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El mapa de la corrupción urbanística en España

Decenas de irregularidades urbanísticas, recalificaciones de terrenos, licencias para construir en zonas no urbanizables y posibles tratos de favor a determinadas constructoras se investigan en

Actualizado 06/11/2006 - 16:15:33
Decenas de irregularidades urbanísticas, recalificaciones de terrenos, licencias para construir en zonas no urbanizables y posibles tratos de favor a determinadas constructoras se investigan en Juzgados de toda España.
La Fiscalía y los Juzgados de diversas provincias españolas tienen abiertas diligencias por decenas de casos de este tipo en los que aparecen como denunciados o imputados alcaldes y concejales.
Junto a grandes escándalos como la llamada Operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella o las investigaciones sobre grandes desarrollos urbanísticos, los Juzgados instruyen numerosas causas de menor magnitud en otros municipios.
Las denuncias provienen a menudo de la oposición municipal, grupos ecologistas o asociaciones vecinales, aunque tampoco faltan las investigaciones de oficio por parte de la Fiscalía.
A continuación se relacionan, en cuatro tomas y ordenados por comunidades autónomas y provincias, algunas de las causas en las que se han abierto diligencias judiciales o fiscales en relación con presuntas irregularidades urbanísticas y que han sido recogidas por las Delegaciones de la Agencia Efe.
ANDALUCIA
Carboneras (Almería)
El grupo ecologista Salvemos Mojácar, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía denunciaron la construcción del hotel de El Algarrobico por parte de la constructora Azata del Sol sobre unos terrenos del parque natural de Cabo de Gata-Níjar declarados como no urbanizables en 1994.
El Juzgado de lo contencioso-administrativo decretó en febrero la paralización cautelar de las obras, aunque el fallo fue recurrido por la empresa. Medio Ambiente tiene abierto un proceso de expropiación de los terrenos y la Junta solicita su derecho de retracto. Carboneras está gobernada por el PSOE.
Roquetas de Mar (Almería)
La Junta de Andalucía y Comerciales del Poniente (COPO) denunciaron la concesión por parte del Ayuntamiento (del PP) de una licencia de apertura para una gran superficie comercial en la localidad en septiembre de 2000 a la empresa General de Galerías Comerciales, cuyo responsable es el empresario Tomás Olivo, imputado en la segunda fase de la "Operación Malaya" de Marbella.
En el año 2002 el tribunal estimó la nulidad de la licencia de apertura en una sentencia que fue recurrida por la empresa promotora del proyecto y por el Ayuntamiento que, meses después, permitió la apertura del centro. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la sentencia anterior el pasado 9 de octubre.
El Puerto de Santamaría (Cádiz)
Ecologistas en Acción denunció en marzo de 2005 al alcalde, Hernán Díaz (de Independientes Portuenses, IP), al concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al promotor inmobiliario José Pinto, por vender una finca en el Pinar de Coig que forma parte de un sistema general de espacios libres.
La juez está llamando a los testigos a declarar, lo que se prolongará durante todo el mes de noviembre.
Ubrique (Cádiz)
El arquitecto municipal, Juan Prieto, fue detenido en la denominada Operación Pinsapar, como presunto autor de varios delitos relacionados con la ordenación del territorio. Junto a él se detuvo a otras cuatro personas por cohecho, delitos contra la ordenación del territorio y falsificación documental. Ubrique está gobernado por el Partido Andalucista.
La denuncia la hizo la alcaldesa de Grazalema, María José Lara (PSOE), y el caso está en fase de instrucción.
Tarifa (Cádiz)
El alcalde, Miguel Manella (PSOE), tiene abiertas diligencias previas en el Juzgado de Algeciras por delitos de prevaricación, falsificación documental, sobre el patrimonio histórico, ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina, puesto que lo que inicialmente iba a ser la reforma de la Oficina de Turismo finalmente se convertirá en zona de ocio, comercial y restaurante.
La denuncia la hizo el PP, que asegura que la obra se ha adjudicado sin memoria justificativa, estudio de viabilidad ni informe de la Intervención.
Jimena (Cádiz)
El alcalde, Ildefonso Gómez (PSOE), tiene abiertas diligencias previas en el Juzgado de San Roque en relación a las irregularidades urbanísticas de la Finca La Bordilla a raíz de una denuncia del PP. En dos años el Consistorio ha suscrito 24 convenios urbanísticos que conceden edificabilidades superiores a los 2,6 millones de metros cuadrados de nueva construcción.
