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Efectivamente, demasiado gobierno

Actualizado 23/01/2001 - 00:22:03
Felipe González, el anterior presidente del Gobierno, publicó la semana pasada en el diario «El país» un artículo/informe sobre el asfixiante intervencionismo del Gobierno actual en la vida de las empresas privadas. Al margen de las interpretaciones políticas anejas y discutibles, los datos aportados por el político socialista son irrebatibles: de once empresas privatizadas en la anterior legislatura, diez están presididas por personas designadas por el Gobierno; en su conjunto, la capitalización de las empresas con presidentes nombrados por el Gobierno del PP equivale hoy al 47 por ciento del mercado de valores; si, además, se añaden los futuros presidentes del BBVA y de la fusionada Endesa-Iberdrola, el peso de los empresarios nombrados políticamente, o más exactamente, de las compañías encomendadas a su gestión, ascendería al 67 por ciento del mercado bursátil español o al 36,8 por ciento del PIB.
Para mí tengo que, en su escrito, González no ha hecho otra cosa que cuantificar los comentarios y el sentimiento que desde hace meses se escuchan en los círculos empresariales: el Gobierno manda e interviene demasiado en el normal desenvolvimiento de la vida empresarial y lo hace del peor modo posible, es decir, con criterios discrecionales y en ocasiones de tapadillo. En el Reino de España, aquí y ahora, fusionar dos empresas de tamaño medio o grande, o lanzar una OPA exige los mismos requisitos que obtener licencia de importación de un coche extranjero cuando era ministro de Comercio Manuel Arburúa: ser amigo de alguien influyente. La diferencia, claro, es que en aquellos penosos cincuenta imperaba la consigna del autoabastecimiento, mientras que ahora estamos en la lucha de la globalización. El último ejemplo de lo que digo es también de la semana pasada: después de examinarla durante ¡cuatro meses! la autoridad competente autorizó una OPA cicatera sobre la cuarta parte de Hidrocantábrico, una empresa más tocada que la marcha real, sobre la que los gobiernos nacional y autonómico ejercen un derecho de pernada incompatible con el libre mercado.
Pero con ser cierto, y pienso que mayoritariamente compartido, el reproche de Felipe González al Gobierno Aznar carece de la auctoritas que debe acompañar a cualquier denuncia pública. Al fin y al cabo, los sucesivos gobiernos presididos por González también incurrieron en la práctica intervencionista de cooptar entre sus amigos a los presidentes de las empresas grandes que teóricamente son privadas y en la práctica están a la orden del ministro correspondiente. Incluso habría material para suministrar nuevas vidas paralelas a Plutarco: Cándido Velázquez y César Alierta, los últimos presidentes de Telefónica nombrados por los Gobiernos de González y Aznar, respectivamente, procedían ambos de la presidencia de Tabacalera y ambos también sucedían en Telefónica a, digamos, presidentes fallidos.
Seguramente el problema de fondo es ese: cualquier Gobierno de cualquier partido tiende a interpretar el respaldo electoral de la sociedad como una suerte de mandato que le permite simultanear el papel de árbitro con el de entrenador y jugador. Vuelvo a un ejemplo: la Endesa que, mediante fusión con Iberdrola, quiere hoy merendarse el mercado eléctrico español, es hija política y biológica de la Endesa que engendraron ayer sucesivos gobiernos socialistas. En las operaciones y estrategias de aquella Endesa que padecimos, y de ésta que nos toca padecer, el factor decisivo siempre fue el visto bueno del Gobierno. Ni Feliciano Fuster ni Rodolfo Martín Villa me desmentirán.
En este país, el Gobierno condiciona excesivamente el bulle-bulle de la vida empresarial y financiera española. Ignoro si eso es bueno para el Gobierno, pero sí estoy persuadido de que es malo para la sociedad.
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