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¿Cambio radical del sistema jurídico español?

Actualizado 06/07/2002 - 01:00:40
ENTRE las noticias que se avanzan sobre los proyectos que va a desarrollar el Pacto para la Justicia de los dos grandes partidos políticos hay una que juzgo verdaderamente preocupante. Se pretende hacer, según parece, un cambio sustancial del sistema jurídico español, que pasaría de fundarse, como prescribe el Preámbulo de la Constitución, en «el imperio de la Ley como expresión de la voluntad general», a ser un orden jurídico gobernado por la jurisprudencia de un grupo de altos jueces, los que componen el Tribunal Supremo. Para ello se declararía que la jurisprudencia de éste sea rigurosamente vinculante para todos los demás jueces y tribunales. También la Constitución dice algo bastante diferente, art. 117.1, como principio básico del sistema, que la independencia de los jueces y magistrados supone que éstos estén «sometidos únicamente al imperio de la Ley». La jurisprudencia no ha sido nunca en España fuente directa del Derecho, como precisa el art. 1º del Código Civil, en su primer apartado.
Lo más notable es que el formidable cambio que, al parecer, pretende implantarse está enteramente basado en una idea concreta, y más que discutible, sobre el papel del Tribunal Supremo. De nuevo se buscará en vano en la Constitución el intento de hacer del Tribunal Supremo lo que, con toda explicitud, se pretende: el definidor último del Derecho aplicable. El art. 123 se limita a decir que «el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales». No dice que sea el que defina, en su alcance preciso, el Derecho que ha de vincular a todos los jueces y tribunales y, por tanto, a todos los españoles. Más bien parece inferirse lo contrario del art. 118: «Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales», lo que se refiere a quienes han sido parte en los procesos respectivos; no se dice que tal obligación alcance también a los terceros, que resultarían vinculados por la doctrina de tales sentencias. La facultad de crear Derecho se reserva en el art. 66 a las Cortes Generales, «representantes del pueblo español»; en parte alguna, ni por mera alusión indirecta, se atribuye esa función suprema a los jueces.
Por lo demás, en el panorama del Derecho comparado el modelo está perfectamente identificado por teóricos y juristas: es el sistema común a los Estados europeos continentales. Sólo los países del common Law, Inglaterra, Estados Unidos y los Estados que fueron antes colonias inglesas, difieren de ese canon y reconocen el papel creador de Derecho objetivo de sus tribunales, por encima de la resolución de los conflictos concretos propios de cada proceso.
¿Es que se pretende cambiar radicalmente nuestro sistema para situarnos, por un sorprendente acto de voluntad, en el anglosajón? ¿Puede hacer algo tan trascendental una simple ley, aun orgánica? Pocos cambios normativos justificarían más una obligada remisión al poder constituyente.
Pero resulta que idea tan notable tiene un origen mucho más modesto: se trata, al parecer, de justificar que la jurisdicción del Tribunal Supremo llegue a ser una jurisdicción facultativa y no preceptiva, gobernada por la decisión soberana de sus Salas para determinar cuál de los recursos que llegan a ellas tiene o no «interés casacional», interés orientado únicamente por su capacidad para dar lugar a esa «doctrina legal» erigida en fuente del Derecho (No ignoro que esta idea está preparada ya en la reciente ley de Enjuiciamiento Civil, que aún parece inaplicada).
De nuevo es el modelo anglosajón el que se tiene a la vista. Sólo los órganos judiciales supremos (no formados por jueces «de carrera») tienen en Gran Bretaña y en Estados Unidos esa facultad selectiva de casos, a la que se conoce con el nombre histórico de certiorary (en origen una potestas avocandi del King´s Bench premoderno). En virtud de esa facultad, la Cámara de los Lores dicta al año apenas un centenar de sentencias y la Corte Suprema de los Estados Unidos (nueve jueces con competencia universal) unas ciento cincuenta. Pero es que eso ocurre precisamente porque son órganos de creación del Derecho, cuya doctrina se impone a todos los órganos inferiores en virtud del principio de stare decisis (principio, por cierto, lleno de matices en su aplicación, con una casuística que aquí desconocemos, dada la tradición de la vinculación exclusiva del juez a la ley).
Debo decir que el modelo que, por simples razones prácticas, según parece, intenta establecerse resulta escasamente prometedor para los juristas españoles y me atrevo a decir que también para sus ciudadanos. Investir de potestad creadora de Derecho objetivo, vinculante para todos, a unas docenas de jueces, resulta más bien preocupante. Nuestro respeto más sincero por los magistrados del Tribunal Supremo, que hacen, en general, una labor encomiable. Pero todas mis reservas respecto a su instauración como legisladores generales. Llanamente dicho, me siento bastante más tranquilo con el monopolio legislativo atribuido a las Cortes Generales, cuyos miembros son designados por el pueblo y son responsables de sus políticas, sistemáticas, discutidas públicamente y negociadas.
Diré más: si lo que en el fondo se estuviera pretendiendo, con un precio exorbitante, es reducir el número de recursos de casación que hoy inundan las Salas del Tribunal Supremo, me intranquilizaría menos, sin vacilar, que se introdujese cualquier género de limitación convencional, incluso el simple sorteo, me atrevo a decir, para determinar los recursos que merecen ser resueltos, frente al modelo con que, según parece, se está trabajando, de un cambio radical y absoluto en las esencias mismas del sistema jurídico. Mientras el art. 24 de la Constitución siga en vigor, la justicia es un derecho de los ciudadanos a que se decidan sus pretensiones mediante el Derecho, no un atributo personal de nadie, como era una potestad regia en el Antiguo Régimen y que ahora sería, sorprendentemente, la coronación final de una carrera funcionarial.
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