La Línea (Cádiz)
El alcalde, Juan Carlos Juárez (PP), se enfrenta a distintos contenciosos, uno de ellos por la venta de suelo municipal en el Camino de Sobrevela sin que respetaran las 48 horas de antelación en la convocatoria. La denuncia partió del PSOE.
Marbella-OPERACION MALAYA (Málaga)
La mayor actuación desarrollada en España, que supuso la disolución por primera vez de un Ayuntamiento, con más de 60 detenidos de los que 26 fueron encarcelados, entre ellos toda la cúpula del gobierno local encabezada por la ex alcaldesa Marisol Yagüe, además de Julián Muñoz, varios ex ediles del PSOE, PA y GIL, empresarios y abogados, de los que aún quedan seis en prisión.
La causa, actualmente en fase de instrucción, parte de una denuncia de la Fiscalía malagueña, a raíz de la declaración del jefe de servicios jurídicos del Ayuntamiento.
Gaucin (Málaga)
La Fiscalía denunció al alcalde F.C.R (PA) y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 que es contrario a la norma urbanística y por ello también se pidió la paralización de obra.
Manilva (Málaga)
La Fiscalía denunció a la concejala Antonia Muñoz, de Izquierda Unida, por conceder una licencia en contra del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) con informes técnicos que alertaban de que no se adaptaba a la normativa vigente.
En otro caso referido al mismo Ayuntamiento está denunciado el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, un independiente procedente del GIL, por un presunto delito de prevaricación urbanística al aprobar un proyecto de ejecución en suelo no urbanizable. Tirado dimitió en 2005 tras su ingreso en prisión.
También fueron denunciados los diez concejales que votaron el 18 de febrero de 2004 en un pleno a favor del proyecto de ejecución del parque ferial del municipio.
Cómpeta (Málaga)
El alcalde de Cómpeta (Málaga), Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y diez de inhabilitación por un supuesto delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística al conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable, tras una denuncia de la Junta de Andalucía.
Benalmádena (Málaga)
La Fiscalía de Málaga interpuso en mayo de 2006 denuncia contra el alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, por la supuesta concesión de una licencia municipal de obra en diciembre de 2004 para la construcción de un edificio en donde sólo se podían construir casas unifamiliares. La causa está en fase de instrucción.
Tolox (Málaga)
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga denunció en mayo al alcalde, Juan Vera (PA), al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por haber permitido la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable. La Fiscalía acaba de ampliar la denuncia por la autorización de nueve promociones en suelo no urbanizable y, en algunos casos, sin contar con los informes del secretario.
Camas (Sevilla)
El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla investiga el presunto soborno a una edil independiente, Carmen Lobo (anteriormente en IU), para que votara a favor de unas recalificaciones urbanísticas.
La denuncia partió del novio de Carmen Lobo, Francisco Javier Gordo, ex militante de IU y ex asesor del alcalde de Camas, en otoño del año pasado.
Los investigados son el alcalde, Agustín Pavón (IU); los ediles de Camas Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA); el concejal de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas (PP) y el empresario Eusebio Gaviño. El alcalde y los tres concejales han abandonado o han sidos expulsados de sus grupos.
Torredelcampo (Jaén)
El Ministerio fiscal emitió el pasado mes de septiembre un escrito de acusación contra 12 personas, entre ellas el alcalde de Torredelcampo (Jaén), Blas Sabalete (PSOE), por construcción de chalés en una cañada real, dentro de la zona conocida como El Megatín. El fiscal pide dos años de inhabilitación para el alcalde.
Armilla (Granada)
La Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la construcción del Centro Nevada, que se convertirá en el mayor centro comercial de Andalucía y que es propiedad de Tomás Olivo, dueño también del centro de Roquetas e imputado en la Operación Malaya.
El caso, aún en fase de investigación, fue denunciado por el PP y originó la dimisión del concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y la renuncia del alcalde, José Antonio Morales Cara, a optar a su reelección en las próximas elecciones municipales. Ambos son del PSOE.
