guardan silencio acerca de esta cifra, lo que aconseja darla por buena. En una Comunidad autónoma con poco más de 2.100.000 habitantes censados, 200.000 emigrados es una cifra tremenda. Para hacerse una idea, es más de la mitad de Bilbao en sus mejores momentos, más que el vecindario de San Sebastián y poco menos que el de Vitoria. Y muchos de esos emigrados son jóvenes universitarios y trabajadores altamente cualificados, incluyendo a muchos profesionales y empresarios hartos de pagar la extorsión o de plegarse a las condiciones del clientelismo nacionalista.
Las razones por las que esas 200.000 personas han abandonado el paraíso de Ibarretxe son sin duda muy variadas. Algunos creerán que es una exageración hablar en todos los casos de causas políticas, pero en una democracia próspera como la que debería haber en el País Vasco, la emigración del 10 por ciento de la población es un tremendo fracaso político, al menos desde un punto de vista democrático. Y más si esa emigración no es sustituida por emigrantes que reemplacen a los marchados. Si las cifras optimistas que las instituciones vascas se obstinan en repetir para afianzar la mentira del edén nacionalista fueran medio ciertas, la atracción irresistible de nuestra calidad de vida y desarrollo económico habría atraído a numerosos españoles y, desde luego, a ese abigarrado mosaico que compone la emigración que se puede admirar en Madrid, Cataluña o Valencia: magrebíes, subsaharianos, latinoamericanos, caribeños, chinos, polacos, etcétera. Pero, a pesar de los encomiables esfuerzos del consejero Javier Madrazo por sustituir a malos vascos disconformes por buenos emigrantes progresistas, esto no es así: las calles vascas son mucho menos polícromas que las de cualquier ciudad española comparable.
Hacia 1985 hice amistad con una fotógrafa neoyorkina, judía, que se instaló en San Sebastián. Estaba casada con un economista peruano de apellido vasco: un buen ejemplo del melting-pot de Manhattan. Como a casi todo el mundo, les encantó San Sebastián como forma urbana, pero no tanto como sociedad. Nunca se acostumbraron a nuestra mezcla de agresividad encubierta, amable indiferencia y bostezante uniformidad cultural. Al poco tiempo comenzaron a echar de menos su propio mundo mezclado, a sentir cierto vértigo ante la monotonía de caras iguales. Les horrorizó que el asesinato terrorista de un vecino del barrio, dueño de una tienda de fotografía, no provocara ninguna reacción en una calle donde todos se conocían. Todo eso acabó por ahuyentarles, y ni siquiera la calidad de la asistencia sanitaria gratuita pudo retenerles.
El País Vasco es ahora mismo una sociedad centrífuga para los no nacionalistas, a los que expulsa o pone contra las cuerdas, sean autóctonos o visitantes, y ferozmente centrípeta para los propios nacionalistas, cada vez más apretujados en su cómodo establo. Pero su narcisismo y miedo al otro les impide reconocer incluso las evidencias más llamativas. Como la de que, mientras la población española crece en las regiones más pujantes, la mayor parte de las poblaciones industriales vascas, así como Bilbao y San Sebastián, no han conseguido recuperar el censo de 1980. Los 200.000 emigrados se notan, y más todavía, para quien quiera notarlo, que pocos han venido a llenar su hueco.
Esa misma uniformidad que ahuyentó a mis amigos de Nueva York es la que asfixia a Jaime Larrinaga y a Francisco Llera. Y a miles de exiliados o emigrantes menos conocidos. En mi propio departamento de la UPV, donde cinco profesores están eximidos de dar clase por razones de seguridad, nos felicitábamos hace unos cinco años del grupo excepcionalmente bueno de alumnos que nos había caído en gracia. Aquello duró el primer y el segundo curso. En tercero casi todos habían volado, y eso que no existía todavía el distrito único universitario. Alguno vino a despedirse: el clima ideológico se había vuelto insoportable, decía, y no solamente por los atentados de ETA y la «kale borroka», sino por el progreso imparable de esa uniformidad bovina que estaba consiguiendo imponer el nacionalismo. Los universitarios no nacionalistas no veían claro que hubiera futuro para ellos en los pueblos de sus padres. Así que emigran a Salamanca, a la Complutense, a Barcelona, a donde sea que encuentren un poco de aire fresco, de coexistencia pacífica con lo diferente.
