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El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las CC.AA. españolas

Actualizado 25/05/2003 - 01:29:48
EN estos días los juristas de Puerto Rico conmemoran el medio siglo de vigencia de la Constitución que estableció allí el Estado Libre Asociado. La mayoría de los jueces y de los profesores universitarios (al menos la mayoría de los que se están pronunciando públicamente) están satisfechos con la solución alcanzada el 6 de febrero de 1952 en la Convención reunida en el Capitolio: de la situación de colonia se pasó a la de una relativa autonomía. También hay discrepantes que abogan por la plena integración de Puerto Rico como el Estado número 51 de la gran Unión del Norte, y se registran voces a favor de la independencia de las islas que actualmente tienen su sede de gobierno condicionado en la ciudad de San Juan Bautista.
Pero, ¿qué es un Estado Libre Asociado? ¿Puede, acaso, importarse la fórmula, al modo como se importó en la Europa continental el parlamentarismo ideado por los ingleses, o en varios países del centro y el sur de América el presidencialismo estadounidense?
Karl Loewenstein, autor de páginas ya clásicas en el Derecho Político del siglo XX, hace una distinción entre Constituciones originales y Constituciones derivadas. El Estado Libre Asociado sólo existe en Puerto Rico. La versión inglesa del texto constitucional utiliza el término «Commonwealth», pero dándole un sentido distinto al empleado para definir la «Comunidad británica de naciones». Se trata, en pocas palabras, de un tipo de organización singular, raro, que ofrece dificultades para ser encajado en las clasificaciones habituales de la ciencia política. Así lo consideró desde el primer momento Francisco Ayala.
La manera de perder España, en 1898, esta preciosa isla, explica lo sucedido en el largo siglo último. Y es que, como recuerda Antonio Fernós Isern, presidente de la Asamblea Constituyente, «Cuba dejó de ser española porque así lo quisieron los cubanos. Puerto Rico, en cambio, dejó de ser español sin proponérselo; por decisión ajena, sin la menor consideración a su voluntad que nunca se consultó. Del torbellino espiritual que conmovió el alma puertorriqueña en aquellos días quedan hondas huellas todavía».
La primera huella es «la convivencia de las dos grandes culturas del hemisferio americano», como se proclama en el Preámbulo de la Constitución de 1952. El idioma español no sólo ha resistido, sino que ha salido fortalecido de los intentos norteamericanos para implantar el inglés como vehículo de un cambio cultural en Puerto Rico. El español es el idioma del hogar, de la religión, de las cosas íntimas y queridas; el español, además, penetra y se extiende al norte, por los Estados Unidos, con el impulso que recibe, en parte considerable, de Puerto Rico.
Un dato curioso que asombra al visitante es que las señales de tráfico están redactados en español; por ejemplo, «Pare» en lugar del «Stop», que lamentablemente empleamos aquí.
El citado Francisco Ayala, a mitad del siglo XX, testificaba sobre un hecho, sorprendente quizás, pero entrañable para los españoles: «La escasa huella que sobre la cultura de los puertorriqueños han dejado cincuenta años de soberanía americana». Y esto, prosigue Ayala, a pesar de las ilusiones que se hicieron los primeros Comisionados de Educación, uno de los cuales informaba que las celebraciones patrióticas y los discursos «habían contribuido mucho a la americanización».
No consiguieron eliminar las raíces hispánicas en el momento de aprobar la Constitución de 1952, y no lo han conseguido al conmemorar ahora el medio siglo de vigencia.
Para el pueblo de Puerto Rico la Constitución representó un avance respecto a la situación anterior, iniciada en 1898. Pero con el Estado Libre Asociado se instauró un régimen de menor autonomía que la que conllevaba el estatuto autonómico de Puerto Rico de 1897, otorgado por España, y menor de la que tienen las Comunidades Autónomas actuales en España con la vigente Constitución de 1978.
El sistema autonómico de 1897, donde se acuña, por vez primera, la «autonomía», establecía un sistema parlamentario en la isla al que se reconocían competencias que superaban lo que hoy día es un régimen federal: disponía, entre otras, de competencias sobre Bancos y sistema monetario, crédito público, sanidad, división territorial y judicial, potestad reglamentaria de las leyes del Reino, cláusula residual favorable a la colonia y conformidad de los Delegados de ésta en las relaciones comerciales exteriores. El sistema sólo se podía cambiar a instancias del propio Parlamento insular. Además, el pueblo de Puerto Rico estaba representado en el Parlamento español.
Por lo que hace referencia a la comparación con las Comunidades Autónomas españolas actuales, hubo que recordar sucintamente el régimen de las mismas para percibir la diferencia.
En el acto académico del 28 de abril, en San Juan, se recordó que las Comunidades españolas disfrutan de una autonomía garantizada constitucionalmente. En efecto, el artículo 2 de la Constitución «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»; los artículos 3 y 4 se refieren a las lenguas y los símbolos y los largos artículos del título octavo contienen las líneas maestras del Estado autonómico. La Constitución es rígida y su cumplimiento por parte del Estado viene garantizado por el Tribunal Constitucional. La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma es un Estatuto de Autonomía que sólo está subordinado a la Constitución, que resulta protegido frente a las leyes del Estado; y cuya reforma depende de la voluntad conjunta del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Las Comunidades Autónomas cuentan con recursos estables fijados objetivamente y previsibles, lo que evita que el Estado pueda presionar políticamente a las Comunidades Autónomas aprovechando sus necesidades económicas. Es más, dos Comunidades Autónomas, País Vasco y Navarra, tienen una Hacienda propia que establece y gestiona su propio sistema tributario. Más exactamente, en el País Vasco, son las Diputaciones Forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya las que establecen, recaudan y gestionan directamente la mayoría de los impuestos de los ciudadanos vascos, financian con ellos sus servicios y pasan una parte al Estado (el Cupo), para compensar los servicios generales que éste proporciona.
Por último, el electorado de las Comunidades Autónomas participa en la formación del Congreso de los Diputados y del Senado, con lo que resulta ser pieza básica en la creación del Derecho del Estado.
El dato capital es que los puertorriqueños no participan ni en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ni en las elecciones para formar las dos Cámaras del Congreso de Washington. Carl J. Friedrich, otro clásico del XX, advirtió en su comentario a la Constitución de Puerto Rico que el «consentimiento genérico» prestado al Derecho federal no basta para una legitimación; más bien se contrapone al «gobierno por consentimiento».
El periódico puertorriqueño «Primera Hora», del 29 de abril último, publicaba una reseña de la conmemoración oficial y solemne del 50 aniversario de la Constitución. La información aparecía con el siguiente título: «Ingenioso el Estado Libre Asociado pero lejos de la autonomía».
Mi intervención en ese acto fue exponer las diferencias entre las Comunidades Autónomas de España y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Me pareció que era mi deber subrayar ante las más altas autoridades del Gobierno y de la Judicatura, además de ante notables profesores de Derecho, que nuestras Comunidades Autónomas gozan de más competencias que el Estado Libre Asociado.
El rótulo con que se define a Puerto Rico puede llevar a engaño. Hay que penetrar en los principios y normas constitucionales y estatutarias para darse cuenta cabal de la realidad jurídico-política.
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