BALEARES
Calviá (Mallorca)
La ex alcaldesa Margarita Nájera se enfrenta a siete procesos penales por concesión de licencias urbanísticas en los casos llamados "Estrategia Local", "Chalet de Santa Ponsa", "Western Park", "SYP", "Solares de Santa Ponsa y Grupo HPT Instal" y "Paseo de Calviá", todos ellos denunciados por el PP. Algunos están pendientes de juicio y otros de sentencia.
Sant Antoni de Portmany (Ibiza)
"Caso Cretu", por la concesión de una licencia municipal para que el productor musical Michel Cretu pudiera construir su mansión en la cima de una colina en Santa Inés, en este municipio. La denuncia fue interpuesta en 1999 por un grupo ecologista contra el entonces alcalde Antoni Marí Tur (PP).
La licencia fue declarada ilegal y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) confirmó en noviembre de 2005 que la casa debía ser derribada, tras lo cual el Ayuntamiento de Sant Antoni presentó un recurso. El derribo no se ha llevado a cabo y en este momento hay varios recursos pendientes de resolución.
Ses Covetes (Campos) (Mallorca)
Concesión por parte del Ayuntamiento de Campos (PP) de licencia municipal para la construcción de 67 apartamentos en espacio protegido frente a la conocida playa de Es Trenc, denunciada por el Grupo Balear de Ornitología (GOB) en 1994. La causa está a la espera de resolver varios recursos.
Sant Josep (Ibiza)
El Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció por prevaricación al alcalde, José Serra (PP), al haber concedido una licencia de obras en un terreno no urbanizable.
La causa está pendiente de juicio en el que el fiscal pedirá penas de cárcel y de inhabilitación.
Santa Eularia (Ibiza)
IU denunció al alcalde, Vicente Guasch (PP), por la autorización municipal para la construcción de la urbanización de Ses Torres de Talamanca en suelo rústico. Está pendiente de juicio.
Andratx (Mallorca)
La Fiscalía de Medio Ambiente tiene abiertas diligencias contra el alcalde, Eugenio Hidalgo (PP), por presunto delito ecológico por la construcción de 20 edificios en Monport, un Area Rural de Interés Paisajístico (ARIP).
Ses Salines (Mallorca)
Intento de legalizar una vivienda privada a partir de una declaración de interés general para un supuesto centro social de la Asociación de Caballistas local. La causa en la que está imputado el ex alcalde Sebastiá Vidal (PP) -que dimitió- está pendiente de juicio.
CANARIAS
Telde (Gran Canaria)
El Juzgado número 3 de Telde, en Gran Canaria, investiga el "Caso Faycán" que estalló tras la denuncia de una empresaria del municipio, quien declaró que la Concejalía de Obras Públicas del Ayuntamiento le exigió el pago de una comisión del 20 por ciento del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.
La principal imputada es la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien permaneció en prisión durante 62 días con cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto.
Hay otros diecisiete imputados, entre los que figuran empresarios relacionados con varias constructoras, empleados municipales, el interventor, Enrique Oorts, el ex asesor de Obras Públicas Francisco Gordillo y tres concejalas del consistorio, situado al sureste de la isla.
CANTABRIA
Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo y Piélagos
En estos cinco municipios costeros existen más de 500 viviendas pendientes de que se confirmen o se ejecuten sentencias de derribo que pesan sobre ellas según la asociación ecologista ARCA, promotora de muchas de las denuncias.
La mayor parte de las sentencias se basan en que el suelo fue clasificado como urbano sin que contara con los requisitos legales para serlo, si bien hay otras en las que el derribo se funda en el impacto paisajístico de las viviendas o en que un ayuntamiento dio una licencia que invadía parte del territorio del municipio vecino.
En el caso de la urbanización de La Arena, en Arnuero, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha sentenciado por primera vez que los propietarios tienen derecho a ser compensados por daños morales y que el Gobierno regional es corresponsable con el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ha iniciado el proceso administrativo para adjudicar los trabajos para la demolición de las 144 viviendas de la urbanización, que se llevará a cabo previsiblemente a partir de noviembre. Uno de los aspirantes al concurso de derribo es CENAVI, la empresa que construyó las viviendas.
CASTILLA Y LEON
Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga un posible delito contra la administración pública después de que un abogado, asesor de varias empresas, presentara una denuncia en la que alertaba del trato de favor que supuestamente recibían en Arroyo determinadas constructoras y promotoras por parte del Ayuntamiento, dirigido por José Manuel Méndez (PP).
