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El Gobierno propone un código de sociedades que limita al presidente y aúpa a independientes

Actualizado 06/11/2002 - 01:20:19
Rodrigo Rato, vicepresidente y ministro de Economía, y José María Michavila, ministro de Justicia, presentarán hoy un «Código de Sociedades Mercantiles», elaborado por la Comisión General de Codificación, en el que se establecen toda una serie de pautas de obligado cumplimiento para las sociedades mercantiles. Fuentes conocedoras del contenido de dicho código aseguran que, al convertir en ley aspectos que hasta ahora eran recomendaciones, el Gobierno pasa de establecer cautelas a una sobrerregulación, que es consecuencia del miedo generado por el «caso Enron».
Dicho código, elaborado a petición del Ministerio de Justicia, establece un catálogo de medidas para las sociedades mercantiles, cuyo contenido deberá ser contrastado con el que está elaborando la Comisión Aldama, creada por el Ministerio de Economía, sobre todo en cuanto a las sociedades que cotizan en Bolsa.
El código que presentan hoy Rato y Michavila establece toda una serie de requisitos que hasta ahora formaban parte de la potestad de autoorganización de cada sociedad, que se marcaban en los estatutos de la propia compañía. En líneas generales, este código quita poderes a los presidentes de las compañías y refuerza en potestades y número a los denominados consejeros independientes.
Más independientes
Así, se establece que el presidente de la sociedad no podrá presidir las juntas de accionistas, que serán presididas por un consejero independiente. Además, el presidente del consejo de administración de la sociedad no podrá tampoco presidir la comisión ejecutiva del consejo, ni podrá tener facultades delegadas por dicho consejo. Esta serie de medidas configuran una presidencia de la sociedad no ejecutiva, algo que no está en la tradición de las empresas españolas, sí en corporaciones de otros países, como Estados Unidos.
A la vez, marca la composición de los consejos de administración, de manera que estos estarán integrados por un mínimo de 5 consejeros y un máximo de 15, número que superan un buen números de sociedades. De estos consejeros, al menos una tercera parte tendrán que ser independientes.
Se da la curiosa circunstancia de que las nuevas propuestas de códigos de buen gobierno arrancan de la crisis generada por el caso Enron, compañía en la que todos sus consejeros eran independientes. Por tanto, la consideración de independiente no parece que sea ninguna garantía, como recientemente recordaba en Madrid, Richard Breeden, ex presidente de la SEC (la CNMV de Estados Unidos), y nuevo consejero del BBVA.
La definición de independiente, además de personalidad de reconocido prestigio, hace referencia a consideraciones como que no haya trabajado en la empresa, que no sea accionista o que no haya tenido relaciones comerciales con ella.
Este código entra en cuestiones menores, como cuántas veces se debe reunir el consejo de administración, que queda establecido en una vez al mes. También limita la edad máxima para ser consejero, que queda establecida en 70 años, la misma que se señala en la Ley Financiera para las cajas de ahorros, con la diferencia de que en ese caso lo establece como norma general, pendiente de que cada comunidad autónoma, que son competentes en materias de cajas, legisle y establezca un límite diferente o simplemente elimine el límite.
Refuerza a la CNMV
Otras de las cuestiones más llamativas es el reforzamiento de competencias de la CNMV. La Comisión de Valores - cuyo presidente, Blas Calzada, dijo recientemente que aún le queda «mucho prestigio por ganar», por el desgaste de casos como el de Gescartera- tendrá potestades, en determinados supuestos, para convocar la junta de accionistas de una sociedad, así como para suspender e impugnar los acuerdos tomados en la misma.
Estas potestades otorgan a un órgano de supervisión de los mercados de valores poderes que hasta ahora correspondían, además de a los administradores de la compañía, a los jueces, a quienes pueden recurrir los accionistas en caso de que sus derechos sean lesionados.
Las fuentes consultadas señalan que regulaciones de este tipo, además de consagrar la intervención en lo que hasta ahora eran competencias de la propia sociedad, que se las fijaban a través de sus estatutos, establece un mismo marco normativo para sociedades que, aún teniendo en común que cotizan en Bolsa, tienen configuraciones muy diferentes.
Así, esta normativa sería de igual aplicación para Zara/Inditex, cuyo accionista principal, Amancio Ortega, tiene el 59% del capital de la sociedad, que para Zeltia, en la que José María Fernández-Sousa, tiene un 15%. Además, de las enormes diferencias de tamaño, riesgo y contenido.
La principal crítica que señalan los expertos hace referencia a la distancia que hay entre el criterio con que ha elaborado esta código y el que hay detrás del resto de la legislación española en materia de responsabilidad civil y penal de los administradores.
Así, en la cultura jurídica y empresarial española está la tradición de que el responsable último de las ilegalidades cometidas por una sociedad es el presidente. Ese es el criterio que ha llevado a que en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander la jueza haya imputado a Emilio Botín. Sin embargo, este código deja a los presidentes casi en funciones de representación pública, que no de gestión (no puede presidir la comisión ejecutiva) o societaria (no puede presidir la junta de accionistas).
Al mismo tiempo, en la legislación española está consagrado el principio de responsabilidad solidaria o colegiada dentro de los consejos de administración. En cambio, este código apunta a una división entre consejeros independientes, que no entienden de la gestión de la sociedad, sino que se dedicarían a tareas de supervisión de la misma.
Texto para el debate
Los expertos consultados aseguran que el problema de fondo está en que este código importa prácticas consagradas en el mundo empresarial anglosajón a un país que tiene una tradición societaria muy diferente.
En España, la legislación mercantil contempla una autorregulación de las propias empresas, que se concreta a través de sus estatutos, lo que no exime a los consejos de administración de fuertes responsabilidades ante cualquier infracción.
El Código de Sociedades Mercantiles que se presenta hoy se plantea, en principio, con un texto de punto de partida para su discusión entre los expertos en derecho mercantil, de tal manera que se considera que será modificado en algunos de sus extremos.
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