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Acosados por ETA aportan su testimonio como prueba para ilegalizar a Batasuna

La solicitud de ilegalización de la coalición proetarra es vista por las víctimas con esperanza de que se acabe la impunidad con la que se presiona, extorsiona y asesina

Actualizado 17/12/2002 - 00:39:36
BILBAO. El testimonio de personas como Santiago Abascal, presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco, cuya familia lleva dos décadas bajo la presión terrorista, que comenzó con la petición del «impuesto revolucionario» a su abuelo; de Carlos Totorica, el alcalde socialista de Ermua, quien alentó la rebelión ciudadana contra lo que califica «el fascismo vasco»; o del sacerdote Jaime Larrínaga, que sufre persecución por no comulgar con la ideología nacionalista, se incorporaron ayer como prueba de cargo en el sumario que sigue el Tribunal Supremo para la ilegalización de Batasuna.
En una declaración conjunta ante el ministro de Justicia, que actuaba como Notario Mayor del Reino, y en presencia del abogado del Estado y del fiscal general, los representantes de catorce organizaciones que luchan por la libertad y contra el terrorismo, incluidas COVITE y AVT, aportaron su testimonio en el sentido de que Batasuna es ETA.
Asociaciones como ¡Basta ya!, representada por Cristina Cuesta; Foro Ermua, por Vidal de Nicolas; Fundación para la Libertad, por Edurne Uriarte, o Foro El Salvador, por Jaime Larrínaga, entienden que «el entramado Batasuna, bajo la apariencia de partido político tiene como finalidad fundamental complementar y apoyar políticamente la acción de la organización terrorista ETA para subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública contribuyendo a multiplicar los efectos de la violencia terrorista, del miedo y de la intimidación generada por la misma».
El fin de la impunidad
La solicitud de ilegalización de Batasuna fue presentada por estos colectivos y por los cargos públicos no nacionalistas como una esperanza de que finalmente se haga justicia y se acabe con la impunidad con la que hasta ahora se ha amenazado, extorsionado, presionado y hasta asesinado en el País Vasco. En ese testimonio se recordó ayer cómo Batasuna incluye regularmente en sus listas electorales y en los órganos de dirección del partido a personas que militan en ETA y que han sido condenadas por los tribunales de justicia o se encuentran en situación de busca y captura. También se denunció que «los dirigentes de Batasuna emplean su representación institucional para justificar y alentar los atentados de ETA en base a un supuesto conflicto cuyo único fin es el aniquilamiento y la coacción de quienes no comparten su visión exclusiva de la sociedad».
Los firmantes de la declaración son testigos, porque ellos mismos han recibido amenazas, de cómo «el entramado de Batasuna pone a disposición de los asesinos de ETA los privilegios que la legislación concede a los partidos políticos, siendo especialmente grave la cesión de los datos contenidos en el censo electoral». Son testigos también de cómo «desde las instituciones democráticas y con el dinero de todos los ciudadanos se organizan y publicitan actos de apoyo a aquellos que han atentado, coaccionado e intimidado, tanto a ellos como a sus familias».
Batasuna, ETA, terroristas
El ministro de Justicia, José María Michavila, dijo que «un Estado de Derecho no es digno de llamarse tal si permite que se den los privilegios de la política a quienes nos asesinan», y que «estén paseándose por las instituciones democráticas quienes tratan de asesinar cada día la democracia». Consideró además Michavila que hacer justicia es «llamar a las cosas por su nombre», lo que supone «llamar a Batasuna, ETA; a ETA, asesinos, y a quienes les apoyan, terroristas».
Al acto acudieron los dirigentes del PP vasco, como Jaime Mayor y Carlos Iturgaiz, y representantes del PSE, como Rodolfo Ares, aunque no estuvo el secretario general Patxi López.
 
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