El caso se centra en la recalificación de 335.000 metros cuadrados de uso industrial para construir 3.410 viviendas, que según el PSOE supondrá unas plusvalías de 180 millones de euros.
Navas del Marqués (Avila)
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) anuló el pasado mes de octubre las normas subsidiarias del municipio, gobernado por el PP, que calificaban como "suelo urbanizable delimitado" el lugar en el que se iba a instalar la "Ciudad del Golf", un proyecto que afecta a 210 hectáreas e incluye la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.
El Ayuntamiento, a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, paró el 9 de octubre la tala de cientos de árboles que se llevaba a cabo como fase previa de las obras. Esta misma semana, como consecuencia de una denuncia de grupos ecologistas a la que se sumó el fiscal, un Juzgado de Avila ha ordenado la paralización cautelar de los trabajos en un auto en el que aprecia indicios racionales de la comisión de delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente.
CASTILLA-LA MANCHA
Seseña (Toledo)
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias después de que IU denunciara un supuesto "trato de favor" por parte de la Junta de Castilla-La Mancha al promotor del Plan de Actuación Urbanística (PAU) "El Quiñón", Francisco Hernando Contreras, conocido como "El Pocero", por recalificar casi dos millones de metros cuadrados de suelo rústico urbanizable para construir 13.508 viviendas en un municipio de unos 10.000 habitantes.
IU sostiene que el preceptivo informe ambiental para aprobar este PAU fue "negociado" en una reunión en la que participaron, entre otros, el consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil (PSOE), el constructor Francisco Hernando y el entonces alcalde del municipio José Luis Martín (PSOE).
La denuncia, que incluye los delitos de trato de favor, contra la hacienda pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude, está en la fase de diligencias previas.
Hellín (Albacete)
La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir si corresponde a esta instancia o a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) investigar las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción (EA) por un presunto delito de prevaricación por la construcción de 680 chalets en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Hellín (Albacete), gobernado por el PSOE.
CATALUÑA
Caso "Tres por ciento"/ADIGSA
El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras de reforma de pisos por la empresa pública de vivienda de la Generalitat -Adigsa- en la última etapa de gobierno de CiU.
El caso ha tenido una amplia repercusión política, ya que lo abrió la Fiscalía después de que el presidente catalán, Pasqual Maragall, aludiera en el Parlament al presunto cobro de comisiones por parte de CiU cuando aseguró: "ustedes tienen un problema que se llama tres por ciento".
La querella, presentada por la Fiscalía, se dirige contra el ex presidente de Adigsa, Ferran Falcó, y Josep Anton Fontdevila, ex consejero delegado, ambos militantes de CDC, así como contra seis constructores e intermediarios.
El juez instructor ha tomado ya declaración a los ocho imputados por el caso Adigsa -entre ellos al constructor denunciante José Antonio Salguero- y ahora está interrogando a los testigos.
Tarragona
En febrero de 2005, varios ex propietarios de terrenos de Tarragona denunciaron ante el Juzgado presuntas irregularidades urbanísticas en el proyecto de Terres Cavades, que planea la creación de un nuevo barrio con la construcción de 4.872 viviendas.
Acusaban a diversos políticos y constructores de prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa al asegurar que fueron presionados para vender entre los años 1995 y 2001.
Entre los imputados figuran el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Angel Fernandez (CiU) -que dimitió-, su hermano, el constructor Juan Fernández, el promotor inmobiliario Jose Luis García y Maria Cinta Itarte, esposa del senador de CiU Lluis Badía.
El proyecto urbanístico de Terres Cavades fue frenado por el Departamento de Política Territorial de la Generalitat. En la actualidad ha finalizado la fase de declaraciones ante el juez y se está a la espera de que decida sobre el posible procesamiento.
Salou (Tarragona)
La Fiscalía de Tarragona investiga, tras recibir documentación enviada por ERC e ICV, la actuación de Esteve Ferran Gombau, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Salou e hijo del alcalde del municipio, Esteve Ferran Ribera, quien vendió en 2004 por más de 500.000 euros una finca del municipio que había adquirido en el año 2000 por 30.000 euros, después de que este solar fuera recalificado y pasara a tener un uso residencial-hotelero.
