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el caserío de Aluce

JAVIER REYESSANTA CRUZ. El informe de la Guardia Civil que viene publicando estos días ABC y que está en manos del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián de La Gomera, deja claro que el

Actualizado 21/04/2010 - 02:26:56
Curbelo y Medina, ayer en el pleno del Cabildo Insular
Curbelo y Medina, ayer en el pleno del Cabildo Insular
JAVIER REYES
SANTA CRUZ. El informe de la Guardia Civil que viene publicando estos días ABC y que está en manos del Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián de La Gomera, deja claro que el presidente del Cabildo de La Gomera y senador, Casimiro Curbelo, ha incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias durante la tramitación del proyecto de turismo asimilable para el caserío de Aluce, ubicado en las afueras del municipio de San Sebastián de La Gomera.
Según la investigación promovida por la Fiscalía a raíz de la imputación del ex consejero de Política Territorial, Javier Trujillo, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias, los efectivos de la Policía Judicial han seguido la pista de Curbelo en el desarrollo del proyecto urbanístico de Aluce. Los hechos arrancan en 1998 con la constitución del caserío dedicado a la explotación ganadera a manos del matrimonio formado por Ramón Arteaga Álvarez y María Reyes Castilla Cabeza, quienes lo dieron en régimen de arriendo a su hija Lorenza Arteaga Castilla.
Cuando en el Plan Territorial Especial del Desarrollo Turístico de La Gomera (PTE) se aprueba inicialmente en 2002, el caserío queda fuera del régimen de turismo asimilable rural. Para no quedarse fuera del desarrollo del sector en La Gomera, la arrendataria, Lorenza Arteaga, presenta una alegación al PTE en la que pide la inclusión del caserío, también llamado en la documentaciónámbito TA-19.
Luz verde
Según el informe de la Guardia Civil, la alegación es estimada por Yasmina Sánchez Fuentes, abogada de Gesplan y miembro del equipo redactor del PTE. Asimismo, aparece implicada también en la causa abierta contra Trujillo por el desarrollo de dos supuestos proyectos turísticos en el municipiode Alajeró. Sánchez Fuentes da luz verde a la propuesta pese a que la finca invade una reserva natural y le concede la explotación turística dentro de la capital gomera, donde se reservan 115 camas para el llamado turismo asimilable.
La tramitación, no obstante, sufre un serio revés cuando llega a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Primero con el propio PTE en noviembre de 2002, dejando claro que «en el documento no se justifica de forma suficiente la delimitación de los ámbitos insulares para los nuevos espacios turísticos ni lo ámbitos rurales idóneos para dicho uso en base a un análisis territorial y ambiental a la escala adecuada». En esa línea, la Cotmac apunta que si no se cumple este requisito se puede «pecar de arbitrariedad».
Ladera
En segundo término, en abril de 2003 y con respecto al caso concreto de Aluce, el organismo regional señala que el caserío penetra en la reserva natural de Puntallana y delimita con una ladera con una pendiente del 70 por ciento, cuando la normativa sólo establece un 30. Además, tampoco considera «apropiado» que el futuro alojamiento quede anexo a una instalación ganadera.
El Cabildo decide finalmente dejar Aluce fuera del PTE y opta por otro camino, el Plan Insular de Ordenación de La Gomera (PIOG) que ayer fue aprobado por el pleno de la corporación insular, un documento jerárquicamente superior al PTE. El problema para Curbelo estriba en que es el administrador único de la sociedad Chewy West, una inmobiliaria creada en 2004 por un hermano de la arrendataria del caserío (Fortunato Segundo Arteaga Castillo), que meses después pasa a ser controlada por Argamul Gomera, otra inmobiliaria impulsada por Curbelo en 1998 con un capital inicial de unos 180.000 euros.
La sociedad es explotada desde 2000 por su esposa, Remedios Montañez Díaz. Para la Guardia Civil queda claro que hay una «relación» entre los propietarios de los terrenos y el propio Curbelo como administrador único de Chewy West, de ahí que deduzca indicios de un posible delito de tráfico de influencias.
Los investigadores extienden la misma sospecha para Javier Trujillo como director político del planeamiento, y creen pertinente llamar adeclarar a Yasmina Sánchez para que explique por qué incluyó los terrenos en el PTE. La abogada de Gesplan vuelve a aparecer como pieza clave en este episodio, tal y como ocurrió en los proyectos urbanísticos de Alajeró que han acabado con la imputación de Trujillo por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación para favorecer a su hermano y aparentemente construirse una segunda residencia.
La trama de Alajeró implica también al actual vicepresidente del Cabildo, Gregorio Medina, de quien se sospecha también de que haya incurrido en un presunto delito de prevaricación.
Los hechos denunciados, correspondientes al pasado mandato, pueden haber supuesto la tumba política de Trujillo, que sigue en la corporación insular pero sin cargos de relevancia.
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