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La trama de Trujillo afecta a una finca de un jefe de servicio del Cabildo

La presunta trama inmobiliaria dirigida por el consejero insular Javier Trujillo también contemplaba la posibilidad de revalorizar la finca de Antonio Manuel Velázquez Herrera, persona muy vinculada a

Actualizado 22/04/2010 - 08:42:05
EFE  Casimiro Curbelo (en el centro) preside el pleno extraordinario de aprobación del PIOG
EFE Casimiro Curbelo (en el centro) preside el pleno extraordinario de aprobación del PIOG

La presunta trama inmobiliaria dirigida por el consejero insular Javier Trujillo también contemplaba la posibilidad de revalorizar la finca de Antonio Manuel Velázquez Herrera, persona muy vinculada a la corporación insular en virtud de su puesto como jefe de servicio del área de Obras Públicas.
El informe del equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil que viene desvelando estos días este periódico alude a un posible delito de tráfico de influencias, en el que al igual que en el municipio de Alajeró, aparece como pieza destacada Yasmina Sánchez, abogada de Gesplan y miembro del equipo redactor del Plan Territorial Especial del Desarrollo Turístico de La Gomera (PTE).
En la documentación requisada por la Guardia Civil se reconoce que Velázquez es propietario desde 1995 de una finca rústica ubicada en la zona de El Escobonal, concretamente en el barranco de Chejelipes, en el municipio de San Sebastián de La Gomera. Cuando en 2002 se abre el período de alegaciones al PTE, Antonio Velázquez Herrera y su hermano Francisco presentan una alegación conjunta con el fin de que el complejo (las dos fincas) sea incluido dentro del sector del turismo asimilable. Como ha sucedido en los otros casos de la isla, Yasmina Fuentes informa favorablemente la alegación e incluye el ámbito de El Escobonal en el PTE, pese a que linda con un barranco público, lo que choca directamente con el artículo 95 del PTE y la Ley Sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Denuncia
En la denuncia formulada por Alonso Trujillo Mora se adjunta documentación que verifica que la finca está en venta por valor de 1,5 millones de euros en la inmobiliaria Hurakan, propiedad de otro de los actores de la trama, Juan Martínez Aparicio, uno de los empresarios más poderosos de la isla colombina. La Guardia Civil tiene claro el fin de la operación: «Todo parece indicar que el objetivo del propietario del terreno no es el de llevar a cabo una explotación turística, puesto que está en venta; más bien parece que la obtención de esa clasificación de turismo asimilable lo sea con un fin especulativo, puesto que esa clasificación podría justificar un precio superior».
Los efectivos del instituto armado no obvian que Velázquez Herrera tiene una relación «estrecha» con el ámbito político por su destacado puesto laboral en la corporación insular, y que en la escritura de compraventa queda claro que su propiedad limita con un barranco.
En el informe se asegura desconocer las razones por las que Sánchez informó favorablemente la alegación pese a ser contraria a los artículos del PTE, pero advierte un vínculo con el hecho de que Velázquez es propietario del suelo y empleado del Cabildo. En esa línea concluye que Velázquez Herrera «pudiera estar implicado en un delito de tráfico de influencias dirigido a lograr su pretensión de obtención de la calificación de su suelo como turismo asimilable».
Para esclarecer aún más los hechos, la Guardia Civil cree pertinente que la técnico de Gesplan sea llamada a declarar para que explique su versión de los hechos.
La investigación de la Guardia Civil ha generado gran expectación en la isla colombina y es la «comidilla» de los ciudadanos, especialmente en la capital, según han comentado a este rotativo varios vecinos de la isla. El caso ha adquirido otra dimensión desde que se ha sabido que Casimiro Curbelo podría estar implicado en un presunto delito de tráfico de influencias por la calificación territorial del caserío de Aluce.
Imputado
Por ahora, el único imputado del caso, que estalló en 2007 a raíz de una denuncia anónima, es el actual ex consejero insular de Política Territorial y Medio Ambiente, Javier Trujillo, acusado por tráfico de influencias y prevaricación, dado que es el director político del PTE que la Guardia Civil pone en cuestión.
Además, está salpicado directamente junto a su hermano en el desarrollo de dos complejos de turismo rural en el municipio de Alajeró: El Drago y Casa Quebrada, que aún no han podido desarrollarse.
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