Los dos políticos pertenecen a la formación Ferran Units per Salou (FUPS) que gobernaba el municipio con CiU, formación que decidió abandonar el equipo de Gobierno después de que el alcalde decidiera mantener a su hijo al frente del área de Urbanismo.
EXTREMADURA
Badajoz (Golf Guadiana)
La Fiscalía anticorrupción investiga, tras denuncias de PSOE e IU, la construcción de 70 apartamentos dentro de las instalaciones del campo de golf, pese a que en el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de Badajoz (PP) estaba previsto un aparthotel.
IU estima que las irregularidades afectan a unas 130 hectáreas y habrían supuesto para la constructora Jardines del Guadiana unos beneficios de 18 millones de euros.
Badajoz (Canal de Badajoz)
Tras una denuncia de IU en marzo de 2004 la Fiscalía Anticorrupción investiga el permiso a la empresa Jardines del Guadiana para construir viviendas en una zona de propiedad municipal y en una superficie de 6.600 metros cuadrados. Durante más de un año, la concejala de Urbanismo, Cristina Herrera (PP), negó que los terrenos del Canal de Badajoz fueran de propiedad municipal, aunque tras la documentación presentada lo reconoció y se solicitó a la empresa 1,8 millones de euros en concepto de aprovechamiento de dichos terrenos, cuestión que aún no se ha dirimido.
IU también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la compra por parte de la Herrera de un piso en dichos terrenos a la constructora Jardines del Guadiana, con un importe inferior en unos 12.000 euros a la cantidad abonada por el resto de los pisos vendidos del mismo edificio.
GALICIA
Tui (Pontevedra)
El alcalde, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), está imputado por la concesión irregular de licencias.
Aunque recientemente fue absuelto por el Tribunal Supremo de un delito contra la ordenación del territorio, por el que la Audiencia de Pontevedra lo había condenado a ocho años de inhabilitación, tiene abiertos otros casos por irregularidades urbanísticas.
Oleiros (Coruña)
El alcalde Angel García Seoane (independiente) está procesado por el Juzgado número 4 de A Coruña como imputado en un delito de prevaricación, relacionado con la contratación de obras públicas en este municipio.
Este proceso se inició hace poco más de dos meses a raíz de una denuncia del PP sobre las denominadas "contribuciones especiales" y la expropiación de fincas para realizar obras.
MADRID
Ciempozuelos
La Fiscalía Anticorrupción abrió el 19 de octubre una investigación por un posible delito de blanqueo de capitales cometidos presuntamente por el alcalde de Ciempozuelos, Pedro Torrejón, y el ex alcalde Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE. La investigación se abrió a raíz de una información de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, que advirtió de que ambos habían abierto una cuenta con un millón de euros en un banco del Principado.
Los hechos también fueron denunciados por un diario que señalaba que Tejeiro pactó con una promotora inmobiliaria la recalificación prioritaria de unos terrenos a cambio del pago de 40 millones de euros.
Pedro Torrejón dimitió al conocerse el caso el pasado 17 de octubre.
Aldea del Fresno
El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, mandó quitar las competencias de Urbanismo al alcalde de la localidad, José Luis Tello (PSOE), por otorgar licencias de obras con los pronunciamientos desfavorables de los técnicos y del secretario del Ayuntamiento, y que obtuvo unos beneficios de 1,3 millones de euros en poco más de tres meses al vender a una inmobiliaria los terrenos de una finca rústica en este municipio.
Alcorcón
La Fiscalía de Madrid presentó en junio de 2003 una querella contra los empresarios Francisco Vázquez y Francisco Bravo, el ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga (PP) y el que fuera concejal de Hacienda y Urbanismo de ese Ayuntamiento, Fernando Díaz (PP), entre otras personas, por una supuesta trama urbanística en el municipio.
Se les imputaban los delitos de "asociación ilícita para cometer delitos relativos al mercado y a los consumidores", prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada, así como "cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios", "maquinación para alterar el precio de las cosas y blanqueo de capitales".
El asunto sigue abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón.
