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Manglano y Calderón se amparan en la ley de Secretos para no responder a HB

Los antiguos responsables de los servicios secretos alegan indefensión porque la ley les impide aportar pruebas en su favor ya que son materia reservada

Actualizado 11/03/2003 - 23:53:44
VITORIA. La Audiencia Provincial de Álava juzga desde ayer a los seis acusados de haber ordenado y realizado escuchas telefónicas ilegales a miembros de Herri Batasuna, formación cuyas actividades han sido suspendidas judicialmente por su supuesta integración en ETA. Entre los acusados están dos ex directores del Cesid, Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, que están acompañados en el banquillo de los acusados por otras cuatro personas a las que se atribuye su pertenencia al Cesid (el actual CNI) y quienes negaron los hechos que se les imputan.
El fiscal solicitapara dos de los agentes, que negaron su pertenencia al Cesid, penas que suman cinco años de prisión y 16 meses de inhabilitación por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Mientras, la acusación particular que defiende los intereses de HB amplía la petición de responsabilidades a los dos ex directores del Cesid para los que reclama penas de cuatro años de prisión. Para los cuatro agentes imputados, solicita tres años, siete meses y quince días, además de inhabilitación por 12 años para el total de acusados.
Piden el archivo del caso
Tanto Manglano como Calderón se negaron a declarar amparándose en la legislación sobre secretos oficiales y en un acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 1998 sobre materias clasificadas. Los dos ex directores del Cesid se limitaron a responder sólo al fiscal al ser preguntados por la fecha de su nombramiento y cese como responsables de dicho organismo.
La defensa de Manglano destacó la situación de «indefensión» de la que es objeto el ex director del Cesid porque se encuentra ante la imposibilidad de declarar para evitar el delito de no guardar secreto sobre las materias del Cesid. Además, alegó indefensión ya que le resulta imposible por ley presentar pruebas documentales al tratarse de cuestiones clasificadas. Por su parte, la defensa de Calderón solicitó el archivo de la causa al estimar que «los denunciantes no han acreditado ser los perjudicados» por las escuchas.
Los letrados de la acusación Federico Sáenz e Ignacio Sancho consideraron que la negativa de los responsables del Cesid a responder a sus preguntas -algo que la ley permite a todo acusado si lo considera oportuno- es «cegar absolutamente la investigación».
Los hechos juzgados se remontan al 31 de marzo de 1998. Las escuchas telefónicas a la sede central que la suspendida Herri Batsuna tiene en Vitoria y que, en la actualidad, se encuentra precintada por orden judicial, fueron descubiertas, después de diez años años, cuando técnicos de telefónica procedieron, por encargo de los batasunos, a modificar la instalación de su sede central en la calle Ramiro de Maeztu.
El juicio, que tiene lugar en la Audiencia provincial de Álava toda vez que el Consejo General del Poder Judicial rechazó la petición de Calderón para que éste no tuviera lugar en el País Vasco, se reanudará hoy con la toma de declaración al delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, y al ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote. En total, está previsto que pasen por la Audiencia provincial una treintena de testigos.
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