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Una reforma que moderniza el Código Penal

La profunda reforma del Código Penal de 1995, el endurecimiento del cumplimiento de las penas y la nueva prisión provisional, una «necesidad político-criminal»

Actualizado 18/01/2003 - 01:01:45
MADRID. Juristas de reconocido prestigio consultados por ABC han opinado sobre las tres últimas reformas legales.
José Manuel Suárez Robledano, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de corte conservador, cree que el endurecimiento de las medidas de cumplimiento de las penas «es una necesidad social reiteradamente reclamada por la opinión pública y que deriva de la propia lógica del Estado de Derecho. Sería, y lo es, una verdadera burla del mismo Estado de Derecho la ineficacia de las sanciones penales establecidas con todas las garantías. No resulta admisible la reducción efectiva de condenas de más de 15 años de prisión a 3 o 4 años, obteniéndose el tercer grado penitenciario sin verdadera y acreditada reinserción social».
«La sanción penal por la privación de una vida humana, que es el derecho fundamental básico y esencial, no puede ser tan barata que sólo sea sancionada con dos o tres años de prisión. Ni existe prevención especial ni prevención general. La constatación de la abolición estatal de la pena de muerte tiene que ir acompañada de medidas eficaces para evitar que criminales como terroristas o mafiosos «ejecuten», sin respuesta adecuada, la pena de muerte abolida constitucionalmente».
«La finalidad constitucional de las penas, de todas, es la de orientarse a la reinserción del penado, pero eso no puede significar que, en todo caso, tengan obligatoriamente, y lo más pronto posible, que quedar en libertad los penados castigados por graves delitos».
Respecto de la prisión provisional, Suárez Robledano señala que va «acompasada con la realidad de unos juicios rápidos para los delitos menos graves, lo que previsiblemente hará que en un brevísimo espacio de tiempo se aclare la responsabilidad del preso preventivo o su inocencia». Así, «la reforma consigue que se aplique la verdadera doctrina constitucional y del TEDH sobre esta medida cautelar. Además, se establece la prisión preventiva para delincuentes habituales con la finalidad de evitar la práctica impunidad de los mismos, evitándose casos de reiteración delictiva sin sanción».
Del tercer bloque de reformas, destaca los principios de reincidencia y habitualidad, así como la tipificación de nuevos delitos. «Se trata de carencias del Código Penal de 1995 que ahora se subsanan. La reiteración criminal demuestra una mayor peligrosidad y daño social que, sin duda, es prueba de la falta de reinserción del delincuente y de la necesidad de una reacción penal agravada. La sociedad exige una respuesta, siendo muy eficaz la conversión en delito de la comisión de 4 faltas penales (lesiones, hurtos, etc).
«Destaca la introducción de nuevas figuras penales tales como el castigo expreso de la ablación, haciendo primar los derechos fundamentales sobre cualquier pretendida justificación cultural; el agravamiento de las condenas del tráfico de personas y de emigrantes, evitando verdaderas nuevas formas de esclavitud humana; la sustracción de móviles, práctica muy extendida últimamente. Supone todo ello una evidente modernización del Derecho Penal».
Juan Luis Rascón, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, tiene una visión más crítica de las reformas. «Un Estado democrático de Derecho que se toma en serio la seguridad de sus ciudadanos, adopta medidas eficaces que tienden a la prevención del delito, a la persecución con proporción del delincuente y su consiguiente reinserción, así como a la protección a ultranza de la víctima. No parece que sea éste el camino escogido por el Gobierno con las reformas que está anunciando, pura improvisación en general que, o no ofrece novedad al estado de cosas actual -lo que hará con la obsoleta regulación legal de la prisión provisional será actualizarla, según le exigió el Constitucional hace ya tres años-, o bien va a propiciar un endurecimiento penitenciario para la delincuencia mayor de espaldas al mandato constitucional de reinserción, o bien, finalmente, tenderá a tratar a alguna delincuencia menor -extranjeros en situación ilegal que cometen delitos menores- al margen de la justicia del caso concreto, y todo ello sin nada que ofrecer sobre prevención delictiva y protección de la víctima».
Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal, cree que las medidas dirigidas a que el cumplimiento de las condenas sea íntegro y efectivo en el caso de los delitos más graves «significa, sin duda, un endurecimiento de la respuesta penal contra el terrorismo. Si tenemos en cuenta que España es el único país de nuestro entorno cultural que no tiene, como medidas intimidantes, ni pena de muerte ni cadena perpetua, debemos convenir que tal endurecimiento revela todavía una política criminal aceptable desde un Derecho Penal liberal y garantista. No lesiona el principio constitucional de resocialización en la ejecución de las penas que un condenado a trescientos años se vea asistido por beneficios penitenciarios hasta el límite actual de los 30 años o el previsto de 40. Quedaría lesionado, sin embargo, si al condenado a 40 años no se le permitiera ningún resquicio para la reinserción social. Pero creo que en el proyecto se admite este supuesto».
Sobre la prisión provisional, Bajo explica que la reforma responde a «una doctrina ya elaborada por nuestro Tribunal Constitucional», doctrina que «cualquier ley debe respetar».
Y sobre los principios de reincidencia y habitualidad, dice el catedrático que «el pensamiento liberal entiende que imponer mayor pena a un reincidente es demostrar la incapacidad del Derecho Penal, que no ha logrado evitar el nuevo delito con la primera condena. La reincidencia y la habitualidad sólo se previenen con una política criminal no represiva sino asistencial. Aún así, tanto la Historia como el Derecho comparado testimonian que siempre se ha acudido a castigar con mayor pena la repetida comisión del delito o, como se pretende aquí, la consideración de una pluralidad de faltas (leves) como delito (más grave). En síntesis, se está endureciendo el tratamiento penal de algunos delitos, lo que pienso responde a una necesidad político criminal, sin que pueda anudarse la mayor severidad a ninguna ideología derechizante. Por el contrario, se ha denunciado la tendencia de la izquierda política a la criminalización, dando lugar al llamado Derecho Penal simbólico (delito de manipulación genética), Derecho Penal del enemigo (delitos económicos) y, en todo caso, a la expansión del Derecho Penal sólo para obtener réditos políticos como ocurrió con el Código de 1995».
Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal, cree que «el llamado «cumplimiento íntegro de las penas» es una expresión equívoca: primero porque penas hay muchas (multa, inhabilitación, etc.) y en realidad se está haciendo sólo referencia a la prisión; y, en segundo lugar, porque el problema se centra en que estas penas de prisión no sean en exceso formales, sino que realmente se aproxime a la realidad la duración y el cumplimiento de la pena impuesta. En este propósito no se puede olvidar que, aún cuando la pena tenga como fines la retribución por el mal causado y la «prevención general positiva y negativa» (tranquilizar a las víctimas y a la población en general e inhibir por el miedo a la pena a potenciales delincuentes), también ha de buscar y de modo prioritario la «resocialización» del delincuente (art. 24 de la Constitución), y dicha resocialización sólo se logra con la evitación del ingreso en prisión cuando sea posible y adecuado (suspensión de condena) y con un «sistema progresivo» de ejecución de la pena privativa de libertad (progresión hasta el tercer grado con previos y coetáneos permisos de salida y libertad condicional al final)».
«El límite de 40 años es un modo encubierto de establecer la prisión perpetua eludiendo su nombre. Si en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y otros países europeos existe la pena de prisión perpetua, revisable a los diez o quince años para convertirla en pena temporal, ¿por qué vamos a ser más «papistas que el papa»? Además, esta prisión perpetua revisable puede ser más beneficiosa para el delincuente y más motivadora para su reinserción».

