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El Gobierno Barreda autoriza un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto valenciano

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su reunión de ayer, autorizó al servicio jurídico de la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 17 del Estatuto de la

Actualizado 12/07/2006 - 09:29:31
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su reunión de ayer, autorizó al servicio jurídico de la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 17 del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que reconoce el derecho de esa región a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias. Se une así al Ejecutivo aragonés, que también ha encargado a sus servicios jurídicos la presentación de otro recurso contra esta norma, en este caso por arrogarse el derecho al agua procedente de cuencas excedentarias, en una clara alusión al descartado trasvase del Ebro.
«De perogrullo»
Esta iniciativa ya había sido adelantada por el Gobierno castellano-manchego, al considerar que este precepto de la nueva norma valenciana afecta de forma importante a los intereses de Castilla-La Mancha en materia hidráulica. Recientemente, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, Emiliano García-Page, llegó a justificar la interposición del recurso considerando «de perogrullo» que el artículo en concreto «afecta de forma importante a los intereses de Castilla-La Mancha». Sin embargo, el presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Vicente Garrido, afirmó ayer que no ve «ninguna inconstitucionalidad» en el artículo 17 del nuevo Estatuto de Autonomía.
Este recurso fue autorizado también en el último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el 29 de junio, mediante una resolución del PSOE, apoyada por el PP, que instaba al Ejecutivo de Castilla-La Mancha a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo, que reconoce el derecho de esa región a la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias.
En concreto, el recurso al artículo 20 del nuevo Estatuto valenciano -artículo 17 en el antiguo texto- se justifica en el hecho de que el texto pueda vulnerar los artículos de la Constitución 138 y 139. 1, sobre desigualdades y privilegios, y 147 y 149. 1. 22 por asumir competencias del Estado y traspasar límites territoriales de la Comunidad Autónoma.
A juicio del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Molina, el artículo goza de un «gran nivel de ambigüedad» que genera «cierto nivel de incertidumbre», por lo que era «razonable y prudente» que el Tribunal Constitucional interprete esa norma para que establezca si el texto autonómico de Valencia es jurídicamente viable.
El Pleno del Congreso aprobó el pasado mes de febrero, con los votos a favor del PSOE, PP y CC, el proyecto de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, al que se opusieron el resto de grupos de la Cámara (CiU, ERC, PNV, IU-ICV y el Grupo Mixto), quienes criticaron el procedimiento utilizado en la tramitación del texto.
Por ahora, únicamente los estatutos valenciano, catalán y andaluz han completado el trámite de su aprobación por las Cortes Generales, por lo que las batallas no han hecho más que empezar entre comunidades autónomas parecen que no han hecho más que empezar. Y es que el proceso de reformas de los Estatutos, ha desatado una conflictividad entre comunidades desconocida hasta ahora. Los proyectos en marcha y los textos ya aprobados han abierto numerosos frentes de guerra que van a compartir, a partir de ahora, el Tribunal Constitucional como campo de batalla.
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