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Orígenes del nacional catolicismo

Actualizado 10/03/2002 - 00:43:18
EN su excelente libro Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, 2001, José Álvarez Junco sitúa en Menéndez Pelayo la definitiva formulación de un nacional catolicismo que alcanzaría, ya en el siglo XX, en el régimen de Franco, su expresión política definitiva. Me permito discrepar de ese juicio. Menéndez Pelayo se detuvo en el plano cultural, en el cual, por otra parte, corrigió en su madurez muchos de los excesos retóricos de su juventud. No sólo no pretendió extraer de esa interpretación consecuencias políticas directas, sino que, en este orden de cosas, él mismo se afilió a la Unión Católica de Pidal y Mon, que concluyó incorporándose (probablemente siguiendo la consigna de ralliement de los católicos al sistema democrático que impartió León XIII a finales del XIX, corrigiendo los excesos de Pío IX) al partido conservador fundado por Cánovas, que era un partido democrático, liberal y laico, netamente diferenciado del carlismo, que es donde se agruparon todos los fundamentalismos político-religiosos del país. Fue éste, por cierto, un excelente servicio que el carlismo prestó a nuestro siglo XIX, el de drenar todas las tendencias absolutistas y tradicionalistas presentes en nuestra sociedad retrasada, tendencias cuya formulación teórica es claramente de origen francés, como un excelente libro de Javier Herrero -al que Álvarez Junco se refiere a menudo-, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, 1971, demostró de forma concluyente, obligando así a que quienes se opusieron a él y, finalmente, lo vencieron, a mantenerse en posiciones liberales y secularizadas.
Para dilucidar el problema de los orígenes de nuestro peculiar nacional catolicismo del siglo XX, el reciente libro de Jacques Prévotat Les catholiques et l´Action française. Histoire d´une condamnation, 1899-1939, Fayard, 2001, una excelente «tesis de Estado» francesa, con una abrumadora documentación, me parece que puede resultar una clave, clave, por cierto, fascinante. Charles Maurras, hombre especialmente inteligente y de excelente pluma, había captado a la mayoría de los católicos franceses y les había convencido de que su religión les obligaba a un modelo político concreto, la monarquía (la del Antiguo Régimen, absoluta, pues, apenas moderada por simples Consejos), la antidemocracia y el antiliberalismo más explícitos, la reactivación de los viejos objetivos nacionales de la Francia pre-revolucionaria, especialmente su hostilidad a los países -Alemania en primer término- que habían ganado su personalidad al hilo de la reforma protestante. Pío X ya se enfrentó a esta doctrina, que reducía el catolicismo a un mero papel político instrumental, algo que parecía tener poco que ver ni con el mensaje del cristianismo, como el propio Maurras, por otra parte, demostraba concluyentemente con su ateísmo personal declarado. Pío X llevó a suscribir en 1914 una condena formal de esta doctrina, que no se hizo pública, sin embargo, y que quedó sólo como una directiva interna de la curia para tratar los asuntos franceses.
Fue Pío XI, el Papa Ratti, quien con una tenacidad y una lucidez mantenida sin fallas formuló la condena pública en 1926, intimando a los católicos franceses a abandonar esa doctrina, bajo pena de excomunión, que se aplicó implacablemente (negando los sacramentos y aun tierra sagrada en el entierro a los recalcitrantes, que fueron inicialmente muchos). Prévotat cuenta con pormenor en qué duras condiciones, con todo el episcopado prácticamente maurrasiano entusiasta, seguido por la intelectualidad católica más brillante, Pío XI, con una lucidez y un pulso excepcionales, logró a lo largo de largos años imponer su criterio
La segunda guerra mundial vino a demostrar lo certero de su posición y también su importancia. Sólo sobre esa providencial limpieza del catolicismo francés pudo éste alinearse sin complejos con el bando de la libertad en la segunda guerra mundial, renovarse intelectualmente, hasta pasar a ser la vanguardia del catolicismo universal, como se haría visible en el Concilio Vaticano II. Mientras tanto Maurras, en una espectacular demostración del pragmatismo puramente político en que se movía, había concluido como colaboracionista del invasor nazi y condenado a muerte por los tribunales de la liberación (aunque fue indultado por De Gaulle). Pues bien, esa Acción Francesa, precisamente, fue el modelo de nuestra Acción Española, proclamada con orgullo en su propio nombre, la cual no parecía concernida, sorprendentemente, por la condena papal, que llegó a interpretar explícitamente ¡como una muestra del poder diabólico de la masonería! Fue el ideario de Acción Española (fundada al final de la Dictadura, pero ya operante visiblemente en ésta), y no el de la Falange (que en el terreno religioso era explícitamente laica), el que pasó a dominar los nuevos poderes surgidos del levantamiento de 1936. De su influjo proceden fórmulas tan ridículas como «Por el Imperio hacia Dios», que hoy resultaría difícil de comprender incluso en el más exaltado fundamentalismo islámico -mucho más en un país en ruinas, como el nuestro-, y que figuró durante varios años como fórmula oficial de despedida en oficios y documentos, y prácticamente todo el delirio nacional católico que dominó de forma avasalladora a la vez la Iglesia y el Estado (éste, claramente, como un respaldo político instrumental). Es cierto que para buscar una interpretación total de nuestra historia en clave católica se utilizará ahora a Menéndez Pelayo, extrayendo de sus doctrinas consecuencias que distan de estar en su ideario, de modo que resulta injusto atribuirle el origen de tan asombrosa creación política. Nuestra Iglesia fue insensible, con pocas excepciones, a las explícitas condenas del totalitarismo (encíclicas Non abbiano bisogno, 1931, Mit brennender Sorge, 1937), a los discursos democráticos y liberales de Pío XII durante la segunda guerra mundial, hasta a las capitales encíclicas Mater et magistra y Pacem in terris de Juan XXIII, de 1961 y 1963, incluso, y esto se comprende con dificultad, a las declaraciones explícitas del Concilio Vaticano II (Gaudium et spes, 1965). Más aún: en la «Declaración colectiva del episcopado español para la etapa posconciliar», de diciembre de 1965, la única alusión que se hace a la libertad es a la religiosa, recordando que el Concilio «no se opone a la confesionalidad del Estado ni a la unidad religiosa de una nación», interpretación, por otra parte, bastante discutible si se recuerda cómo se interpretaban esos conceptos a la sazón. Todos los criterios conciliares se reducen al fuero interno. Recordemos que posteriormente el régimen dictaría las Leyes Fundamentales Orgánica del Estado y Orgánica del Movimiento en 1967 y que las dos declaraban «permanentes e inalterables» los «principios del Movimiento Nacional» que se habían aprobado en 1958 y cuyo artículo II decía, literalmente: «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento de la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera..., que inspirará su legislación». No resulta desdeñable el daño espiritual que esta proclamada identificación pudo causar en las conciencias. Felizmente, en el momento final, físico, del franquismo el cardenal Tarancón, respaldado sin vacilaciones por Pablo VI, había asimilado perfectamente el nuevo corpus de doctrina, el cual arranca, en su formulación más inequívoca, de la condena del maurrasismo, cortando sin vacilar los restos del período eclesiástico anterior.
Ya citamos el libro de Herrero, que demostró el origen francés de nuestro primer tradicionalismo del siglo XIX. La misma conclusión parece obligada respecto del nacional catolicismo (aunque resulte especialmente paradójico), doctrina que imperó sin límites, y con coacción estatal, durante varias décadas del XX.
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