«La reforma de la prisión preventiva -añade el catedrático- era necesaria al haber sido declarada la actual regulación contraria a la Constitución. Es lógico, como en otros países, que, además de ser una medida cautelar (evitar la huida y la destrucción de pruebas) sea también una medida de seguridad (evitar que vuelva a delinquir el reincidente o habitual) e, incluso y excepcionalmente, una pena anticipada para delitos muy graves (asesinatos, terrorismo o narcotráfico)».

Por último, sobre la tipificación de nuevos delitos y los principios de habitualidad y reincidencia, Rodríguez Ramos opina que «alguna de las nuevas figuras delictivas parece redundante (ablación del clítoris); en cuanto al segundo punto, el clásico criminólogo francés Pinatel ya dijo que la reincidencia era el fracaso de la pena y que, en consecuencia, en vez de penas más graves lo que había que imponer eran medidas de seguridad para neutralizar esa peligrosidad delictiva demostrada por el reincidente».

Carlos Aguilar,
director del Departamento Procesal del despacho profesional Albiñana&Suárez de Lezo, estima que «aún cuando el Código Penal de 1995 supuso un mayor cumplimiento efectivo de penas respecto del anterior, existe una opinión social y jurídica generalizada favorable a que se produzca un cumplimiento íntegro o al menos un mayor cumplimiento efectivo de las penas en delitos de terrorismo. Mi opinión es favorable a tal reforma que, por otra parte, equilibra la legislación española con la de países de nuestro entorno, mucho más severos, y es respetuosa con los criterios de las instituciones judiciales europeas».

Sobre la prisión provisional, sostiene que «no hay duda de que el primer factor que perturba la seguridad ciudadana ordinaria lo constituye un tipo de delincuencia menor para la cual la Ley Procesal Penal no encontraba una respuesta ni pronta ni adecuada, dada la extrema dificultad o imposibilidad en la práctica de dictar prisión provisional, incluso en los supuestos de que el detenido fuese multireincidente. Debiendo ser siempre la prisión provisional una medida aplicada con carácter restrictivo, creo que es adecuada y proporcional la modificación legal que permita a un juez de instrucción dictar una prisión provisional, incluso para delitos menores, cuando se den circunstancias tales como la reincidencia, la pertenencia a bandas organizadas o la falta de arraigo».
Respecto a las modificaciones que afectan a la inmigración ilegal, «la reforma supone un doble tratamiento: de una parte se tipifica con mayor severidad el tráfico ilegal de personas estableciendo penas de hasta 8 y 10 años de prisión cuando el propósito fuera la explotación de víctima, modificación legal que entiendo positiva por ser proporcional y adecuada a un fenómeno criminal gravísimo y real como es el del tráfico y explotación de personas que, en los supuestos relativos a la prostitución, llega a situaciones próximas a la esclavitud. Respecto de la sustitución de las condenas por delitos penados con menos de 6 años por la expulsión cuando se trate de extranjeros en situación ilegal, con resultar esta medida más problemática desde el punto de vista técnico al introducirse un tratamiento procesal y penal no igualitario derivado no del hecho delictivo, sino de la condición personal del autor, es lo cierto que el Estado ha de reaccionar de una manera efectiva cuando se constata un generalizado fraude de ley consistente, precisamente, en la comisión deliberada de un pequeño delito por parte de personas que no tienen regularizada su residencia en España precisamente con el objeto de que el procedimiento penal consiguiente paralice el expediente de expulsión, resultando inconsecuente que un ilícito penal sea el instrumento que permita la perpetuación de un ilícito administrativo, la residencia ilegal».
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