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El Supremo condena a un senador del PIL que «compró» a un concejal del PP

El Tribunal Supremo confirmó ayer la condena de tres años de cárcel que la Audiencia de Las Palmas impuso en febrero del pasado año al senador del Partido de los Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, por haber «comprado» con doce millones de pesetas a un concejal del PP de Arrecife. Esta sentencia obligará a Martín a abandonar su escaño en la Cámara Alta.

Actualizado 16/01/2001 - 09:52:43
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por Dimas Martín, senador y presidente del Partido de los Independientes de Lanzarote, y Juan Carlos Hernández Cabrera, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife, a quienes la Audiencia de Las Palmas condenó el pasado 24 de febrero por cohecho. En aquella fecha Dimas Martín aún no era parlamentario.
El alto Tribunal confirma de esta forma la pena de tres años de prisión menor impuesta a Dimas Martín, y de un año y medio de cárcel a Hernández Cabrera. Martín, a quien se le aplica la agravante de reincidente —también fue condenado por cohecho el 12 de marzo de 1993 a dos meses de arresto—, deberá abandonar su escaño de senador ya que el Supremo suma a la pena de prisión la de «suspensión de todo cargo público representativo».
La resolución judicial recuerda que en junio de 1995 Martín «inició una negociación» con Hernández para que se abstuviera de votar en el Pleno que dio por constituido el Ayuntamiento naciente de las urnas en las elecciones municipales.
Ello permitió al PIL lograr la alcaldía a cambio de doce millones de pesetas para Hernández, quien además asumió la Concejalía de Tráfico, Policía y Personal con un sueldo neto de 300.000 pesetas.
El Supremo desestima cada uno de los argumentos expuestos por los condenados, confirma la existencia de «una abundante prueba, válida y legalmente obtenida» y afirma que «es innegable la existencia de un acto injusto, conseguido a través de unas maniobras que repugnan a los principios de justicia, lealtad y buena fe que deben presidir las relaciones (...) en democracia».
ACCIÓN «BASTARDA YTORTICERA»
El senador había impugnado su condena alegando, entre otros extremos, que la principal prueba contra él era la copia de un «documento original imaginario» en el que se hacía constar que el concejal del PP «obtendría una ventaja patrimonial por su abstención». Además, tal documento no pudo ser sometido a una prueba pericial que, según Martín, acreditaría que un sello se había estampado con anterioridad a su impresión informática, es decir, sobre un documento en blanco.
El Supremo resuelve la cuestión asegurando que, aparte de las manifestaciones del otro acusado reconociendo la veracidad del documento, tal pericia no se realizó por la «desidia» y la «inactividad procesal» de Martín. El senador alegó también que el transfuguismo «puede merecer toda clase de reproches axiológicos, pero en términos jurídicos —y menos aún jurídico penales—, no es posible conceptuarlo de acto injusto», requisito indispensable para condenar por cohecho.
Pero el Supremo le censura que «cae en un olvido que es preciso recordarle»: admitiendo que «en el devenir de la vida política» un concejal pueda cambiar de punto de vista, «la mutación del signo del voto se debe fundamentar en una comunicación previa, directa y sincera con los electores y debe obedecer a móviles admisibles en una sociedad democrática». «Lo que debe ser rechazado, de manera rotunda y tajante —añade—, es la intervención de circunstancias bastardas o torticeras que sean la única justificación del cambio».
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