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Mayor Oreja asegura que el Gobierno no se plantea la «caza y captura» de los irregulares

Los inmigrantes irregulares que vivan en España no estarán sometidos a un proceso de persecución y expulsión. Jaime Mayor Oreja aseguró ayer que el Ejecutivo no se plantea la «caza y captura» de los «sin papeles», tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. El titular de Interior justificó la creación del texto al señalar que «nuestra legislación debía adaptarse a la UE».

Actualizado 24/01/2001 - 00:34:07
El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, conversa con su colega marroquí, Ahmed Midaui a su llegada a Rabat. Efe
El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, conversa con su colega marroquí, Ahmed Midaui a su llegada a Rabat. Efe
«No me van a sacar ustedes diciendo que vamos a la caza y captura de los inmigrantes porque no lo voy a ordenar». Con estas palabras, Jaime Mayor Oreja aseguró que la reforma de la Ley de Extranjería, que ayer entró en vigor, no se centrará en la persecución de los extranjeros irregulares. Mayor Oreja señaló que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han recibido ninguna instrucción nueva al respecto ante la aplicación de la norma. Sin embargo, sí hizo hincapié en que la Ley 8/2000 se centrará en la lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas, así como en evitar la llegada de nuevos inmigrantes ilegales.
El ministro recordó que el Gobierno ha efectuado el proceso de regularización de inmigrantes más importante, con 200.000 beneficiados, en comparación con el efectuado en 1991, que afectó a 100.000 inmigrantes, y con los 21.000 de 1996. Además, anunció que la población inmigrante es ya el 2,5 por ciento de los que viven en España, lo que supone un millón de personas.
FRAUDE Y ABUSOS DE EMPRESARIOS
Mayor Oreja justificó la creación del nuevo texto señalando que «la irregularidad genera más irregularidad». «El Gobierno -continuó- no puede consentir que siga aumentando el fraude y los abusos de los empresarios con estos inmigrantes. Por este motivo, tenemos que tratar de no consolidar el hábito de la inmigración irregular porque, en el futuro, será imposible administrarlo». El titular de Interior señaló que la ley ofrece instrumentos coercitivos, pero añadió que se trabajará «sin obsesión» en esta materia. Afirmó que «ahora se tienen unos instrumentos que no se tenían a la hora de proceder, pero no son el objetivo principal de la reforma».
El ministro señaló que la reforma de la Extranjería coloca a España «al nivel de las exigencias de la Unión Europea». «Regular la Ley era una necesidad y una exigencia que se nos había planteado, no un capricho. Era indispensable, ya que la inmigración formará parte de la política de la UE en pocos años, y nuestra legislación debía igualarse a la del resto de países. Pero con la Ley no se resuelve todo. Muchas veces el problema no son las leyes, sino la actitud con que se afrontan los problemas».
El ministro de Interior destacó los convenios de repatriación con otros países como el instrumento clave para reducir el problema de la ilegalidad y fomentar la regulación. En este sentido, anunció que ya se está negociando la firma de acuerdos con Ecuador, Marruecos y Polonia «que posibilitarán que los ciudadanos de estos países lleguen a España con un contrato laboral bajo el brazo». Destacó también la actualización del concepto del contingente como otro de los elementos básicos de la regulación. «Debe ser un instrumento al servicio de las necesidades del mercado laboral español». Mayor Oreja señaló que las comisiones provinciales de Trabajo se están encargando de estudiar la demanda de mano de obra, y que será en el segundo trimestre de este año cuando se conocerá el cupo exacto de nuevos inmigrantes que llegarán a nuestro país.
El ministro de Interior manifestó que, respecto a la aprobación del Reglamento de la Ley, donde se abordarán temas como el reagrupamiento familiar, se ha creado ya un grupo de trabajo que a finales de febrero tendrá preparado un borrador que presentará a la Comisión Interministerial, y que se abrirá un diálogo con todas las fuerzas políticas y los foros de inmigrantes, con el objetivo de aprobar un decreto en marzo.
ENTREVISTA CON MIDAUI
El titular de Interior viajó, posteriormente, hasta Rabat, junto con los delegados del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, y para el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles. El ministro español se reunió con su homólogo marroquí, Ahmed Midaui, para tratar aspectos relacionados con la llegada de inmigrantes a nuestras costas y el tráfico de drogas. Mayor Oreja y Midaui anunciaron la puesta en marcha en breve de «dos grupos de trabajo muy reducidos que estudiarán las relaciones concretas en las materias de seguridad más importantes» entre los dos países. Estos grupos estudiarán «cómo podemos acelerar, profundizar e intensificar» la relación bilateral, «para potenciar la legalidad» y elaborar «de inmediato» el acuerdo de trabajo estable para los inmigrantes magrebíes. El ministro español aseguró que el planteamiento de ese convenio «será similar al que está previsto firmar con Ecuador o Polonia», es decir, con un contrato laboral en mano.
Mayor Oreja recordó que «del millón de inmigrantes regularizados en España, una quinta parte son marroquíes», aunque también apuntó que «de los quince mil detenidos el pasado año por intentar entrar en España ilegalmente, doce mil son de esta misma nacionalidad». El responsable de Interior no reveló cuál es el futuro que aguarda a los inmigrantes irregulares que se encuentran en nuestro país, pero recalcó que «la regularización excepcional cada dos o tres años constituye un disparate».
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