MURCIA
Murcia (Aparcamiento San Esteban)
La Fiscalía Anticorrupción investiga, a raíz de una denuncia presentada por el PSOE por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, la construcción de un aparcamiento subterráneo en el jardín de San Esteban, situado junto a la sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno regional cedió gratuitamente los terrenos al Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, y la construcción fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresas formada por "La Generala" y "Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos S.A.", que se constituyó 15 días después del acuerdo del gobierno municipal convocando el concurso y cuyo único propietario es un alto cargo del PP en Orihuela (Alicante).
Murcia
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia abrió el pasado marzo diligencias informativas de oficio para averiguar si pueden ser delictivas las actuaciones del jefe de planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, ahora en excedencia, Joaquín Peñalver, al informar sobre proyectos urbanísticos realizados por el despacho de arquitectos que dirigen un hermano y su padre.
El Colegio de Arquitectos abrió un expediente a Peñalver y destacó el alto porcentaje de proyectos que se tramitaban en el despacho de su familia y que era muy superior al de otros Colegios.
Aguilas
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia investiga, a raíz de una denuncia del PSOE, las actuaciones del Ayuntamiento de Aguilas y el Gobierno regional, ambos del PP, en los trámites de desprotección y recalificación en 2005 de 240 hectáreas de suelo de la finca La Zerrichera, para la construcción de unas 4.000 viviendas, un campo de golf, zona comercial y un hotel.
Más tarde se añadió una denuncia de organizaciones ecologistas y un expediente informativo abierto por la Comisión Europea por la posible destrucción de hábitats declarados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
Un concejal del PP, propietario inicial de parte de los terrenos investigados, dimitió. Además cuatro ediles del PSOE pasaron al Grupo Mixto tras ser expulsados por su partido al no participar en un pleno donde debían rechazar la recalificación.
Cartagena
La Fiscalía investiga la compraventa de 500 hectáreas en la finca Lo Poyo, con terrenos protegidos como un saladar, situada a orillas del Mar Menor tras una denuncia presentada por el PSOE por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
En 2004 los terrenos pasaron a manos de personas y empresas vinculadas con la trama marbellí, que lo compran por 213 millones de pesetas, según denuncia el PSOE.
El proyecto urbanístico, que ha suscitado una fuerte polémica, prevé la construcción de más de 2.000 viviendas y complejos hoteleros.
El pasado día 25 de octubre el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, anunció la paralización del expediente urbanístico "porque no se ajusta a la legalidad".
La Unión
La Fiscalía instruye diligencias previas, tras una denuncia de Izquierda Unida que acusaba al equipo de gobierno municipal de La Unión, del PSOE, por presunto trato de favor a la constructora Peinsa y prevaricación en relación con la firma de un convenio urbanístico por el esa empresa restaura la casa del Piñón, edificio modernista del siglo XIX y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
A cambio se quedará con 500 metros de un total de 3.000 de ese edificio y se recalificarán 450.000 metros cuadrados de terreno rústico con una edificabilidad que, según IU, será superior a la de otras zonas similares y reportará nueve millones de euros.
San Javier (Puerto Mayor)
El proyecto Puerto Mayor consiste en la construcción de un puerto deportivo con mil puntos de amarre en La Manga del Mar Menor así como de más de 800 viviendas, un hotel, un palacio de exposiciones, zona comercial y un campo de golf en 500.000 metros cuadrados ganados al mar mediante el vertido de 1,5 toneladas de áridos.
En junio de 2005, tras una denuncia del Seprona y un posterior recurso administrativo del Ministerio de Medio Ambiente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó paralizar las obras.
En la empresa promotora del proyecto figuraba como consejero Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia.
El PSOE ha presentado una querella criminal contra dos altos cargos del Gobierno regional del PP -el director general del Medio Natural, Antonio Alvarado, y el director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño- por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por esta misma causa.
San Javier
La Fiscalía del TSJ abrió el pasado mayo diligencias informativas para investigar si la actividad del alcalde de San Javier, José Hernández (PP), como socio de una empresa constructora pudiera ser constitutiva de delito.
Las diligencias se abrieron después de que el primer edil reconociera en diversos medios de comunicación que era socio de la empresa "Nueva Valencia al Mar S.L.", constituida en febrero de 2004, de la que también formaban parte los propietarios de las constructoras Urdemasa y Peinsa, adjudicatarias de numerosas obras públicas realizadas en el término municipal de San Javier.