Empobrecimiento social
El periodista José María Calleja publicó un libro imprescindible, La diáspora vasca: historia de los condenados a irse de Euskadi por culpa del terrorismo de ETA, donde proporciona cientos de ejemplos de personas expulsadas de su tierra. Es su propio caso. Y el de empresarios y profesionales hartos de pagar formas de extorsión que van desde el «impuesto revolucionario» a los empresarios grandes y medianos, bajo amenaza de secuestro, hasta la exigencia de dinero y  sumisión a los propietarios de modestos negocios. Por supuesto, muchos de estos emigrados dejaron el País Vasco por mejores ofertas profesionales. Pero nadie ha hecho ningún verdadero esfuerzo por retenerles o propiciar su vuelta. Al contrario, Arzalluz, por poner un ejemplo, ha celebrado con alborozo la marcha de esos que considera indeseables. Y es así porque el empobrecimiento social del país es la única posibilidad de enriquecimiento del nacionalismo. Cuantos más disidentes se vayan, más compacta y sumisa será la parroquia interna: que se vayan, pues.
Parece que el numeroso colectivo de vascos instalados en Madrid está formado a partes casi iguales por cocineros, ejecutivos y periodistas: basta con hojear los periódicos de Madrid para tropezarse con los Zarzalejos, Unzueta, Pradera, Gurruchaga y muchos otros. Por algún extraño oráculo, todo periodista vasco decente parece abocado a tener que elegir entre abandonar su profesión y hacerse seudoperiodista, o ir a practicarla en otra parte, preferentemente Madrid. Para algunos eso es un «lobby», pero en realidad es un destierro. Incluso se da el caso del director de un importante diario vasco que ha sacado hace tiempo a su familia de la ciudad donde vivían -vasca, por supuesto-. Por su parte, ha limitado su participación en la vida social local a las comidas de rigor y a lo que traiga su amedrentada redacción, deseosa de no llamar demasiado la atención sobre su existencia profesional. No es un caso excepcional: se sabe de jueces y fiscales, temporalmente destinados en este país, que han preferido asumir su condición de exiliados en el interior y vivir temporalmente en residencias de las Fuerzas Armadas, en vez de afrontar el riesgo de alquilar un piso en un vecindario donde quizás haya algún vecino que no aprecie a la Justicia.
Pero de los muchos exilios profesionales vascos existentes, quizás el más asombroso y elocuente sea el protagonizado por los policías autonómicos. Aprovechando la afortunada pequeñez del territorio de la CAV -imagínense lo nuestro con el tamaño de Andalucía o Texas-, numerosos ertzainas han decidido instalarse fuera del país que les paga el sueldo: en Castro Urdiales los de Vizcaya, en Miranda de Ebro o Logroño los de Álava, e incluso en Hendaya los de Guipúzcoa. ¿Cuántos ertzainas viven fuera del País Vasco? Los sindicatos no ofrecen cifras concretas, pero se habla de varios cientos con sus familias. La razón: que en muchos pueblos y barrios vascos no es posible colgar el uniforme a secar, ni que el niño o la niña digan en la ikastola que su padre o su madre son ertzainas. Están probando la misma amarga purga que, con anterioridad, sufrieron en los años 80 tantos policías y guardias civiles, causa del llamado síndrome del norte, razón de transtornos psíquicos e incluso de suicidios. Una policía creada para emular a la sueca en el arte de rescatar gatos de los árboles o ayudar a pasar la calle a los invidentes, mal puede hacer frente al exilio interior, y menos aún armada de mentiras. Conclusión: en muchos sitios, la policía vasca es clandestina.
¿A quién beneficia este vaciamiento interior, este agotamiento demográfico y empobrecimiento humano? Unicamente al soberanismo, la confluencia estratégica de los intereses de ETA y del nacionalismo moderado, que sólo pueden imponerse arrasando la sociedad civil, convirtiendo la democracia en un régimen monopolista y consiguiendo mediante la expulsión de los disidentes una homogeneidad comunitaria que permita el triunfo, en su día, de la consulta soberanista planeada, quizás pactada con ETA. Entre tanto, en el País Vasco acontece un drama diario que muchos se empeñan en ignorar, que sólo emerge a la luz en las historias dramáticas de un párroco rural que necesita escolta para precaverse del alcalde, o de un catedrático prestigioso que emigra a los USA para huir de la locura. El signo de que la democracia está ganando la partida se dará el día en que este proceso se invierta con la vuelta de nuestros desterrados y exiliados.
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