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Pekín exige a España archivar la causa por la represión en el Tíbet

Poco después de conocerse el trágico desenlace de las protestas protagonizadas por la minoría musulmana uigur (al menos 140 muertos), el Gobierno chino se negó ayer a tramitar cualquier solicitud

Actualizado 07/07/2009 - 06:20:25
Poco después de conocerse el trágico desenlace de las protestas protagonizadas por la minoría musulmana uigur (al menos 140 muertos), el Gobierno chino se negó ayer a tramitar cualquier solicitud relacionada con la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con la represión llevada a cabo en el Tíbet, justo antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008. Al mismo tiempo, Pekín exigía al Ejecutivo español el archivo de ese procedimiento.
Pedraz, que investiga a ocho dirigentes y militares chinos (entre ellos tres ministros) por esos hechos, envió una comisión rogatoria a China con el fin de tomar declaración como imputados a los tres miembros del Ejecutivo de ese país asiático. Según el magistrado, podrían haber incurrido en un delito de lesa humanidad por el ataque «generalizado y sistemático contra la población tibetana», ordenado desde el 10 de marzo del pasado año. La represión se cobró 203 víctimas mortales, un millar de heridos graves y 5.972 desaparecidos.
Enfado del gigante asiático
En una dura respuesta, cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno chino deja patente su enfado por el hecho de que la Audiencia Nacional haya abierto una causa contra varios de sus integrantes. China califica como «falsa» la querella, y reclama a España que haga «cesar definitivamente y cuanto antes» este asunto.
En opinión del gigante asiático, el procedimiento penal instruido por Santiago Pedraz «viola los principios básicos de la jurisdicción e inmunidad de Estado», establecidos por el Derecho Internacional, y no tiene la «cobertura» del tratado bilateral sobre asistencia judicial en materia penal suscrito por España y China.
Por estas razones, el Gobierno chino «deniega con firmeza cualquier solicitud de asistencia judicial» en esta causa penal,y exige al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que «asuma las responsabilidades» que le corresponden según el Derecho Internacional. Asimismo, le pide que «adopte las medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso» del tratado antes citado.
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