La Fiscalía abrió poco después diligencias para investigar si existió tráfico de influencias del alcalde en la construcción de la urbanización Señorío de Roda, promovida por Peinsa, que se comenzó a construir y puso en venta antes de aprobarse su plan parcial y proyecto de urbanización.
El Juzgado de San Javier también tramita la querella interpuesta por un grupo de 150 vecinos de Veneziola, situada en la zona norte de La Manga del Mar Menor, por unas supuestas irregularidades en la concesión de licencia para construir 223 viviendas en la zona.
Los Alcázares
La Fiscalía del TSJ de Murcia abrió de oficio una investigación para conocer posibles vinculaciones de la sociedad Masdevallía -intervenida en el "caso Malaya" de Marbella- con dos empresas que operaban en Los Alcázares en las que aparece como administradora única Inmaculada Camacho Escudero, familiar del entonces alcalde de la localidad, Juan Escudero, del PSOE, y cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso.
Además, un Juzgado de San Javier investiga dos denuncias presentadas por el PP de Los Alcázares contra el gobierno municipal por las presuntas adjudicaciones directas de sendas parcelas a las mismas sociedades.
Los Alcázares
La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.
El arquitecto municipal está siendo investigado por su presunta relación con la empresa redactora del proyecto del hotel, fundada por este técnico en 1998 y dirigida en la actualidad por un hermano suyo.
En la primera fase de la "Operación Malaya", la policía intervino además en esta localidad costera la explotación agrícola en la finca "La Loma" de Juan Antonio Roca, donde se descubrió un "zulo" con 200.000 euros así como varias obras de arte entre ellos un Miró en el cuarto de baño.
El alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, diputado de la Asamblea Regional por el PSOE, renunció al cargo el pasado mes de septiembre, alegando cuestiones familiares.
Villanueva del Río Segura
El Juzgado número 3 de Cieza tramita diligencias tras la querella criminal presentada por Ecologistas en Acción contra el alcalde de Villanueva del Río Segura, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y los tres concejales del equipo de gobierno, por "otorgar licencia ilegal a sabiendas y un delito tipificado en la Ley del Suelo", al otorgar licencia para construir en zona de dominio público hidráulico del río Segura.
Estas presuntas actuaciones ilegales se habrían producido en las obras de urbanización "Spa Valley" situadas en el paraje de La Morra", donde se construyen en una primera fase 236 apartamentos.
Cieza
La Fiscalía abrió el pasado mayo diligencias a raíz de una denuncia de IU de Cieza por los presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documento público en un convenio urbanístico por el que se recalifican 270 hectáreas en el paraje de Benís, que pasan de terreno rústico a urbanizable sectorizado para 5.000 viviendas y un campo de golf.
Según denuncia IU, 230 hectáreas recalificadas son propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Cieza, quien a su vez es nuera del alcalde, Antonio Tamayo, del PP, y votó en pleno la recalificación.
NAVARRA
Valle de Egüés
El ex alcalde del Valle de Egüés, José Ignacio Galipienzo (regidor desde 1999 a 2003 por UPN de la que posteriormente se dio de baja), está procesado, junto a otras nueve personas, como presunto autor de los delitos de prevaricación y cohecho cometidos por autorizar la construcción de un aparthotel en una urbanización de lujo en Gorraiz cuyos terrenos estaban destinados para la construcción de un colegio.
Supuestamente Galipienzo, al que se le imputan otras irregularidades urbanísticas detectadas durante su gestión, habría cobrado a través de una de sus empresas 23 millones de pesetas (138.200 euros).
LA RIOJA
Lardero
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha ordenado el derribo de dos edificios, uno de 43 viviendas y otro de algo más de 30, promovidas por una sociedad participada por el alcalde, Pedro Vallejo (PP).
El Ayuntamiento ha recurrido las sentencias, pero los tribunales lo han desestimado. El alcalde ha dicho que no va a derribar los edificios.
En este municipio actualmente se está tramitando su nuevo plan general de urbanismo, que aumentará en 5,17 millones de metros cuadrados la superficie urbanizable, lo que permitirá levantar viviendas para 20.000 personas, frente a las 6.500 actuales.
Santurde
El alcalde, Jesús Montoya (PP), declaró el pasado mes de mayo como imputado ante un Juzgado de Haro por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y abuso en el ejercicio de una función pública.
