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MARÍA EUGENIA ALEGRET:«Al Gobierno se le ve el plumero con su reforma de la elección de jueces»

María Eugenia Alegret (Barcelona, 1956) llega a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el apoyo de la Asociación Profesional de la Magistratura y de los vocales «conservadores» del CGPJ. Es la primera mujer que preside un Tribunal Superior de Justicia en España

Actualizado 24/09/2004 - 02:09:36

-El Congreso ha aprobado pedirle al Gobierno que modifique la norma por la que el CGPJ nombra a los cargos del Supremo y de los Tribunales Superiores. Los nombramientos serían avalados por una mayoría cualificada, de tres quintos, y no simple. ¿Qué opina?

-Creo que el consenso siempre es bueno. Ahora bien, el momento no es el oportuno, se les ve el plumero. Queda un poco feo que esto se plantee precisamente cuando determinados nombramientos no han gustado al Gobierno.Se puede interpretar como unamanera de presionar para lograr nombramientos de personas más afines. Por otra parte, conlleva el riesgo de que quizás las personas finalmente elegidas tengan un perfil un poco más bajo, porque funcionarán los vetos, por razones quizás ajenas a las estrictamente profesionales. Si se quiere un consenso real, lo importante es que sea suficientemente reforzado para que no se pueda permitir la imposición de una mayoría respecto a otra.

-¿La justicia está politizada?

-Hombre... Desde el momento en que todos los miembros del CGPJ los nombra el Parlamento y que, aunque la decisión emane de allí, los vocales propuestos por el PP siempre son vocales del PP, y los vocales propuestos por el PSOE siempre son vocales del PSOE, entonces, realmente, sí se puede tener la impresión de que se ha politizado mucho más la justicia. Si parte de los vocales fueran elegidos por los jueces quizás la politización no llegaría al grado de ahora.

-A usted la tildan de conservadora.

-Es consecuencia de lo que comentaba, pero me es indiferente. No puedo luchar contra ello. Tengo una determinada trayectoria profesional que la gente de la profesión conoce, luego son ellos quienes podrían opinar si mis posturas son más o menos conservadoras. Yo, de todos modos, siempre digo lo mismo: las leyes son las leyes, y todos los jueces, sea cual sea su talante personal, las tienen que aplicar. No puede haber tanta diferencia entre un juez, por sus opiniones y creencias personales, y otro. De hecho, hay órganos colegiados donde convive gente que pertenece a una asociación o a otra, y no hay ningún problema. La leyes las tenemos que cumplir todos, nos gusten o no, y eso es lo que se hace, salvo algunos casos.

-Las denuncias por casos de violencia doméstica van en aumento. ¿Desde la Justicia se puede contribuir a evitar esta lacra social?

-Es una tarea, sobre todo, educacional. Hay que fomentar valores como el respeto, la igualdad. Pero eso compete a las instituciones. Nosotros podemos actuar preventivamente mediante las órdenes de alejamiento, y represivamente, pero no evitarlo. Hay que hacer mucho hincapié en la cuestión educativa, pero también en la mentalización de las mujeres. Creo que, evidentemente, no tienen ninguna culpa, pero sí deben tener una tolerancia cero respecto a esto. Al primer maltrato, sea de palabra o de hecho, no deben tolerarlo.

-Se extrañó de que la nueva ley de violencia de género no contemplara la agresión de una mujer.

-Si hay cualquier duda de constitucionalidad en relación a la discriminación por razón de género, habría que tratar de evitarla.

-Reclama más competencias para el TSJC. ¿Cuál debe ser el techo?

-Es evidente que hay competencias que no se pueden quitar al Supremo. El TS está muy colapsado y hay que ver qué competencias pueden ser asumidas por los Tribunales Superiores desde un punto de vista de eficacia, sin ninguna otra connotación. Pero la unificación de doctrina y las normas de derecho aplicables en todo el Estado deben ser competencia del Supremo.

-Pero, en plena discusión de reformas constitucionales y de los estatutos, ¿no desearía que el TSJC fuera la última instancia para cualquier asunto que se dirima en Cataluña?

-Si entendemos que ninguna cosa vaya a Madrid, no puede ser. Lo dice la Constitución; y sobre la posibilidad de reformarla, ni quiero, ni debo entrar.

-Quiere normalizar la presencia del catalán en la Administración de Justicia, pero asume que faltan jueces autóctonos para conseguirlo.

-La gente debe ejercer su derecho a expresarse en su lengua ante un tribunal. Y debemos fomentar las vocaciones judiciales en Cataluña. Luego, si en alguna ocasión a un juez que viene de fuera se le debe habilitar algún tipo de traducción, no hay problema.
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