Sociedad

null

Hemeroteca > 17/08/2004 > 

El Gobierno retoma el espíritu del «informe Abril» catorce años después de su elaboración

Actualizado 17/08/2004 - 09:08:56
El informe preveía que los jubilados pagaran los medicamentos. RAFAEL CARMONA
El informe preveía que los jubilados pagaran los medicamentos. RAFAEL CARMONA

Va y viene. Aparece y vuelve a desaparecer. El copago sanitario es la medida de control del gasto que más veces se ha propuesto y también la que más veces se ha silenciado. Este verano ha vuelto a irrumpir en la escena política, en pleno debate autonómico por buscar nuevas fórmulas para financiar la Sanidad pública.

En julio dio el primer paso la consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli, al atreverse a proponer el cobro de un euro por consulta médica. Apenas un mes más tarde era el propio vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien lanzó la posibilidad de que los jubilados con rentas altas pagaran sus medicinas, como hacen el resto de ciudadanos en activo.

Pero ninguna de esas propuestas es nueva. Ambas aparecían entre las 64 recomendaciones que en 1991 realizó el «informe Abril», un documento que pretendía ser la base de una reforma sanitaria en profundidad. El informe surge a partir de una proposición no de ley que presentó el CDS en 1990 en el Pleno del Congreso de los Diputados. La proposición instaba al Gobierno a crear una comisión de expertos que estudiara el Sistema Nacional de Salud para afrontar el futuro.

Pocos meses después, el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas, instrumenta el acuerdo del Congreso y se nombran los miembros de la «Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud», que presidió Fernando Abril Martorell, ex vicepresidente del Gobierno. Desde ese mismo momento, el grupo de trabajo pasó a ser conocido como la «comisión Abril».

Ciento cuarenta expertos trabajaron durante un año. El primer análisis en profundidad de la Sanidad española sacó a la luz los problemas de desorganización, gestión y financiación que entorpecían el funcionamiento de la Sanidad. El informe reconocía el valor de un sistema que presta asistencia a todos sus ciudadanos bajo el principio de equidad. Y alababa tanto la excelente formación médica como la calidad hospitalaria, sin olvidar, por supuesto, el servicio farmacéutico.

Pero también constató defectos visibles en la asistencia primaria, puso de manifiesto la falta de relación con el paciente, la masificación en las urgencias.... Todos estos defectos se atribuyeron a la «indeterminación presupuestaria», la «irresponsabilidad burocrática», la «ineficiencia», los «incentivos perversos», el «desánimo del personal sanitario», la «centralización» o la «politización» del sistema sanitario.

El informe detectó que el presupuesto era ficticio, año tras año. Los recursos se dedicaban a pagar los gastos de personal y las mínimas obligaciones para que funcionaran las instituciones. El resto de las obligaciones se guardaban hasta el ejercicio siguiente. Por lo que cuando comenzaba un nuevo ejercicio, el presupuesto se agotaba con la deuda del año anterior.

«El sistema público -señalaba- carece de una visión empresarial de servicio, coarta más allá de lo necesario la libertad de elección de los usuarios, falta información al paciente..; el marco laboral es incapaz de encauzar las relaciones del personal sanitario y de motivarlo; hay ausencia de mecanismos de evaluación del sector sanitario, y las responsabilidades gestoras están diluidas».

Subida de las pensiones

El «informe Abril» vio la luz en 1991 con 64 recomendaciones que intentaban remediar los defectos encontrados. Pero, de esas 64 recomendaciones sólo tres trascendieron a la opinión pública: el pago de los pensionistas del 40 por ciento de los medicamentos recetados -como propone ahora Solbes-, la limitación de las prestaciones sanitarias básicas y la mayor participación de los pacientes en los costes. Las tres medidas se convirtieron en la diana de todas las críticas.

«Se levantó una polvareda mediática y una de las cosas que fueron más distorsionadas fue la propuesta de que los pensionistas pagasen como el resto de los ciudadanos. Sin embargo, nadie se molestó en explicar que en el informe también aparecía como requisito indispensable la subida de la pensión de los jubilados en la misma cuantía de lo gastado en fármacos. Lo que buscábamos con esta medida era disuadir no recaudar ni gravar», recuerda el doctor Carlos Revilla, el diputado de CDS que propuso la elaboración del informe.

Aprovechar los recursos

La comisión sentó las bases para que los recursos disponibles se pudieran aprovechar mejor, sin aportar más fondos. «Era un estudio previo para facilitar un debate social sosesgado, aproximando la Sanidad a los ciudadanos, para que entendieran la relación coste-beneficio», explica Revilla.

Aunque el debate nació muerto. Durante la elaboración del informe, por el Ministerio de Sanidad pasaron tres ministros diferentes: Julián García Vargas, Julián García Valverde y José Antonio Griñán. Se dijo que el informe estaba cargado de medidas impopulares y el «informe Abril» acabó en un cajón. Catorce años después se «resucitan» algunas de las medidas que lo inspiraron.

La situación, hoy, ha cambiado, pero algunos de los expertos que colaboraron en la comisión han vuelto a reclamar un nuevo informe que permita hacer un diagnóstico de la Sanidad española. Carlos Revilla apuesta por la elaboración de un estudio europeo «que ayude a pensar globalmente y a actuar localmente».
Búsquedas relacionadas
  • Compartir
  • mas
  • Imprimir
publicidad
PUBLICIDAD
Lo último...

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.