La Fiscalía de La Rioja le acusa de comprar una parcela dotacional de 7.300 metros cuadrados para levantar diez viviendas unifamiliares y 37 pisos y apartamentos.
Briñas
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha determinado que el Gobierno regional se haga cargo de las competencias urbanísticas del municipio, gobernado por el socialista Roberto Salinas. En el año 2000 un particular denunció al Ayuntamiento por conceder una licencia, que vulneraba la normativa urbanística, para construir una bodega.
COMUNIDAD VALENCIANA
Orihuela (Alicante)
El alcalde, José Manuel Medina (PP), está imputado por el Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad de la comarca de la Vega Baja por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Está acusado de disfrutar de bienes como vehículos de lujo y un chalé propiedad de promotores que fueron beneficiados con la adjudicación de planes urbanísticos.
Entre éstos destacan los de Tierras Nuevas I y II, unos 800.000 metros cuadrados que fueron recalificados el 29 de septiembre del pasado año por el Ayuntamiento para permitir la construcción de unas 4.200 viviendas.
Además, los Juzgados de Orihuela investigan otras quince causas de supuestas irregularidades urbanísticas y contables en el Consistorio por los que están denunciados cuatro concejales del PP, varios empresarios y tres asesores municipales.
Medina ha anunciado que descarta volver a presentarse como candidato en las próximas elecciones.
Torrevieja (Alicante)
El alcalde, Pedro Angel Hernández Mateo (PP), está imputado por el Juzgado de Instrucción 4 de esta ciudad por delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en relación a la compra y venta de tres fincas rústicas en Almoradí -municipio de la Vega Baja también gobernados por el PP- que le reportaron, tras su recalificación y venta, más de 5 millones de euros de beneficios.
La denuncia fue interpuesta por Esquerra Unida y el fiscal anticorrupción de Alicante ha asumido la acusación pública en la causa, que se encuentra en fase de instrucción judicial.
Alicante
El Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha imputado al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), por la adjudicación municipal de la construcción y gestión de tres aparcamientos públicos subterráneos al empresario Enrique Ortiz.
El primer edil y dos concejales de su equipo de gobierno están acusados de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación, falsedad, tráfico de influencias y apropiación indebida por modificar el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y el promotor para favorecer a éste.
La investigación realizada hasta ahora por el fiscal Anticorrupción de Alicante cifra en, al menos, 2.268.060 euros el perjuicio económico para las arcas municipales como consecuencia de estas modificaciones en el contrato.
El Juzgado ha citado a declarar a los denunciados como imputados. El alcalde, que optará a la reelección, lo hará el próximo 15 de diciembre.
Catral (Alicante)
El Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela sobreseyó provisionalmente el pasado 27 de septiembre la investigación que seguía contra el alcalde, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), y su equipo de gobierno, por permitir la edificación ilegal de viviendas en la huerta del municipio, cifradas en más de 1.200. La decisión judicial está recurrida.
La investigación trataba de determinar si el alcalde y los concejales socialistas cometieron un delito de prevaricación al conceder licencias de construcción, en ocasiones contra informes desfavorables del arquitecto y el secretario municipales, para "refugios de labor, obra menor, vallado o almacén agrícola" en la huerta de Catral que en realidad servían para erigir bungalós y edificaciones en serie.
La Generalitat Valenciana asumió las competencias urbanísticas de Catral el pasado 3 de octubre ante "la relajación del Ayuntamiento" frente a la "proliferación exagerada de viviendas ilegales en suelo no urbanizable y suelo protegido", según anunció el conseller de Territorio y Vivienda, Estebal González Pons.
Zarra (Valencia)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) presentó el pasado mes de enero una denuncia en los Juzgados de Requena contra el alcalde de Zarra (Valencia), el socialista Juan José Rubio, y tres concejales del PSPV-PSOE por delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude y estafa en la compraventa de inmuebles realizadas por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra SL y por la Mercantil Telyzan SL.
El escrito de denuncia determina que existen indicios racionales de que la adquisición de varios solares por parte de Telyzan fue una "operación urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra (al desprenderse de unos bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido) y beneficiar directamente al hijo del alcalde".
El PSPV-PSOE mantiene la suspensión cautelar de militancia del alcalde y los tres concejales mientras se resuelve el caso.

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