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Atajos contra el terrorismo

«Extraordinary Rendition» (algo así como entrega extraordinaria) es una de esas expresiones como «combatiente ilegal», «agujero negro», «comisiones militares» o «Guantánamo» que han irrumpido en el

Actualizado 18/04/2008 - 03:00:46
«Extraordinary Rendition» (algo así como entrega extraordinaria) es una de esas expresiones como «combatiente ilegal», «agujero negro», «comisiones militares» o «Guantánamo» que han irrumpido en el léxico popular desde el 11-S y al hilo de los cuestionables atajos utilizados por la Administración Bush en su ofensiva global contra el terror. La táctica en cuestión, aplicada esporádicamente por los servicios de inteligencia de EE.UU. desde los ochenta pero multiplicada durante los últimos años contra Al Qaida, supone básicamente la detención y transferencia extrajudicial de un sospechoso de un país a otro.
Este trasiego de prisioneros fantasmas, en cuyas rutas ha figurado España, plantea toda clase de inquietantes cuestiones políticas, jurídicas y éticas. Sobre todo cuando los países destinatarios suelen carecer de las más básicas garantías en materia de respeto a los derechos humanos. Por ello, los críticos de estas prerrogativas adoptadas por la CIA en su empeño de evitar otro 11-S insisten en presentar estas actuaciones clandestinas como una repulsiva subcontrata internacional de torturas.
En la película «Expediente Anwar», que ahora se estrena en España, Hollywood no ha tenido que invertir mucho en imaginación. La historia está inspirado en la saga real del ingeniero Maher Arar, ciudadano de Canadá y Siria, que durante un viaje a Túnez el 26 de septiembre del 2002 hizo escala en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Allí fue interceptado por funcionarios de Estados Unidos, siguiendo indicios equivocados facilitados por las fuerzas policiales canadienses. Tras pasar por un limbo de dos semanas, Arar terminó siendo deportado a Siria, donde fue encarcelado en una celda de aislamiento y torturado regularmente.
Tras casi un año de calvario, Maher Arar fue liberado sin cargos y pudo volver a Canadá con su mujer y dos hijos. Allí, una investigación oficial determinó su total inocencia. Hasta el punto de que el primer ministro canadiense, Stephen Harper, tuvo que extender una disculpa formal por todo lo ocurrido. Además, Arar recibió una compensación del gobierno de Ottawa por valor de siete millones de euros, incluida la fortuna en abogados gastada por su familia. No obstante, Arar permanece en la «lista negra» de EE.UU. sin importar que Condoleezza Rice haya reconocido diplomáticamente que su caso «no fue manejado como es debido».
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